‘El 50 por ciento de la población afro del país es victimizada’

‘El 50 por ciento de la población afro del país es victimizada’

Santiago Arboleda, experto en migración de comunidades afros, presenta una imagen real del racismo.

Paro Buenaventura

Para atacar la discriminación, dice Arboleda, se requiere que haya más equidad en la distribución de recursos.

Foto:

JOAQUÍN SARMIENTO / AFP

18 de septiembre 2018 , 10:15 p.m.

El investigador colombiano Santiago Arboleda es reconocido a nivel mundial como uno de los pensadores afrocolombianos más importantes en temas de los efectos del racismo en el destierro y su afectación al medioambiente.

El experto, que en la actualidad es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar (sede Ecuador) y estuvo en Colombia dictando una conferencia en la Universidad Central, habló con EL TIEMPO sobre los procesos de reparación de las comunidades afros, de la discriminación racial que persiste en el país y del acuerdo de paz con las Farc.

¿Cuál es la situación de los afrodescendientes en Colombia?

Durante los últimos 20 años, la guerra se concentró en las comunidades del sur, principalmente de población afro: Cauca, Nariño y Chocó, y en las comunidades indígenas. En los últimos 15 años se acentuaron las masacres y los destierros internos y de refugiados, y se aceleraron el reclutamiento de menores, las violaciones de niñas y mujeres y los daños ambientales. La destrucción de la naturaleza causó daños irreparables en las comunidades, en su desarrollo y en las prácticas amigables con el ambiente que habían permitido mostrar a Colombia.

La magnitud de las matanzas, incluso de líderes de los resguardos y cabildos, y de líderes sociales en general, demuestran que estamos frente a un genocidio. Se trata de crímenes políticos muy graves

La magnitud de las matanzas, incluso de líderes de los resguardos y cabildos, y de líderes sociales en general, demuestran que estamos frente a un genocidio. Se trata de crímenes políticos muy graves.

¿Después del acuerdo de paz con la guerrilla se redujo la violencia contra esta población?

Después de la firma del acuerdo de paz, esa situación se frenó por un año; no se suspendió totalmente, pero bajaron los índices. Sin embargo, ya vamos para dos años de la firma del acuerdo, y lo que vemos es que la guerra se intensificó en toda la costa nariñense.

Después del acuerdo, tras ganar el ‘No’ en el plebiscito, la disputa territorial se ha agudizado en estas comunidades. En la población afro, en Tumaco y toda la costa nariñense está concentrada la guerra. Los refugiados de Buenaventura y la costa Pacífica vallecaucana y nariñense que llegan a Ecuador se incrementaron; se disparó ese número, y la crueldad se intensificó. No ha parado, y hasta ahora no vemos actos reales del Gobierno Nacional para frenar esto.

¿La violencia tiene relación con el color de la piel?

Sí, claro, y esto incluye a los indígenas, porque se da en las regiones donde está concentrada la mayoría de la población afro e indígena. Por ejemplo, en la zona del Pacífico, el Caribe, La Guajira –donde hay presencia afro-wayú–, en el Magdalena y en el nordeste antioqueño. El conflicto armado los expulsó de sus territorios históricos, donde estuvieron hasta avanzado el siglo XX, y por eso se ve el incremento de comunidad afro en las capitales. Entran en la categoría de desplazados, les quitaron todo y están en la condición de mendicidad por ser afrocolombianos. Los asesinan para atemorizar y desterrar a los que quedan vivos.

Hay una exclusión estructural y marginación crónica ligadas al racismo estructural histórico. El desarrollo y la oferta en necesidades básicas están concentrados en regiones como la Andina y no en la geografía donde están los grupos étnicos o razas. No es un problema de ausencia de tecnología ni de recursos económicos. El hecho de que no haya universidades ni agua potable es vergonzoso para un país que tiene unos niveles de corrupción tan altos.

¿Se puede decir que en Colombia es tan grave el racismo?
Claro, aunque está cambiando. Esas comunidades, en vez de una solución a su problemática, se han encontrado con una respuesta militar. Está surgiendo lo peor de la violencia en el país. Cuando la población afro o indígena tiene alguna representación, esta es minoritaria.

¿A qué se debe?
Les ponen trabas para acceder a cargos de elección popular. Hay estudios que lo han demostrado.

¿Entre las personas del común también hay racismo?
En los niveles bajos se expresa de menor manera. El racismo lo pueden ejercer de manera directa quienes tienen poder de posición en la economía, en la cultura, en la academia o en la política. Lo que vemos en los estamentos sociales donde no hay ese poder son prácticas de discriminación racial derivadas del racismo. Por ejemplo, todas las prevenciones y los prejuicios en los sectores populares con que se encuentran los afros para que les alquilen una casa. Son comunes expresiones como ‘aquí no les alquilamos a negros’.

¿Qué tanto ha avanzado la legislación para las comunidades afros?
Hay una legislación importante, la dificultad está en ponerla en práctica. El decreto ley 4635, para comunidades afros y reparaciones colectivas, es complementario de la ley de víctimas para comenzar a incluir el enfoque diferencial. Uno lee el decreto, y es bueno, apacible, pero en el balance que se hizo este año da pena, pues no se ha avanzado. La Unidad de Víctimas no tiene avances, los estados financieros del fondo constatan cierta burla.

La unidad siempre dice que no hay dinero; está la legislación, pero no el dinero para ponerlo en práctica. Lo que sí hay es una muy buena retórica para dilatar o socavar los derechos

La unidad siempre dice que no hay dinero; está la legislación, pero no el dinero para ponerlo en práctica. Lo que sí hay es una muy buena retórica para dilatar o socavar los derechos.

Es decir, antes de crear nuevas leyes hay que aplicar primero las que ya están...
Claro, la ley de los afros es lamentable porque pone esta sociedad en riesgo. Según algunas investigaciones, en Colombia hay 8 millones de víctimas del conflicto, de las cuales dos millones serían afrocolombianos. Y si fuera cierta la cifra, estamos reconociendo que el 50 por ciento de la población afro del país es victimizada. Eso constituye el etnocidio, genocidio y ecocidio más grande de las Américas.

Si comparamos con Brasil y Estados Unidos, el nivel de afectación no llega a ser del 50 por ciento. La mayor población de afros de las Américas está en Brasil, allí son el 57 por ciento de la población; luego está la afronorteamericana, que son 30,7 millones, y la tercera es la colombiana, que para 2005 representaba el 10 por ciento, es decir, más de 4 millones.

Son grupos locales que están a punto de extinguirse. La historia de la guerra en Colombia ha sido la historia de los pueblos fantasmas apartados.
Muchas veces se siente más el avance en los procesos de reparación por la voluntad internacional y no por la del Estado.

¿A qué se refiere cuando habla del ecocidio y etnocidio más grande de las Américas?
Ecocidio es un daño al medioambiente generado, por ejemplo, por la minería ilegal, la fumigación y la aspersión con glifosato; eso ha envenenado todas las áreas. Además de que no sabemos de las repercusiones que puedan tener en las generaciones siguientes.

En los ríos, la gente no se puede bañar, y han nacido niños con malformaciones; esa es la destrucción de la base de la vida. Y el etnocidio es la destrucción cultural, que era la base para mantener los ecosistemas saludables y los conocimientos que la gente desarrolló históricamente para no ser agresivos con el medioambiente.

¿Las comunidades afros se han sentido reparadas en procesos como Justicia y Paz?
No, no nos hemos sentido reparados. La Comisión de la Verdad hasta ahora se instauró, y se están creando equipos técnicos; hay versiones fragmentadas, pero no una consolidación de las verdades que deben aparecer ni tampoco de las de los distintos sectores que han participado en esa guerra, incluido el Estado. Tenemos que mirar las mutuas responsabilidades, los vínculos entre el Estado y paramilitares son cada vez más claros. Tenemos que ir avanzando en la construcción de esas verdades.

¿Estaremos dispuestos a aceptar que el Estado actuó de manera premeditada para hacer daño a las comunidades más vulnerables? Porque eso fue el Plan Colombia. Esperamos que la Comisión de la Verdad permita los niveles de reparación que esperamos. Y en justicia, tampoco: Justicia y Paz está apenas organizándose, y se le han dado 15 años a ver si logramos niveles aceptables de justicia, porque sabemos que la impunidad será alta, lo que debemos prever es que sea lo menor posible.

¿Qué falta para acabar con la discriminación racial?

Lo primero son principios de igualdad y equidad en la distribución de recursos en el país, redistribución en igualdad de condiciones y un reordenamiento en el país que supere la desigualdad; eso desde un punto de partida material. Luego tendría que venir una reorganización de la totalidad del sistema educativo, desde preescolar hasta la educación superior.

Si uno va a Putumayo, ve que no hay universidades, ¿qué universidades públicas importantes hay en Tumaco? La Universidad del Pacífico nunca ha funcionado, y la de Nariño es una cosa precaria. En Barbacoas no hay nada. Hay que democratizar un currículo incluyente para las comunidades afros. Todo está relacionado.

JUSTICIA
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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