Trabajando y dictando clases en la Escuela de Caballería del Ejército, en el norte de Bogotá, el exministro de la Protección Social Diego Palacios Betancourt logró reducir siete meses y 21 días de la condena impuesta en su contra por el escándalo de la ‘Yidispolítica’.
Esa reducción fue clave para que el jueves el exministro –setenciado a 80 meses de cárcel por las irregularidades en el trámite del proyecto que permitió la reelección de Álvaro Uribe en el 2006– recibiera una boleta de libertad firmada por el juez 29 de ejecución de penas de Bogotá. El juez tuvo en cuenta que durante su detención, Palacio Betancourt tuvo un comportamiento “ejemplar y sobresaliente”.
En la decisión de libertad figura que de los seis años y seis meses a los que Diego Palacio fue condenado por la Corte, pagó cuatro años y nueve días y no es necesario que siga preso, pues “el tratamiento (penitenciario) ha sido efectivo, al punto de que amerita de una oportunidad para demostrar extramuros su readaptación”.
El juez de ejecución de penas impuso como condición el previo pago de una caución de cinco salarios mínimos y la firma de un acta de buen comportamiento que tendrá que mantener por los 31 meses y 20 días que le restan de sentencia. Desde su condena, en abril de 2015, el exfuncionario intentó revocar la decisión en su contra con sendas tutelas que llegaron a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional y fueron rechazadas.
En marzo del año pasado se jugó una de sus últimas cartas para recuperar su libertad y que el caso fuera revisado: pidió ser incluido en la Jurisdicción Especial para la Paz con el argumento de que el trámite de la reelección de Álvaro Uribe tenía relación directa con el conflicto armado, pues ese segundo mandato cambió el curso de la guerra con las Farc. Esa tesis también fue rechazada, por lo que a Palacio solo le quedó el camino de los beneficios penales establecidos para los condenados por la justicia ordinaria.
Palacio fue uno de los tres alfiles del expresidente Álvaro Uribe condenados por ofrecer y entregar prebendas a congresistas que fueron claves para la aprobación del proyecto que revivió la reelección presidencial en Colombia, en el 2004. El exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega termina de pagar su pena en una unidad de la Armada en Cartagena, y el exsecretario de la Presidencia Alberto Velásquez recuperó su libertad en diciembre pasado.
El general en retiro Flavio Buitrago Delgadillo, condenado por lavado de activos, también recuperó su libertad por decisión de el juzgado primero especializado de Bogotá.
El exjefe de seguridad de la Presidencia de la República fue condenado a nueve años de prisión por recibir dinero del narcotraficante Marco Antonio el ‘Papero’ Gil y del Bloque Central Bolívar de Autodefensas.
El juzgado le reconoció 137 días de redención por estudio y 249 más por trabajo, y le ordenó pagar una caución de 20 salarios mínimos para poder recuperar su libertad.
Su esposa, Elba Alieth Pulido, condenada por el mismo caso, había quedado libre en abril del año pasado.
JUSTICIA
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