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García, el gran soplón del saqueo de la española Inassa en Colombia
Diego Fernando García Arias

Diego Fernando García Arias fue gerente de expansión y nuevos negocios de Inassa. Hoy es testigo de excepción del saqueo.

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Archivo particular

García, el gran soplón del saqueo de la española Inassa en Colombia

El hijo de una pastora cristiana entregó en España datos de sus cómplices y pagó para quedar libre.

Después de tener una orden de captura internacional en su contra, una solicitud de extradición de España y de dormir 65 noches en La Picota, el colombiano Diego García Arias anda libre por las calles de Barranquilla.

El hombre es uno de los cerebros del robo que el poderoso grupo Inassa de España hizo en América Latina, pero selló una negociación secreta con un juez madrileño y ahora dice estar dispuesto a revelar algunas de las trampas que usaron sus cómplices para apropiarse de al menos 100 millones de dólares. De ese dinero, 248.000 millones de pesos (unos 82 millones de dólares) salieron desde Colombia.

El gran botín, según dijo, se repartió entre ejecutivos de Inassa –brazo del grupo Canal de Isabel II en América Latina–, pero también se hicieron jugosos giros a campañas políticas y a alcaldes.

El escándalo transnacional, conocido en Europa como caso Lezo y rebautizado ‘Acordeón’ por el fiscal Néstor Humberto Martínez, ya tiene enjuiciados a poderosos empresarios españoles, y este martes cobró su primera gran cabeza en Colombia.

Tras diez meses de rastreo, y sin que García inicie aún su colaboración en forma, la Fiscalía capturó a Ramón Navarro, exgerente general de la intocable empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A, una filial de Inassa en Colombia, cuyas arcas fueron desangradas.

Y el fiscal jefe de la unidad contra la Criminalidad Organizada, Álvaro Osorio, anunció además que se llamó a indagatoria a 11 directivos en España y Colombia, incluido Luis Fernando Arboleda, quien también se desempeñó como presidente de Findeter.

La evidencia que Colombia ha logrado recaudar es tan aplastante, que Navarro aceptó de inmediato los delitos que se le imputaron: enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y administración desleal.

Y ahora, los investigadores de la Procuraduría y de la Fiscalía están detrás de al menos siete empresas locales que emitieron falsas facturas para sacar la plata de la Triple A, moverla por Panamá y enviarla a España.

Tulas y milagros

Algunos giros se quedaron en el istmo, en cuentas secretas de empresas cercanas a los españoles y de directivos como García, otrora gerente de expansión y nuevos negocios de Inassa.

EL TIEMPO estableció que el colombiano, de 47 años, transfirió desde allí unos 900.000 dólares a la justicia de España. Esa fue la tajada que le tocó de la compra irregular de Emissão, la filial de Inassa en Brasil.

Con ese giro logró acumular los suficientes puntos para que España le solicitara a Colombia frenar su extradición y lo dejara pasar Navidad en libertad con su familia, incluida su mamá, la famosa pastora cristiana Lyda Arias de García, líder de la iglesia Castillo de Oración y Milagros.

Fotos en redes sociales lo muestran recién salido de prisión, festejando con la pastora y con otros miembros de la iglesia de la que se había distanciado luego de que circulara información según la cual la Fundación Familia y Valores, ligada a esa congregación, habría sido usada por él para depositar dinero cuyo origen se desconoce.

Los líderes de la iglesia no se han pronunciado al respecto. Pero la pastora aparece haciendo transacciones de finca raíz con García, que registra bienes en Colombia por más de 2.000 millones de pesos.

Lo que sí está probado es que conductores de la Triple A recibieron propinas de hasta un millón y medio de pesos por cobrar jugosos cheques al portador.

El dinero era para pagar supuestos seminarios con universidades que nunca se realizaron. Y esa plata se movía en tulas que el capturado Navarro recibía de manos de los choferes.

También hay evidencia de al menos 54 cobros de falsos servicios a la Triple A, y de una asesoría ficticia, que suman cerca de 248.000 millones de pesos.

El contrato de asesoría se firmó el 31 de marzo de 2000 y en este quedó estipulado que se le pagaba a Inassa con el 4,5 por ciento del recaudo de la Triple A, hasta el 2033.

La alerta sobre el contrato la lanzó la Procuraduría General, en cabeza de Fernando Carrillo, que, en octubre del 2017 pidió que se suspendieran los desembolsos. Pero Inassa ya había sacado 221.000 millones de pesos de la Triple A sin que se encontrara rastro de la supuesta asesoría.

Tres gerencias de la Triple A certificaron que no conocían siquiera la existencia del contrato, firmado por Francisco Olmos, de la Triple A, y Luis Nicoella de Caro, por Inassa. Y en sus archivos no reposaba ninguna evidencia de que Inassa los hubiera asistido alguna vez técnicamente.

Y aunque los españoles dijeron en su defensa que tienen 5.000 folios de evidencia de que sí prestaron el servicio, la Fiscalía ya comprobó que este es el contrato inexistente más grande del saqueo. De hecho, la Procuraduría calcula que con su suspensión, la Triple A ya se ahorró 4 millones de dólares.

Los receptores del saqueo

Pero hay más asesorías y servicios inexistentes a través de los cuales se desangró a la Triple A.

EL TIEMPO estableció que se rastrea a dos constructoras barranquilleras, a una firma de ingeniería y a otra de seguridad que se habrían prestado para firmar falsas facturas.

En esa cadena ilícita también aparece una empresa que cobró millones por la construcción de redes hidrosanitarias para la Triple A. El contrato se hizo inicialmente con Recaudos y Tributos S. A., ligada a Inassa, que luego subcontrató el falso servicio.

El gran botín se repartía entre los saqueadores de alto nivel, encabezados por Ignacio González, expresidente de la casa matriz Canal de Isabel II; y Edmundo Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de Inassa en América Latina. Una de las receptoras de las mordidas sería la panameña Soluciones Latinoamericanas del Agua S.A. (Slasa), accionista de Inassa.

González, directivo del Partido Popular español, ya fue imputado en su país, estuvo seis meses preso y obtuvo libertad condicional tras pagar 400.000 euros. Y Rodríguez Sobrino pagó 100.000 euros para enfrentar en libertad el juicio por malversación de fondos, prevaricato, fraude, organización criminal, falsificación, cohecho y blanqueo.

Ahora se espera que García empiece a entregar nombres y montos girados a campañas y políticos. El propio Rodríguez Sobrino fue grabado hablando de ese capítulo de la trama: “Lo que pasa es que él (García) va a su bola, pero el que ha firmado ha sido él, no yo. No sé si me explico: ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes…”.

Entre los mencionados en el tema están cuatro exalcaldes de la Arenosa: Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg.

Además de interrogarlos sobre los supuestos aportes que recibieron, se quiere establecer por qué el Distrito de Barranquilla pasó de tener el 84, 5 por ciento de la próspera Triple A a tan solo un 14, 5 por ciento.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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