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Investigación

EE. UU. indaga por qué Odebrecht no habló de los hallazgos de Pizano

Odebrecht incumplió 442 compromisos de la licencia ambiental que se le dio para construir la Ruta del Sol.

Odebrecht incumplió 442 compromisos de la licencia ambiental que se le dio para construir la Ruta del Sol.

Foto:Rodrigo Paiva / Reuters

La firma habría incumplido su compromiso de contar toda la verdad a la justicia estadounidense.

Unidad Investigativa
Los coletazos por la muerte de Jorge Enrique Pizano y los audios sobre los hallazgos que hizo en la Concesión Ruta del Sol II como su ‘controller’, volvieron a golpear a Odebrecht, que creía conjurado el escándalo por la repartija de contratos. De hecho, sus voceros ya estaban hablando de un inminente arreglo de indemnización con Colombia para empezar a contratar de nuevo con el Estado.
Pero EL TIEMPO estableció que tras las revelaciones de audios y correos en los que queda en evidencia que la brasileña no le contó a la justicia toda la verdad sobre el pago de coimas en Colombia, sus directivos le están preparando una respuesta al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al FBI.
En efecto, en el documento que firmaron a finales de 2016, cuando juraron decir toda la verdad sobre los sobornos y pagarles a los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Brasil una multa de 2.600 millones de dólares, omitieron la información sobre los contratos detectados por el ‘controller’, al que Corficolombiana, socio minoritario de la Ruta del Sol II, postuló para ese cargo.
Y si bien después de la muerte de Pizano los brasileños emitieron un rápido comunicado en el que advertían que las investigaciones en Colombia se iniciaron por una denuncia de sus exfuncionarios –que llevó a la cárcel a varias personas, incluidos el exviceministro Gabriel García y el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo–, ahora ajustan su versión.

La nueva versión

Fuentes cercanas a la multinacional le aseguraron a EL TIEMPO que este fin de semana llegará al país Félix Martins, nuevo presidente de Odebrecht en Colombia, para empaparse de la información que dejó Pizano y afinar sus explicaciones ante Estados Unidos.
Todo indica que la carta que se van jugar es la de justificar la omisión diciendo que si bien hubo irregularidades en esos contratos y que ellos actuaron a espaldas de sus socios, luego llegaron a un acuerdo transaccional privado para saldar el faltante de cerca de 33.000 millones de pesos.
“Además, contemplarían reforzar su tesis con el argumento de que el acuerdo, firmado el 11 de marzo de 2016, contó con el visto bueno de los abogados de Corficolombiana, entre quienes se contaba el ahora fiscal general, Néstor Humberto Martínez”, afirmó la fuente cercana a al caso.
Ese arreglo se protocolizó tras la exigencia de explicaciones de Corficolombiana a su socio brasileño y luego de que este aseguró que el dinero no fue destinado para cometer delitos. Al respecto, la firma colombiana dijo hace 10 días en un comunicado: “Rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar que Grupo Aval conoció, antes de diciembre 21 del año 2016, que Odebrecht había efectuado pagos de sobornos para obtener los mencionados contratos”.
También se revisará el principio de oportunidad que se venía cocinando entre la Fiscalía y exdirectivos de Odebrecht, el cual contemplaba el pago de cerca de 106.000 millones de pesos como indemnización al país a cambio de eximirlos de prisión y de reconocerles su colaboración.
Pero dicho acuerdo quedó en el congelador luego de que la Contraloría General y la Procuraduría manifestaron que no renunciarían a investigar a Odebrecht.
Y ahora, de continuarse con el trámite del beneficio judicial, su negociación quedaría a cargo del nuevo fiscal ad hoc que se está abriendo paso para el caso Odebrecht por presión de varios sectores y solicitud del propio fiscal Martínez, tras la revelación de los audios, por parte de Noticias Uno y El Espectador, en los que consta que Pizano le informó de las irregularidades encontradas desde el 2015.
Actualmente, el caso está en manos de la vicefiscal María Paulina Riveros, designada por Martínez. Pero, el próximo jueves, la Sala Plena de la Corte Suprema decidirá si acoge una nueva tesis según la cual el fiscal ‘ad hoc’ se elija de una terna conformada por el Presidente.

Ultimátum a Odebrecht

Semanas antes de morir, Pizano ya había buscado contacto con agentes del FBI para entregarles sus hallazgos, cita que se frustró por su muerte.
Pero el interés y la injerencia de Estados Unidos en el caso también quedaron en evidencia esta semana tras conocerse dos cartas enviadas por Kevin Whitaker, embajador de ese país en Colombia.
En una de ellas, del 17 de septiembre, le pide a la Fiscalía “una actualización en la postura investigativa, jurídica y procesal del caso” de Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Andrade, ciudadano estadounidense, pidió que se supervisara el caso bajo el argumento de que no se le están dando las garantías procesales que dicta la ley.
Al respecto, Amparo Cerón, fiscal del caso, respondió que un juez fue quien le impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad y que dentro del caso Andrade ha contado con un abogado y con la asistencia del Ministerio Público. Y agregó que no se han registrado ni falsedades ni interceptaciones ilegales a los teléfonos.
En todo caso, Andrade señaló que su vida y la de su familia podrían estar en riesgo luego de que detectó movimientos atípicos alrededor de su casa, en donde cumple detención domiciliaria. Por eso, Whitaker también le envió al director del Inpec una carta en la que le pide que dé garantías de seguridad a Andrade y a su entorno.
Y mientras Estados Unidos evalúa la nueva situación de Odebrecht, las puertas de la contratación en Colombia se le están cerrando a la brasileña. En efecto, a mitad de semana, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, pidieron que se les impusiera una inhabilidad hasta por 20 años para contratar en Colombia.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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