Los generales Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, condenado a 37 años de cárcel por omisión en la masacre de Mapiripán, y Jesús Armando Arias Cabrales, quien paga 35 años por la retoma del Palacio de Justicia, figuran entre los primeros 63 militares que quedarán en libertad en las próximas semanas gracias a la justicia especial para la paz (JEP).
El jueves, la Secretaría Ejecutiva de la nueva jurisdicción, bajo el mando del magistrado Néstor Raúl Correa, remitió a los jueces de ejecución de penas las órdenes de libertad de los primeros uniformados, que forman parte de una lista inicial de 1.074 que entregó el Ministerio de Defensa. (Video: Entienda cómo funcionará la justicia para la paz).
Según el jefe de esa cartera, Luis Carlos Villegas, los militares (que corresponden a poco más de la mitad de todos los uniformados detenidos en el país: 2.089) ya cumplieron los requisitos de la JEP para obtener la libertad condicionada.
Unos, porque sus delitos son menores y podrían ser beneficiarios de la figura de cesación de procedimiento penal, similar a la amnistía que ya han recibido 136 miembros de las Farc (de los que 12 han recobrado efectivamente la libertad). (Lea también: Diego Palacio, primer uribista que pide pista en la Justicia Especial de Paz).
En los casos de Uscátegui y Arias, los cargos son mucho más graves, y por eso deberán ser objeto de juzgamiento por la JEP. Esto, porque no está entre sus planes reconocer responsabilidad, sino pedir la revisión de condenas por tratarse de casos relacionados con el conflicto. Los dos, sin embargo, cumplen más de cinco años detenidos, y las normas derivadas del proceso de paz señalan que, en tanto hay sentencias de fondo, los procesados pueden recibir el beneficio de libertad condicional. (Además: Human Rights Watch rechaza envío de ‘falsos positivos’ a la JEP).
El viernes, familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia pidieron que Arias no fuera aceptado en la JEP bajo la premisa de que no ha dicho toda la verdad, pues aún hay nueve personas perdidas.
Según el Departamento Jurídico del Ejército, 1.887 de los uniformados presos en el país están procesados o condenados por delitos que guardan relación con el conflicto; es decir, eventualmente podrían extender su solicitud para vincularse al sistema de justicia transicional.
Durante los últimos meses del proceso con las Farc, el Ministerio de Justicia recibió 360 mensajes de militares que expresaron su intención de acogerse a la JEP. Además de Uscátegui y Arias, el general Rito Alejo del Río se ha mostrado dispuesto a atender un llamado de la JEP, sin que esto implique reconocer responsabilidad en el caso que lo tiene condenado en primera instancia.
Por el lado de las Farc, ya hay unos 1.200 guerrilleros que suscribieron con la Secretaría Ejecutiva las actas de compromiso, que son requisito para obtener el beneficio de amnistía. Esto, además de las amnistías de iure ya tramitadas.
Aunque finalmente despegó el sistema para tramitar los beneficios, las libertades de gran número de uniformados y guerrilleros aprobadas por la Secretaría de la JEP solo podrán ser resueltas cuando se levante la asamblea permanente de los jueces de ejecución de penas de Bogotá y el paro en Tunja y Popayán, iniciado el pasado 22 de marzo.
En el caso de Bogotá, los funcionarios decidieron parar la recepción de nuevas solicitudes argumentando que no cuentan con el personal suficiente para dar trámite a la avalancha de procesos que les están llegando por concepto de las amnistías y que se suman a los 56.000 casos que tienen acumulados. En total, en la capital hay 29 jueces para resolver esos procesos.
Por ahora están a la espera de que el Consejo Superior de la Judicatura acuerde cuántos cargos se crearán en los centros de servicios del país con los 5.000 millones de pesos que el Gobierno anunció esta semana para el fortalecimiento de la operación judicial.
JUSTICIA