Invasión frena un megaproyecto social y un colegio de Shakira

Invasión frena un megaproyecto social y un colegio de Shakira

Reclaman tierra en que Fundación Santo Domingo levanta 25.000 VIS, cerca de Cartagena.

Panorámica de Cartagena

Mientras alguna autoridad se pronuncia sobre el pleito, el megaproyecto sigue frenado.

Foto:

Manuel Pedraza / Archivo EL TIEMPO

09 de diciembre 2017 , 11:15 p.m.

“Construye a tu gusto. Lotes de 7 x 14 metros cuadrados a 9 millones y medio de pesos con avenida principal pavimentada”.

Con este tipo de avisos se está comercializando un gigantesco predio cerca de Cartagena de Indias y a orillas de la famosa vía de La Cordialidad. En la zona ya hay edificios, zonas comerciales, bodegas, ferreterías, tiendas y hasta expendio de cemento, a orillas de la carretera. Lo único que no hay son servicios públicos, licencias ni escrituras de propiedad.

Esa informalidad, que limita con la ilegalidad, tiene literalmente congelado uno de los más importantes proyectos de vivienda social de país, en manos de la Fundación Mario Santo Domingo.

Se trata de 25.000 casas que se desarrollan de la mano del Fondo Nacional de Vivienda, del Distrito de Cartagena y Corvivienda.

Abogados de la fundación le aseguraron a EL TIEMPO que la invasión ocupa gran parte del predio denominado Magulla y que ya empezó a afectar al lote La Catalina, que representan el 56 por ciento del proyecto conocido como Ciudad del Bicentenario.

Incluso aseguran que los húespedes ilegales han frenado el equipamiento social de la ciudadela, que incluye parques, vías y un colegio donado por la fundación Pies descalzos, de la cantante Shakira, previsto para 1.300 alumnos. El lote en donde se iba a levantar el colegio estaba listo, pero un grupo de invasores impidió su entrega y hoy se evalúa su reubicación.

Los líos en Magulla arrancaron luego de que el Ministerio de Vivienda declaró de utilidad pública e interés social el macroproyecto.

Ese año, 2008, llegaron a la zona Marcial, Erasmo, Élida, Ignacio, Carlos y Manuel Hernández Martínez, una familia que alega ser la verdadera dueña del terreno desde hace 70 años.

“Desde 1946, Pedro Hernández es poseedor de 1.600 hectáreas. La supuesta venta que sus herederos hicieron es un invento. No sabían ni escribir. Les falsificaron las firmas”, dice el abogado Carlos Otálvaro, defensor de la familia.

La fundación le pidió explicaciones a la vendedora, Marlene Bellido, quien instauró una querella de lanzamiento, por ocupación de hecho. Pero una tutela de los Hernández dejó sin efecto la querella, con el argumento de que quien debió promoverla era la fundación. Y contraatacaron.

Los Hernández interpusieron una querella en la que alegan ser ellos a quienes les están perturbando la posesión. El inspector de policía n.º 6 del barrio Las Palmera les concedió el amparo, basado en testimonios que dan fe de que son los dueños, pero que la fundación califica de espurios.

Paralelo al pleito, la invasión empezó a crecer exponencialmente, e incluso aparecieron avisos en periódicos ofreciendo lotes.

“Mis clientes no tienen nada que ver con la venta de lotes. Terceros se están aprovechando de la situación. Nosotros hemos respetado las decisiones judiciales”, explica el abogado Otálvaro.

Amenazas

Y si bien esta podría ser una controversia más por derechos de propiedad, para la fundación es claro que el caso ya ha escalado a terrenos más complejos.

Aseguran que los topógrafos del proyecto han recibido amenazas, que les han destruido obras y que policías que acompañan las diligencias terminan golpeados.

Por eso interpusieron una denuncia por invasión y otras tres por daño en bien ajeno, defraudación de fluidos (robo de energía eléctrica) y falsedad en documento privado y fraude procesal, en contra de Rafael Hernández.

En este último caso, la fundación dice que Hernández ha presentado mapas con coordenadas que no coinciden e, incluso, límites corridos más de 200 metros.

Pero el abogado de la familia dice que, por el contrario, ellos tuvieron que demandar a la Policía por secuestro simple y abuso de autoridad: “Hemos puesto seis muertos en el pleito”.

Y aunque la Oficina de Control Urbano de Cartagena estableció que hay viviendas sin licencia y selló obras, nada ha servido para destrabar el megaproyecto: ni las cartas a la Alcaldía de Cartagena y a sus dependencias, a la Personería y a la Procuraduría.

A pesar de que se interpuso una demanda reivindicatoria de dominio en un juzgado de Cartagena, el proceso lleva seis años y aún no ha hecho siquiera la conciliación.

Lo único que se ha logrado para intentar frenar la invasión es un amparo a la fundación sobre otros lotes de la ciudadela.

El episodio más reciente dentro del caso fue una querella firmada por un hombre que alega ser poseedor de un lote. Se trata de Francisco Vera, representante de un consorcio del que hace parte Coosheroica, cooperativa señalada de vender pechugas a 40.000 pesos para un programa de alimentación escolar. El empresario, con nexos políticos, no quiso hablar.

Mientras alguna autoridad se pronuncia sobre el pleito, el megaproyecto sigue frenado.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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