Un informe de la Contraloría General había advertido hace dos años que Ecopetrol no cumplió con las normas para abandonar el pozo en el sector de Lizama-Nutria, en zona rural de Barrancabermeja (Santander), cuya filtración de crudo mantiene una emergencia ambiental tras 25 días seguidos de derrames que han dejado una mancha de más de 23 kilómetros.
EL TIEMPO conoció el informe que hace parte de la auditoría realizada a Ecopetrol en el 2016 donde se advertía que en el 2015 la petrolera estatal no cumplió con el abandono físico de la totalidad de los pozos señalados en el programa de explotación de ese año, plan enviado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que incluía los que estaban en Lizama-Nutria.
La argumentación que Ecopetrol dio en ese momento, según la Contraloría, es que no tenía el presupuesto para cumplir con esas actividades. “Lo anterior detona falencias en la planeación y gestión de los abandonos de pozos, actividad imprescindible para la conservación ambiental, así como deficiencias en la programación de los recursos financieros de corto plazo para tal propósito”, dice el organismo.
El ente de control fiscal criticó que así como el abandono había sido previamente establecido, “también debieron estar dispuestos los recursos para llevarlo a cabo", "máxime que se contaba con provisión contable suficiente cuyo propósito consiste en garantizar que la industria petrolera resarza los daños causados en su entornos”.
Para la Contraloría era claro que al no tener un plan de abandono esa situación generaba “un riesgo medioambiental por eventuales invasiones de fluidos en superficie o manifestaciones de hidrocarburo en las zonas donde se encuentran ubicados los pozos a abandonar, así como la falta de regeneración de las áreas degradadas con las operaciones petroleras y consecuentemente posibles sanciones por la autoridad competente”.
La Contraloría recordó que una resolución del ministerio de Minas y Energía del 2009 estableció que cuando se haya perforado un pozo que resulte seco o que por problemas mecánicos se deba abandonar “será taponado y desmantelado inmediatamente”. Esta norma que no fue cumplida por Ecopetrol, por lo que la irregularidad fue enviada desde el 2016 a la autoridad ambiental.
Ese mismo procedimiento se debe tomar cuando un pozo permanece inactivo por más de seis meses sin una justificación. Para ello, las petroleras también están obligadas, al inicio de la explotación, a presentar un programa de abandono para cada área contratada, plan que debe ser actualizado con un informe técnico anual.
En el caso de Ecopetrol, la petrolera estatal tiene una guía de abandono de pozos del 2014 que dispone condiciones generales como “cumplir con requerimientos para la protección de los acuíferos de agua dulce de la contaminación por migración de fluidos”.
Lo más preocupante es que esa auditoría del 2016 también detectó los mismos problemas en otros pozos. Por ejemplo, en el convenio Magdalena Medio-Activos Llanito, pese a que el campo de San Silvestre se encontraba en proceso de abandono debido a su estado avanzado de agotamiento, tampoco quedó programado el plan para dejarlo.
Y en el convenio Magdalena-Medio-Activos GIR, en Casabe y Yariquí-Cantagallo, se programó el abandono de 15 pozos y el reabandono de 20, así como la recuperación ambiental de 10 piscinas y 20 locaciones, sin embargo, sólo cumplió con el abandono de 4 pozos y no hizo ninguna recuperación ambiental.
En la auditoría que la Contraloría le hizo a Ecopetrol en el 2017 encontró también una situación irregular con el abandono de pozos en las áreas sur, noroccidente y en Orito en Putumayo en por lo menos 17 de ellos que se encontraban “en estado de inactividad por diferentes situaciones técnicas, sin que a la fecha se haya resuelto su destinación final”.
En esa zona la Contraloría advirtió que había pozos que llevaban incluso 10 años de suspensión sin que se tomaran medidas. Por ejemplo, en los pozos Orito 33, 56 y 58 la Contraloría detectó que los documentos que Ecopetrol dio sobre esas locaciones estaban vencidos.
Lo mismo ocurre con el Pozo Casabe 1025 que operó en 1986 y según Ecopetrol fue abandonado en 2005 mediante operaciones que la petrolera llamó “abandono no convencional”. Según la Contraloría ese criterio de dejación de un pozo “no está establecido en las normas colombianas”. Aunque Ecopetrol dijo que lo abandonó en esa fecha, 10 años después volvió a ejecutar el reabandono para el que gastó 364 millones de pesos, lo que no explica si el pozo “ya había sido técnicamente abandonado de forma adecuada”.
Ante la actual catástrofe ambiental, la compañía ha dicho que el daño en el pozo en zona rural de Barrancabermeja, que está inactivo desde el 2006 y por el que se han derramado 600 barriles de crudo en afluentes, se pudo haber generado por la pérdida de revestimiento de los tubulares.
Documentos muestran que Ecopetrol no sólo había sido advertido por la Contraloría de las irregularidades en el abandono del pozo, también conocía el daño que tenía ese campo y que podía generar una grave filtración del hidrocarburo.
El informe que la petrolera entregó sobre la operación de diferentes pozos en febrero del 2017 dice que el Pozo Lisama 158 -del campo Lizama Profundo- se encuentra “inactivo y a la fecha del presente informe está pendiente de la aprobación de recursos para su intervención”.
En ese informe la empresa decía que se estimaba el regreso de su producción para el tercer trimestre del 2017. Sobre este pozo, además, Ecopetrol dijo en el informe que estaba “en estado de suspensión por problemas mecánicos en el revestimiento”.
MILENA SARRALDE DUQUE
JUSTICIA
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