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Investigación

Dos exdirectivos de Cemex testificarán contra la poderosa cementera

Édgar Ramírez (izq.), imputado por la Fiscalía, se fue del país hace varios meses. Camilo González (der.) tiene detención domiciliaria por este caso.

Édgar Ramírez (izq.), imputado por la Fiscalía, se fue del país hace varios meses. Camilo González (der.) tiene detención domiciliaria por este caso.

Foto:Archivo particular

Édgar Ramírez hablará con el FBI y Camilo González, con la Fiscalía sobre compra de mina.

Unidad Investigativa
Para el 29 de noviembre está programada en Washington una reunión entre agentes del FBI, un alto funcionario de la Fiscalía de Colombia y Édgar Ramírez, el exvicepresidente de Planeación de la poderosa cementera mexicana Cemex.
Fuentes federales le aseguraron a EL TIEMPO que Ramírez busca concretar ese día una doble colaboración judicial con ambos gobiernos para demostrar supuestos actos de corrupción por parte de algunos miembros de la cúpula de la multinacional.
Y si bien el plato fuerte serán las irregularidades en la adquisición, en Antioquia, de una mina de caliza –vinculada a Aldemar Moncada, chatarrero asesinado en 2016–, hay otros temas en la agenda.
EL TIEMPO estableció que se trata de la suscripción de otros contratos, el pago de impuestos y la cartelización en los precios del cemento, que ya le costó a Cemex una sanción en Colombia. De hecho, en agosto, el FBI recogió información para la Comisión de Valores de Estados Unidos, debido a que Cemex cotiza en la bolsa de ese país.
“Además de vicepresidente de Planeación, Ramírez tenía información sobre negocios en América Latina”, le dijo hace siete días a este diario uno de sus allegados. Y, un día después, la W Radio reveló que los datos en su poder desencadenarían un caso de corrupción similar al de Odebrecht, ya que implican pagos a políticos con el fin de ganar millonarios contratos.
Al respecto, voceros de la cementera le aseguran a EL TIEMPO que esas investigaciones no son nuevas. De hecho, dicen que, por el caso de la mina, desde diciembre de 2016 revelaron el requerimiento de la Comisión de Valores para determinar si habían incumplido la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero. Y el 30 de abril pasado informaron que son investigados por supuestas prácticas anticompetitivas en Estados Unidos.
Pero admitieron desconocer la colaboración de Ramírez a quien se le imputó en Colombia falsedad, administración desleal y enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, EL TIEMPO estableció que él no es el único que testificaría contra Cemex. La Fiscalía afina un principio de oportunidad con Camilo González, exvicepresidente jurídico de la cementera, detenido por los mismos hechos.
Si bien Ramírez y González fueron denunciados por la multinacional, señalándolos de realizar irregularidades en la negociación de la mina, ahora ambos dicen tener evidencia de que la casa matriz les ordenó ejecutar el negocio y de que sus jefes estaban al tanto de las diligencias y del nexo con el chatarrero muerto.
EL TIEMPO conoció decenas de correos que son la base de la evidencia.

El asesor de Carrasquilla

Pero Cemex insiste en ser víctima dentro del caso. De hecho, bajo esa figura sus directivos hacen ‘lobby’ para que Colombia le deje explotar la mina, a pesar de que está en un proceso de extinción de dominio contra los bienes del chatarrero.
En efecto, desde el gobierno Santos, la cementera inició una negociación confidencial para que puedan explotar al menos una tonelada de caliza al año, reconociéndole al país el 1,7 por ciento sobre las ventas.
EL TIEMPO estableció que cuando arrancaron los diálogos con el gobierno Duque, esa oferta cayó al 1 por ciento. En plata blanca, significa que el país dejaría de recibir 63 mil millones de pesos al año. La negociación, a punto de cerrarse, la coordina Juan Alberto Londoño, asesor del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y quien trabajó para Cemex.
Londoño lidera las reuniones entre la cementera y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra la mina, la zona franca y el título minero.
El propio Londoño le admitió a EL TIEMPO que, a finales de 2016, y hasta junio de 2017, fue contratado por Cemex para hacerle un análisis de impuesto de industria y comercio en San Luis, Tolima. Pero, según dijo, en su criterio no hay impedimento para que participe en la negociación, por tratarse de temas diferentes.
En igual sentido se pronunció la cementera, que de paso advirtió que sus obligaciones fiscales están al día en los 50 países donde opera.
Y Londoño agregó que si bien en el gobierno Santos Cemex llevó el caso de la mina hasta la alta consejería para la Competitividad, “esa oficina no ha tenido injerencia en el caso durante la administración Duque”.
La aclaración se debe a que ese despacho está hoy en cabeza de Clara Parra, esposa del ministro Carrasquilla, conocida de Londoño y exejecutiva de Cemex, quien confirmó la versión.
“La negociación no se ha cerrado. La mina y la zona franca son activos con potencial de generar valor, pero también con riesgo de que se pierda”, agregó Londoño cuando se le preguntó por los detalles del caso.
Advirtió además que la zona franca no ha iniciado operaciones y requiere de una inversión que Cemex está asumiendo con la intención de ser el operador hasta que se defina si los predios son o no sometidos a extinción de dominio.
Y, aunque la negociación avanza no obstante las investigaciones en Estados Unidos, para que quede en firme debe ir a una conciliación que, previo el visto bueno de la Procuraduría, tiene que confirmar un tribunal administrativo.

Cementera dice que denunció irregularidades

Si bien la multinacional sostiene que ignora el proceso de colaboración de Édgar Ramírez, dice que su exvicepresidente de planeación fue desvinculado de la compañía cuando se encontraron “irregularidades en relación con la compra de terrenos para la construcción de una planta de cemento en Maceo, Antioquia”. Por esa misma época retiraron a Camilo González. Y recalca que Cemex no solo los denunció sino que colabora con autoridades. Sobre la negociación de la mina, admite que está en curso y que espera que culmine con el beneplácito financiero, legal, operacional y técnico de la SAE.
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