Una exguerrillera de las Farc, alias la Paisa, y un hombre de unos 30 años están siendo buscados por la Fiscalía. Estos fueron los sicarios que dispararon contra el empresario Jhonny Alonso Orjuela Rueda, de 46 años, propietario de los negocios Surtifruver.
La ‘Paisa’ fue reconocida por un testigo en un video captado por una cámara de seguridad de la calle 178 con autopista Norte de Bogotá, el pasado 20 de octubre, día del homicidio de Orjuela Rueda.
Según la Fiscalía, esta pareja fue contratada por el socio de la víctima. Las pesquisas se encaminaron hacia Mauricio Parra Rodríguez, con quien Orjuela mantenía desde el 2014 una sociedad en un cultivo de arándanos. Familiares de la víctima aseguraron que entre ellos surgieron serias diferencias.
Para la captura resultó clave la información que suministró un desmovilizado. Cuando ocurrió el crimen, él se acercó a la Fiscalía para decir que un mes antes Parra Rodríguez le había ofrecido una gruesa suma de dinero para que matara a su socio.
Sin embargo, se negó –confesó– “porque no quería perder los beneficios” de la desmovilización. Este mismo testigo fue quien suministró detalles de los presuntos nexos de Parra Rodríguez con jefes de las Farc.
Parra Rodríguez, que posaba como un próspero empresario de la construcción y que fue capturado hace 13 días por dos homicidios, es señalado por la Fiscalía como uno de los cien testaferros de la guerrilla que tendrían en su poder los bienes que no fueron declarados por las Farc en el proceso de paz.
Parra Rodríguez, según la investigación de la Fiscalía, había logrado una fortuna de más de 56.000 millones de pesos, que en realidad serían de los exjefes de la guerrilla José Benito Cabrera Cuevas, ‘Fabián Ramírez’ y Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias el Paisa.
Fiscales de la dirección de extinción de dominio y el Ejército ocuparon 26 inmuebles, 10 sociedades, 5 vehículos y 24 cuentas bancarias vinculadas a Parra Rodríguez y ubicados en Bogotá, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Caquetá.
Entre los bienes ocupados está el cultivo de arándanos ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, por el que habría ordenado asesinar a su socio, el dueño de Surtifruver Jhonny Alonso Orjuela, y el lote en el que se construía en Pitalito, Huila, la ciudadela La Voz de Dios, en la que se promovían soluciones de vivienda para 1.500 familias.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía le imputó cargos a Parra Rodríguez y al pastor Édgar Núñez Guzmán por el crimen del abogado Luis Gerardo Ochoa Sánchez, quien representaba a más de 400 familias que pedían la devolución del dinero invertido en ese proyecto habitacional.
Los investigadores encontraron que en una sola oficina, ubicada en la calle 82 con carrera 14 en el norte de Bogotá, funcionaban nueve sociedades controladas por Parra Rodríguez: Sogingo apartamentos S.A.S., Sogingo Acabados S.A.S., Sogingo centro empresarial, OCC constructora S.A.S., Banco de Predios Pitalito, Agroexpress S.A.S., Cartagena Beach Jet Sky, Banco de predios S.A.S. y Profesionales 2.000 Ltda.
En el expediente, la Fiscalía señala que muchos de los bienes aparecen a nombre de Paola Andrea Parra, hija del señalado testaferro, capturada por lavado de activos, quien nunca ha trabajado ni ha declarado renta.
Igualmente, se estableció que la sociedad Sogingo Apartamentos S.A.S. fue constituida por Parra Rodríguez en junio del año pasado, con un millón de pesos, pero en un corto tiempo ya tenía activos por 12.399 millones.
Según testimonios de desmovilizados en poder de la Fiscalía, Parra Rodríguez empezó negocios con las Farc en 1998 durante la zona de despeje y llevaba mercados y otros artículos a los campamentos de las Farc.
Luego, dice la Fiscalía, empezó a sacar cada 15 días de la zona entre 100 y 200 kilogramos de cocaína, que eran camuflados entre quesos.
Fue capturado en noviembre del 2003, en la vía que de Honda, Tolima, conduce a La Dorada, Caldas, transportando 86 kilogramos de estupefacientes y fue condenado a 16 años de cárcel. Desde el 2010 está en libertad condicional y según la Fiscalía retomó sus nexos con el Bloque Sur de las Farc.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que las Farc tienen el deber de entregar toda la información sobre sus bienes y que “tiene que incorporar un tratamiento especial para esos incumplimientos en relación con los activos”.
Y añadió que estos bienes serán objeto de extinción de dominio “y su administrador va a ser únicamente el Estado”.
De hecho, indicó que de los bienes entregados por las Farc solo el 10 por ciento coincide con las cuentas de la Fiscalía y 33 de los 698 predios están repetidos en la información entregada por la guerrilla.
“De los 665 inmuebles que ellos registraron, solo 63, casi el 10 por ciento, coinciden con los inmuebles que nosotros tenemos relacionados como de propiedad de los testaferros de las Farc o de las Farc”, dijo Martínez.
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