Es solo cuestión de días para que aterrice en Bogotá un avión de la DEA para llevarse extraditado a un hombre que Washington considera clave para develar los nexos del narcotráfico con el régimen de Maduro.
En efecto, el presidente Iván Duque acaba de firmar una resolución ejecutiva con la que autoriza el envío de Juan José Santiesteban Gómez, responsable del envío de más de 25 toneladas de cocaína a Estados Unidos en narcoaviones.
Según el expediente que la Corte del Distrito Sur de Florida tejió en su contra, este sujeto selló alianzas con narcos colombianos ligados a ‘la Oficina’, las Farc, el Eln y la banda criminal de ‘los Pelusos’.
Pero el interés de la DEA se centra en los nexos de Santiesteban con generales de alto rango cercanos al círculo de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Maduro.
Según su prontuario, las autoridades le siguen la pista desde que se estableció en Miami, tras huir del régimen cubano. Cuando quedó en el radar de agentes antimafia, se desplazó hacia Caracas, donde logró obtener documentos y nacionalidad venezolana.
Con las redes y rutas que consolidó –que salían desde Venezuela cargadas con coca colombiana–, el ‘Cubano’ logró convertirse en el principal proveedor del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. De hecho, en el 2014 se mudó a Colombia para controlar el negocio desde el momento mismo de la producción.
Cuando fue capturado en Medellín, en junio del 2018, se movilizaba en carro blindado con un permiso aparentemente falsificado del Congreso y con identidad colombiana.
Según su expediente, pagó 30 millones de pesos para obtener cédula y pasaporte bajo el nombre de Pedro Antonio Becerra Cárdenas y, con la fachada de ser un próspero comerciante, se instaló en un exclusivo edificio del barrio El Poblado, donde también vivían empresarios y políticos antioqueños de renombre.
Desde allí entabló alianzas con ‘la Oficina’ y contactos con disidencias de las Farc.
Además, logró llegar hasta el Catatumbo, Norte de Santander, a fin de persuadir al Eln y a ‘los Pelusos’ para que trabajaran con él. Incluso, en Cúcuta se detectaron varias casas de cambio de divisas que estaban bajo su dominio y utilizaba para blanqueo.
El general Jorge Luis Vargas, entonces director de la Dijín, afirmó que, con más de 2.000 millones de pesos, Santiesteban Gómez incluso financió la conformación de las autodenominadas Autodefensas Unidas del Pacífico, además de alistar otra millonaria suma para darles vida a las llamadas Guerrillas Unidas del Pacífico.
A Estados Unidos le interesa, además, lo que contará el mayor (r) Fabián Andrés Leyton Vargas, alias el Flaco, cuya extradición también fue autorizada. El testimonio de este oficial ante la Corte del Distrito Este de Virginia puede ayudar a desmantelar redes vinculadas a mafiosos de los Llanos que envían cocaína a Europa en barcos y en narcojet.
Si bien él mismo dijo en su confesión –revelada en exclusiva por EL TIEMPO el pasado mayo– que nunca había torcido a otros oficiales de la Fuerza Aérea y su accionar se limitó a uniformados de nivel medio de la Policía, Estados Unidos quiere indagar más a fondo e intentar develar hasta dónde se infiltró la banda de testaferros de Daniel el ‘Loco’ Barrera –ya extraditado–, con la cual se alió la red del exoficial, quien se desempeñaba como asesor del Ministerio de Defensa.
La droga con la que Leyton traqueteó pertenecía a un grupo al que llaman ‘los Inversionistas’, el cual es liderado por un hombre que identifican como ‘el amo de Acacías’. De hecho, hay reportes oficiales de que este último ya estuvo preso en el pasado.
Además, en el indictment con el que se oficializó la extradición de Leyton se incluyó un apartado que da cuenta de que, supuestamente, ‘el amo de Acacías’ se refugia en Venezuela y desde allí controla su negocio ilegal. Por eso, la Corte de Virginia quiere que el mayor expulsado hable con celeridad.
Con la firma del presidente Duque en las dos resoluciones de extradición, tanto el capo Satiesteban como el oficial (r) colombiano se exponen a penas que pueden superar los 25 años de cárcel por narcotráfico. Sin embargo, si acceden a colaborar, podrían estar en libertad en menos de 10 años.
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