Los testimonios que enredan al director de Policía en la Procuraduría

En octubre del 2019, mientras se amarraba los cordones de los zapatos en una cancha de fútbol de la Escuela de Posgrados de la Policía (Espol), el actual director de la Policía, el general Óscar Atehortúa, se habría enterado de detalles reservados de una investigación disciplinaria que llevaba la Inspección General de la Policía por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de 111 casas fiscales Cenop en San Luis, Tolima, un caso en el que él podría tener responsabilidad.

Así lo señala el pliego de cargos –al que tuvo acceso EL TIEMPO– con el que la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Atehortúa por cuatro presuntas faltas que habría cometido en tres momentos: cuando fue director del Fondo Rotatorio de la Policía, cuando fue Inspector General de la Institución, y en su actual cargo como director de la Policía Nacional.

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En el expediente de 72 páginas, la Procuraduría recoge documentos, testimonios y hasta chats que exponen que el general Atehortúa no solo habría faltado a su deber de verificar la calidad de las primeras 60 casas fiscales entregadas, sino que habría intentado frenar una investigación posterior por las irregularidades de ese proyecto.

Y esto, dice la Procuraduría, lo compromete porque en el 2015, cuando el Fondo Rotatorio de la Policía recibió las primeras casas terminadas, él era el director de esa entidad, por lo que tendría interés en el resultado de las investigaciones por ese contrato.

Además, dice el expediente, Atehortúa firmó en julio de 2015 el documento de recibido a satisfacción de las casas, pero dos semanas después las estructuras fueron criticadas por la Dirección de Bienestar de la Policía, que tras una revisión dijo que las viviendas tenían serias fallas de calidad como "vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, cables de energía y tomacorrientes sin funcionamiento". También carecían de redes de gas y tenían problemas en la red hídrica.

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De otro lado, según recoge la Procuraduría, antes de que se liquidara el contrato ya se había puesto en conocimiento de Atehortúa que había irregularidades que incluso habían motivado que se abriera al contratista un proceso de incumplimiento del contrato.

Pero a pesar de las advertencias, dice la Procuraduría, Atehortúa no solo recibió a conformidad las casas sino que archivó en agosto del 2015 el proceso contra el contratista por incumplimientos.

De otro lado, la Procuraduría también cuestiona por qué, entre junio y diciembre del 2018, ya como Inspector General de la Policía, el general Atehortúa no se declaró impedido frente a un proceso que llegó a su despacho que tenía que ver, precisamente, con irregularidades en la construcción de las casas fiscales.

El Ministerio Público reseña que en junio del 2018 Atehortúa recibió del entonces director de la Policía, general Jorge Nieto, el resultado de una auditoría interna sobre las presuntas irregularidades en las casas. Nieto le pidió a Atehortúa, dice el expediente, designar a alguien para que iniciara las acciones correspondientes por esas presuntas faltas.

Aunque la Inspección General efectivamente ordenó, dice la Procuraduría, una indagación preliminar contra funcionarios por determinar por el caso de la viviendas fiscales, y esa orden no la firmó Atehortúa sino una coronel que estaba en encargo en la dirección de la Inspección, el Ministerio Público cuestiona que Atehortúa nunca manifestó su impedimento frente a ese expediente, que estuvo 5 meses en su despacho. Esto a pesar de que él podría tener interés directo "en que esa actuación disciplinaria no comprometiera su responsabilidad".

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Además de las irregularidades en la revisión de las casas y el no declararse impedido frente a una investigación por las mismas, la Procuraduría le cuestiona al general Atehortúa una presunta extralimitación de sus funciones al pedirle información reservada de la investigación interna por ese proyecto a uno de los capitanes de la Inspección General.

Fue el capitán José Fernando Llanos quien, dice la Procuraduría, en octubre del 2019 en la cancha de fútbol de Espol le informó a Atehortúa sobre aspectos del caso, y en otro momento, le habría facilitado información detallada y una línea de tiempo de los movimientos del proceso, que es reservado.

Llanos era el Jefe del Grupo Especial de Investigaciones de la Inspección General, y aunque en ese momento estaba haciendo un curso de ascenso, seguía teniendo la facilidad, dice la Procuraduría, de averiguar por el caso de Cenop que llevaba el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia.

Así las cosas, aunque no estaba en su oficina por el curso de ascenso, el capitán Llanos, dice la Procuraduría, llamó a una de sus subalternas y le indicó que por disposición del general Atehortúa había que verificar un caso relacionado con Cenop que tenía el Grupo de Procesos Disciplinarios.

Según el expediente del Ministerio Público, ya con esa instrucción la carpeta que llevaba el Grupo de Procesos Disciplinarios pasó al Grupo Especial de Investigaciones y a revisión del capitán Llanos, quien posteriormente le habría entregado información pormenorizada del caso al general Atehortúa, aunque le informó que ese tema debía tratarlo con el general William René Salamanca, hoy Inspector General de la Policía.

El mismo Llanos, dice la Procuraduría, le informó al general Salamanca de la solicitud que le había hecho el director de la Policía.

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El reproche más fuerte del Ministerio Público a Atehortúa tiene que ver con el episodio en el que envió a vacaciones forzadas al general Salamanca, hoy Inspector de la Policía.

El expediente recoge que en medio de la investigación por las casas fiscales, el general Salamanca envió al Tolima el 4, 5 y 6 de diciembre del 2019 a dos capitanes de su equipo para visitar las viviendas y recoger pruebas. A su regreso, uno de los investigadores le dijo a Salamanca que había encontrado documentos con la firma del general Atehortúa, por lo que sugirió que se pasara el caso a la Procuraduría, que es la que tiene competencia para investigar a generales.

Tan solo dos semanas después, el 19 de diciembre, el director de la Policía citó a Salamanca a su oficina y, según recoge la Procuraduría, le ordenó que sacara a los investigadores del caso y en adelante todo lo que requiriera de inteligencia policial lo tramitara a través del coronel Carlos Martínez.

Salamanca se opuso, y respondió que él no confiaba en el coronel Martínez, que para entonces era jefe de Contrainteligencia, a lo que, dice el expediente, Atehortúa le respondió: “Bueno, haga lo que quiera, pero usted me cumple la orden y me saca a ese equipo de ahí, todo con Martínez, si no le gusta, haga lo que quiera”.

Esa misma noche, dice el documento de la Procuraduría, el general Atehortúa notificó a Talento Humano de la Policía de que Salamanca salía de vacaciones por 402 días. El testimonio de Salamanca, en poder del Ministerio Público, también señala que Atehortúa le dijo "yo a usted lo voy a sacar con vacaciones".

Pero incluso antes de esta discusión y la orden de retirar al equipo de investigadores, el coronel Martínez ya habría empezado a hacer contactos sobre la investigación por Cenop en la que podía verse involucrado el director de la Policía.

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El expediente de la Procuraduría tiene un testimonio que señala que el 14 de noviembre del 2019 el coronel Martínez llamó al capitán Llanos -el mismo que le habría dado a Atehortúa detalles del proceso en la Inspección General- y le dijo: "Hay que apoyar al general Atehortúa (...) podrían afectar a mi general con lo del caso Cenop". Llanos agregó que Martínez le dijo que había que "blindar" al general Atehortúa con respecto a ese proceso.

Para la Procuraduría, esta es una muestra de que Atehortúa quería evitar que la investigación siguiera y llegara a la Procuraduría, además, dice el Ministerio Público, al imponer al coronel Martínez para las labores de inteligencia en la Inspección General buscaba mantenerse informado de un proceso reservado que podía comprometerlo.

Será en juicio disciplinario que el general Atehortúa deberá explicar estos señalamientos, y, tras este proceso, la Procuraduría deberá determinar si lo sanciona o no.

Por lo pronto, en una videoconferencia, Atehortúa les envió este miércoles un mensaje a todos los uniformados y señaló que él era “el primer interesado en que se adelanten todas las diligencias para esclarecer la verdad”. Además, dijo que fue él quien solicitó al Procurador, al Fiscal General y al Contralor que se investigara el proyecto de casas fiscales en Tolima.

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