“¿Será que a nosotros también nos va a tocar?”, le preguntaba una lideresa de Ituango a su esposo en la tarde del jueves 22 de julio. Ya habían escuchado que a los pobladores de las veredas cercanas los habían amenazado para abandonar sus hogares, y la incertidumbre y el miedo los carcomía. La respuesta llegó tras una llamada a su celular: “Me dijeron que teníamos que desocupar el pueblo a más tardar a las 7 de la mañana del día siguiente, o que ellos se encargaban de que lo desocupáramos”, recuerda ella, y pide no revelar su nombre.
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Ese mismo jueves, horas antes de la llamada, un vendaval y un torrencial aguacero destruyeron la única vía de acceso desde Medellín a este municipio del norte de Antioquia. Las inundaciones y los desastres dejaron por lo menos 250 familias damnificadas. Los grupos armados y la naturaleza marcaron el inicio de un drama que hoy, 10 días después, siguen padeciendo los ituanguinos.
Lo que pasó no tiene antecedentes, tanto por la intensidad de las lluvias como por el número de víctimas de desplazamiento forzado, que alcanza las 4.099 (entre ellas, 1.300 niños), según el último censo de la ONU. Es, dicen los habitantes, el mayor desplazamiento en la historia del municipio, donde –según el Registro Único de Víctimas (RUV)– se han documentado 49.575 eventos de este tipo desde 1985.
A las víctimas de la última semana las amenazaron con panfletos, llamadas y mensajes de WhatsApp. “Unos se identificaron como disidencias de las Farc, otros no dijeron de dónde iba la orden, solo que tenían que salir. La gente está en albergues, los colegios están copados. Es una situación crítica porque hay tanto desplazados como damnificados, y no hay condiciones para retornar a los territorios”, dice Isabel Zuleta, ambientalista y vocera del movimiento Ríos Vivos.
En Ituango no hay quien pueda hablar de paz. Desde la década de 1970 el Ejército Popular de Liberación (Epl) empezó a hacer presencia en la región, y luego llegó el Frente 18 de las Farc. Para combatir a las guerrillas, a finales de los 80, los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –preámbulo de las Auc–, al mando del clan Castaño, desataron su accionar poniendo a la población en medio del fuego cruzado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, solo entre 1996 y 2002 estos grupos provocaron al menos ocho masacres, en las que fueron asesinadas 55 personas. Tales han sido las consecuencias de la guerra en Ituango que su población (de 27.074 habitantes) es inferior al número de víctimas registradas en el RUV (42.727, de las cuales el 93 por ciento padeció desplazamientos).
Son zonas claves para la movilidad hacia las costas (Atlántica y Pacífica) e históricamente se han registrado disputas entre grupos armados por las rutas de narcotráfico, los cultivos ilícitos...
“El municipio está ubicado en una zona estratégica, que conecta al norte de Antioquia, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el Urabá. Son zonas claves para la movilidad hacia las costas (Atlántica y Pacífica) e históricamente se han registrado disputas entre los grupos armados por las rutas de narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, entre otras actividades”, explica Andrés Cajiao, experto en dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.
Y aunque los pobladores de Ituango soñaron con escapar de ese ciclo de violencias –el 70 % votó por el ‘sí’ en el plebiscito por la paz–, las recientes amenazas y desplazamientos hacen pensar que se aproxima una etapa de disputas, según dijeron analistas consultados por este diario.
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en Ituango se han documentado 49.575 desplazamientos forzados desde 1985.
AFP
Tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y su dejación de armas empezó un escenario de confrontación entre grupos que buscaban copar los espacios de la desaparecida guerrilla.
“En la zona del Bajo Cauca (Cáceres, Tarazá, Valdivia) se dio una guerra entre el ‘clan del Golfo’ y los ‘Caparros’, ya casi ganada por el ‘clan’, que empezó a subir hacia el norte de Antioquia y se encontró con las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. Eso sería lo que explica el actual problema de seguridad en Ituango, que es uno de los corazones de la zona. Todo indica que las disidencias están preparando el terreno para la guerra con el ‘clan del Golfo’”, explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Y teniendo como antecedente el conflicto de los últimos años en el Bajo Cauca, el panorama es de terror. Tarazá (municipio vecino de Ituango) registró en 2019 la tasa de homicidios más alta del país: 324 por cada 100.000 habitantes, más del doble de Tijuana, México (124), la ciudad con el índice más elevado a nivel mundial. “En esa zona la guerra ha sido bestial. Allá cortaron cabezas y descuartizaron el año pasado y el antepasado”, dice Ávila.
Para la lideresa ambiental Isabel Zuleta, es precisamente ese contexto de violencia el que permite entender por qué más de 4.000 personas se desplazaron de Ituango. “Si a uno le llega un mensaje diciendo que lo van a matar si no se desplaza, por supuesto que hay razones para sentir temor”, dice.
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El retorno es inciertoSin embargo, para Edwin Mauricio Mira, alcalde de Ituango, “aún es desconocida la razón por la que los campesinos de las 31 veredas fueron desplazados”.
El miércoles, el ministro del Interior, Daniel Palacios, lideró un consejo de seguridad en el municipio. “En materia de la atención a la crisis humanitaria, desde el Gobierno Nacional en colaboración con la Gobernación de Antioquia, se han dispuesto casi 70 toneladas de ayuda humanitaria y hemos repartido más de 400 kits de aseo. Iniciamos un plan de retorno seguro, digno y voluntario. Y se ha dispuesto todo lo necesario por parte de nuestra Fuerza Pública para garantizar la seguridad de cada uno de los habitantes para que puedan regresar”, comentó.
Además, anunció que hay hasta $ 100 millones de recompensa por alias Ramiro, cabecilla de las disidencias de las Farc, y hasta 50 millones de pesos por alias Camilo, Michín y Richar, del ‘clan del Golfo’, quienes estarían detrás de los hechos de violencia en la región.
Por su parte, el brigadier general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, reconoció que “las condiciones de Ituango no son fáciles”, pero dijo que “no son las peores que hemos tenido”.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, también hizo presencia en el municipio.
Recordó que desde 2020, en la Alerta Temprana 004, se advirtió del fortalecimiento de grupos armados ilegales y se destacó que este año ya se habían presentado dos desplazamientos masivos en Ituango, ambos en febrero, que obligaron a 224 familias a abandonar sus hogares. Camargo se comprometió a brindar acompañamiento hasta lograr un retorno seguro y en el menor tiempo posible de las comunidades desplazada a sus veredas.
Y aunque el jueves 29 de julio el director de la Unidad de Víctimas, Ramon Rodríguez, anunció que se había acordado un plan de retorno progresivo de las comunidades, este se quedó en veremos por las nuevas amenazas que habrían recibido algunos líderes de las juntas de acción comunal de las veredas afectadas.
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Qué piden los afectadosAdemás de las condiciones de seguridad y, sobre todo, presencia institucional e inversión social que los ituanguinos esperan para retornar a sus veredas y propiciar un escenario de pacificación de su territorio, hay tres peticiones relevantes que le han hecho al Estado en esta crisis humanitaria.
La primera, explica Isabel Zuleta, es “que se haga un censo del patrimonio de la población campesina y se responda incluso por sus bienes más humildes (desde una gallina o vaca hasta un cultivo de café), porque los labriegos se están empobreciendo con cada desplazamiento”.
Que se responda incluso por sus bienes más humildes (desde una gallina o vaca hasta un cultivo de café), porque los labriegos se están empobreciendo con cada desplazamiento
En segundo lugar, que haya actuaciones judiciales sobre los responsables de estas amenazas y desplazamientos. Y, por último, que se proteja la tierra en Ituango y se analice la sistematicidad de los desplazamientos.
“El Ejecutivo debe tomar medidas de protección de la tierra, que son acciones administrativas para evitar el despojo. No hay que olvidar los intereses mineroenergéticos que hay sobre esta zona, que hay multinacionales llegando al territorio y que históricamente la gente ha sido usada como escudo para esos intereses sobre la tenencia de la tierra y los bienes de la naturaleza”, asegura Zuleta.
JULIÁN RÍOS MONROY
Redacción justicia
En Twitter: @julianrios_m
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