Con 267 pruebas, la Fiscalía sustentó la acusación contra las 10 personas señaladas de ser integrantes de Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP, y de cometer el atentado terrorista contra el Centro Comercial Andino, el pasado 17 de junio a las 4: 53 de la tarde, y nueve acciones criminales más desde el 2015.
El documento, conocido por EL TIEMPO, señala que Violeta Arango Ramírez (prófuga) y Alejandra Méndez Molano ingresaron el 13 de junio al café internet Siberfull, ubicado en la calle 31 sur N 10 C -33, para consultar los planos del Centro Comercial Andino Bogotá y los barrios aledaños. “Revisaron e imprimieron los locales de Caja Social, Nicolukas y Dolce & Gabbana, que están en la ruta que accede a los baños de mujeres del segundo piso donde ocurrió el nefasto hecho que nos ocupa”, dice la acusación.
“El MRP hizo vigilancias al Centro Comercial Andino, verificaron vías de acceso y escape, rutina de la autoridad policial, CAI cercanos, horas propicias para ingresar y salir, tipo de vestuario para pasar desapercibido y a mano alzada el mapa de la ruta que da al baño objeto del atentado”, añade.
La Fiscalía señala que el ataque es un “hecho abominable que segó la vida de tres mujeres jóvenes y heridas a diez personas más, sin contar con que hubo heridos que no se reportaron en algún sistema de salud, además de los destrozos a la construcción. Se causó terror, zozobra e indignación en la ciudadanía en general”. El explosivo usado para el ataque fue una mezcla de nitrato de amonio y nitrato de potasio.
El documento afirma que se constató la existencia del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) como un grupo “conformado por estudiantes y egresados de universidades públicas, con cierta afinidad ideológica a movimientos revolucionarios existentes en nuestro país, el cual tiene sustento de su lucha el antagonismo con el Gobierno, con las diferentes autoridades públicas, con la clase dominante económicamente en el país y la clase política, arrogándose la defensa de las clases populares y supuestamente oprimidas”.
Por estos hechos, la Fiscalía acusó por concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado, homicidio agravado en tentativa, falsedad material en documento público y fabricación de explosivos y armas de fuego a Lizeth Johanna Rodríguez Zarate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Natalia Trujillo Nova, Boris Ernesto Rojas Quijano, Cesar Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Juan Camilo Pulido Rivero, Iván Darío Ramírez Leon y Cristian Sandoval. Se encuentran en prisión en la cárcel El Buen Pastor y La Modelo. De ser condenados las penas pasarían los 30 años.
El documento dice que Boris Ernesto Rojas, alias Mao, estaba “en la cima de la organización” como el ideólogo y coordinador de las actividades. En segundo lugar estaban Mateo Gutiérrez León y Violeta Arango Ramírez en la parte ideológica y operativa; y le seguían los demás en labores de logística, consecución de elementos, recolección de información, vigilancia de las autoridades y explosivistas.
La investigación, adelantada por la Fiscalía y el grupo de terrorismo de la Sijín, contiene inspecciones al lugar de los hechos, búsquedas selectivas en base de datos, entrevistas, interceptación de comunicaciones, vigilancias y seguimientos a personas.
El MRP hizo vigilancias al Centro Comercial Andino, verificaron vías de acceso y escape, rutina de la autoridad policial...
En los allanamientos a las viviendas de los acusados, dice el ente acusador, se encontraron “los componentes para armar los artefactos explosivos improvisados, tanto de carga explosiva, como de los sistemas de activación, mapas de los sitios y de los que tenían planeado atentar en el futuro, fotografías de baños de diferentes lugares, documentos electrónicos con panfletos y labores de vigilancia a comunidades religiosas, particulares a edificaciones donde funcionan autoridades del Estado, a centros comerciales y estaciones y portales de TransMilenio”. Hay 267 pruebas.
La investigación comenzó el 8 de abril de 2015 cuando, dice la Fiscalía, se conocieron panfletos con la frase “ni Santos ni Uribe son la opción para el pueblo, la paz de los ricos no es la paz del pueblo Movimiento Revolucionario del Pueblo M.R.P”. “Se vislumbraba la aparición de una organización al margen de la ley que pretendía llamar la atención da través de acciones de afectación a la seguridad pública y derechos de los ciudadanos”, dice la acusación.
La Fiscalía asegura que los ataques en Bogotá y Pereira venían de la misma organización (MRP) y señala estas coincidencias: en 9 de los 10 ataques aparece “su ícono, que es la bandera de forma rectangular, con dos franjas de colores amarillo con azul y en el centro una estrella de color rojo de 5 puntas, colores primarios de la bandera nacional”.
Segundo, los panfletos muestran “la posición ideológica de esa organización, que no es otra que la oposición al estamento estatal, al Gobierno, a los estamentos públicos, a la clase política y a la clase dominante”.
Tercero, en nueve de los ataques se consignan en los panfletos sus frases: “ni Santos ni Uribe son la opción para el pueblo” y “la paz de los ricos no es la paz del pueblo”.
Cuarto, las sustancias de los artefactos explosivos son de la misma naturaleza: “de bajo poder, que convergen en la utilización del amonal”.
Quinto, los sistemas de activación son de la misma característica: por temporizador electrónico, bien por frecuencia remota o tipo reloj digital.
Sexto, en cinco de los ataques los artefactos fueron ubicados en baños: “uno de sus modus operandi favoritos, dada la alta vulnerabilidad de estos lugares, donde a nadie se le ocurriría dejar algún medio electrónico de vigilancia, como cámaras de seguridad, pues atentarían contra la dignidad humana”.
Según el expediente, el 8 de abril de 2015, a las 8:25 am, en la Carrera 4 N° 12B- 49, en Bogotá, se encuentra colgada en la parte extrema del inmueble referido una bandera de tela de color amarillo y azul, en el centro una estrella roja de 5 puntas, asimismo se encuentra un objeto cilíndrico con un bombillo que alumbra en uno de sus extremos, compuesto de cartón, con 25 gramos de una sustancia pulverulenta color gris, una batería de 9 voltios, 50 gramos de plastilina, dos cables color naranja, sin sistema de activación.
Para el 23 y 30 de agosto de 2016 se encontraron cargas explosivas acompañados de panfletos donde se consignan arengas en contra del sistema general de salud del país en contra de Cafesalud y Saludtotal, más tarde aparecerían ataques al sector bancario.
A finales del 2016, el 21 de diciembre, se instalaron artefactos explosivos en la Dirección Nacional de Impuesto Nacionales (DIAN) haciendo alusión a la reforma tributaria.
El 16 de marzo pasado la Policía sorprendió a dos personas del MRP en la zona verde del sector de Colsubsidio, los cuales tenían en su poder un artefacto explosivo improvisado listo para ser instalado, al parecer en una de las sedes de una caja de compensación. “No contentos con la sensación de zozobra e inseguridad que venían sembrando en nuestra capital, trasladaron su accionar a Pereira donde en uno de los baños de la EPS Cafesalud, el 16 de mayo en horas de la madrugada, se activa un artefacto explosivo improvisado”, dice la Fiscalía.
El último ataque fue el del Andino, el 17 de junio, que cobró la vida de Ana María Gutierrez, Lady Paola Jaime Ovalle y de la ciudadana francesa Julie Thimai Hyunh.
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