Denuncian ocultamiento de datos sobre ‘guerra’ en el Pacífico

Denuncian ocultamiento de datos sobre ‘guerra’ en el Pacífico

Según Defensoría, el Ejército no suministra la información que se requiere y hay debilidades en UNP.

Fuerza de Tarea Hércules

La Fuerza de Tarea Hércules tiene más de 9.000 militares que hacen presencia en todo el Pacífico.

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
25 de mayo 2019 , 11:07 p.m.

Más de 1.600 indígenas Wounaan y Embera –incluidos 263 niños– expulsados de sus territorios ancestrales del Chocó por cuenta de guerra entre bandas, y el hallazgo de una fábrica de minas antipersona, usadas por el narcotráfico para ‘blindar’ cultivos de coca y matar soldados y policías, son dos de las evidencias más frescas de hasta dónde ha escalado el conflicto en el Pacífico colombiano.

Hoy, más de 9.000 hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, del Ejército, intentan contener el orden público en una zona entapetada con más de 65.000 hectáreas de narcocultivos que se extienden a lo largo de Chocó, Valle, Cauca y Nariño, calificada como la zona más caliente del país.

Y si bien el Gobierno reconoce la gravedad de lo que allí sucede, la Defensoría del Pueblo denuncia que hay ocultamiento de información y falencias en el sistema de protección a civiles amenazados. Y el Ministerio de Defensa reconoce que aún no hay presencia del Estado.

Desconexión institucional

La denuncia y la confesión están contenidas en un par de informes que le enviaron al Congreso para un debate de control político. En el documento de la Defensoría, firmado por Carlos Negret, se advierte que la Fuerza Pública no está entregando toda la información sobre hechos que golpean a la población civil.

Por eso, entre los múltiples escenarios de riesgo identificados en el Pacífico, la Defensoría prioriza tres: “La poca información suministrada por la Fuerza Pública, cuando ocurren hechos de violencia en su jurisdicción; la falta de garantías de seguridad para desplazarse en algunas regiones de difícil acceso, donde posiblemente se encuentren comunidades confinadas; (y) la falta de cobertura en las redes de comunicación”.

El organismo humanitario también advierte que, incluso, los espacios que se han generado a nivel interinstitucional para atender los riesgos que se viven en el Pacífico no generan resultados tangibles y, por el contrario, dejan nuevas debilidades al descubierto.

De hecho, habla de frente del “débil o escaso acoplamiento interinstitucional” para enfrentar los escenarios de riesgo que se advierten con el Sistema de Alertas Tempranas (SAP), cuyos informes les son remitidos hasta al alto Gobierno.

“Uno de los casos que llama la atención es el de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que presenta débiles canales de comunicación con los entes territoriales, los cuales se limitan a la remisión de oficios y correos a las autoridades municipales, solicitando en la mayoría de los casos la individualización de las víctimas”, enfatiza el organismo.

Y aunque reconoce que se hace un trabajo clave por potenciar el control territorial y la vigilancia, la Defensoría de Negret no lo considera suficiente.

Incluso, afirma que, por parte del Gobierno, se ha observado que la respuesta de entidades como la Fuerza Pública (Ejército y Policía) se limita a las acciones consagradas en la ley, sin que se busque una estrategia para superar la situación de riesgo y amenazas.

Tráfico, disparado

Y aunque en la radiografía del Ministerio de Defensa no se hace referencia a estas críticas, sí se reconoce que la ausencia de Estado en el Pacífico es materia prima para la violencia, que golpea hasta a líderes sociales.

“Las confrontaciones y niveles de riesgo en esta región del país se han debido al posicionamiento del narcotráfico y del flujo de finanzas ilegales,
así como a la baja presencia estatal. Dicha situación genera vacíos de institucionalidad, hecho que es aprovechado por los criminales para prolongar su accionar delictivo y atentar contra la población civil”, admite Óscar Ortiz, secretario de gabinete de esa cartera.

Según Ortiz, hoy hay 7 grupos ilegales operando en la zona y sacando coca hacia Suramérica y Centroamérica, desde donde se mueve a Estados Unidos, Europa y Asia.


Allí hacen presencia los frentes de guerra Occidental y Suroccidental del Eln; las estructuras identificadas como Central Urabá y Jairo de Jesús Durango, del ‘clan del Golfo’, y las disidencias de las Farc de los frentes 29 y 30. Además, las Guerrillas Unidas del Pacífico, las columnas Óliver Sinisterra –la del extinto ‘Guacho’– y la Miller Perdomo.

A pesar de las dificultades de ese teatro de operaciones, Ortiz advierte que la Fuerza Pública no está de brazos cruzados y reporta que, solo en 2018, hubo 174 operaciones a nivel urbano y rural, en las que se capturaron más de 235 personas y se neutralizaron a 9 ilegales.

No obstante, los cuestionamientos se suman a la polémica que desató la directriz que el Ejército impartió para modificar la medición de resultados operacionales –revelada por ‘The New York Times’– que también debatirá el Congreso. De hecho, después de que EL TIEMPO reveló que esa indicación sería cambiada (decisión que no fue bien recibida por algunos sectores), el presidente Iván Duque conformó una comisión para revisar todos los procedimientos de la Fuerza Pública en esta materia.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa

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