El caso de secuestro que enreda a reconocido empresario y a un militar

El caso de secuestro que enreda a reconocido empresario y a un militar

Con apoyo de uniformados, un falso juez y un abogado habrían fingido supuesto operativo de desalojo.

Socrates

Al empresario Sócrates de Jesús Valencia Rojas la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en supuesto operativo de desalojo

Foto:

Archivo particular 

Por: Justicia 
07 de septiembre 2018 , 09:10 p.m.

Por los delitos de secuestro simple, concierto para delinquir y cohecho, fueron llevados ante la justicia tres personas, entre ellas el reconocido empresario Sócrates de Jesús Valencia Rojas y el mayor del Ejército Édison Ovalle Romero.

Según la investigación de la Fiscalía, Valencia Rojas, que es un exitoso empresario de la comercialización de productos con el esquema multinivel y que es dueño de un equipo de fútbol en Pereira, habría sido el determinador del secuestro de una mujer y tres menores de edad en medio de un supuesto operativo militar en un predio ubicado en la vereda La independencia en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda.

Investigadores de la Fiscalía señalaron que los hechos se registraron el 17 de diciembre del 2015 en la finca La Conga, adonde llegaron nueve personas, entre ellas siete militares activos y adscritos al batallón de artillería San Mateo de Risaralda, y dos civiles que se hicieron pasar como un abogado y un juez que supuestamente encabezaban una diligencia judicial de desalojo.

En el sitio se encontraba una mujer identificada como Cleofelina Trejos Restrepo, quien denunció los hechos nueve meses después, acompañada por dos niños de nueve y tres años y un bebé de seis meses.

En la denuncia la mujer señaló que una de las personas que llegó al sitio le manifestó que había una orden desalojo y que tenían que hacerla efectiva.

El fiscal del caso dijo durante la imputación de cargos en los juzgados de Paloquemao que incluso las personas que estaban en el sitio fueron intimidadas con las armas de fuego que portaban los uniformados, mientras que se realizaba la destrucción de los cultivos que tenían en el predio que colinda con la propiedad del empresario capturado.

De acuerdo con datos de la Fiscalía, el desplazamiento de los uniformados, bajo el mando del mayor Édison Ovalle Romero, al sitio no tenía como soporte ninguna orden operacional del Ejército y se habría realizado “por favores personales entre los comandantes del batallón y el empresario”.

La investigación se inició por el Gaula de la Policía tras la denuncia de la familia que habría sido retenida, y luego pasó al despacho de un fiscal de Bogotá.

En el marco de la investigación, la Fiscalía estableció que los particulares que hicieron presencia en el sitio eran Gustavo Medina, quien se hizo pasar como abogado y Yéferson Padilla que a su vez fungió como juez. La Fiscalía dijo que se estableció que ellos en realidad no cumplían esos roles y que hicieron parte de una estrategia para intentar justificar su ingreso al predio, en el que se encontraba la familia.

Los capturados no aceptaron los delitos imputados e insistieron en su inocencia. Incluso señalaron que los uniformados no entraron a la finca y que las personas que estaban en el lugar salieron voluntariamente. Añadieron que hay una grabación realizada en el sitio en el que se evidencia que no hubo irregularidades.

JUSTICIA 

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