A una pena de más de 15 años de cárcel quedó expuesto el gobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, por su presunta participación en el saqueo de las finanzas del departamento que se inició durante la administración de su antecesor, el cuestionado exgobernador Alejandro Lyons Muskus.
La tesis de la Fiscalía es que hubo un acuerdo para que durante la administración de Besaile Fayad, hermano del capturado senador Musa Besaile, se mantuvieran los pagos irregulares de contratos de atención a enfermos de hemofilia que habían sido firmados durante el mandato de Lyons.
El ente investigador considera que los hermanos Besaile Fayad, Lyons Muskus y otros funcionarios y particulares se pusieron de acuerdo “con la finalidad de cometer delitos indeterminados contra la administración pública”.
En la investigación está documentado el pago de 1.525 millones de pesos que hizo la actual Gobernación a la IPS San José de la Sabana el 23 de mayo del 2016, menos de cinco meses después de que asumiera el cargo Edwin Besaile. Entre 2013 y 2015, durante la administración de Lyons Muskus, esa IPS hizo cobros por la atención de supuestos pacientes de hemofilia por más de cinco mil millones de pesos.
El caso ya tiene un capítulo fiscal en la Contraloría, en donde hay una investigación contra Besaile por hacer el pago a pesar de que para ese momento “ya era de conocimiento público la trama de corrupción que se había montado y que dicha empresa había aparecido involucrada en ese cartel”.
El pago se hizo por una cuenta pendiente por la supuesta atención de 14 pacientes que en el papel aparecen con tratamientos en enero del 2015. Las autoridades documentaron que en realidad esos tratamientos no se prestaron y se cometieron falsedades en los documentos que los justificaron.
En el expediente están las declaraciones de médicos que aparecen firmando las órdenes de tratamiento y que aseguraron que nunca atendieron a esos pacientes. Incluso, algunos de ellos ni siquiera prestaban sus servicios a la IPS que hacía los cobros a la Gobernación de Córdoba.
El representante legal de la IPS, Rubén Darío Guerra Gil, fue capturado en febrero del año pasado y aceptó los cargos de peculado por apropiación, falsedad y concierto para delinquir.
Al gobernador Besaile la Fiscalía le imputará ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá los cargos de concierto para delinquir y peculado. Su situación se podría complicar más pues en este caso aún no se ha valorado el testimonio del exgobernador Lyons Muskus, quien llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para entregar evidencias contra sus socios en el millonario saqueo de los recursos públicos.
Como parte de su colaboración, Lyons ha entregado varias declaraciones y documentos que comprometen a Edwin Besaile y que son valorados por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema.
Lyons Muskus le dijo a la Fiscalía que al gobernador Besaile le entregó plata proveniente de la corrupción y que a su hermano, el senador Musa, le llegaba la mitad de la plata de los contratos irregulares del ‘cartel de la hemofilia’ y de las regalías del departamento. Parte de esa plata habría ido a financiar la campaña a la gobernación en el 2015.
El senador Besaile está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por orden de la Corte Suprema de Justicia, que lo investiga por el pago de dos mil millones de pesos para torcer la investigación que había en su contra en ese mismo tribunal por nexos con paramilitares.
El abogado Andrés Garzón, defensor de Edwin Besaile, aseguró que su cliente no cometió delitos y dijo que tiene evidencias para demostrar su inocencia: “El gobernador evitó el pago de 180.000 millones de pesos del departamento y ha denunciado las irregularidades que ha detectado”, señaló el abogado Garzón. “Confío en la justicia colombiana, frente a la que explicaré la inexistencia de conducta punible alguna de mi parte”, señaló este viernes el mandatario departamental, tras indicar que está “presto a acudir al llamado de la autoridad judicial competente”.
La investigación podría dejar a Córdoba sin gobernador, pues la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento. Los mandatarios de Tolima, Nariño y Norte de Santander también enfrentan procesos en la Fiscalía delegada ante la Corte, pero en esos casos, al menos hasta ahora, las evidencias no son tan contundentes como las que tiene la justicia en contra de Besaile.
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