“Las precarias condiciones de hacinamiento que han venido caracterizando el ámbito penitenciario (...) lejos de superarse, vienen agravándose como consecuencia de la inoperancia de las entidades encargadas de brindar servicios a los privados de la libertad, así como de los encargados de ejecutar las decisiones judiciales”.
Así lo concluyeron tres investigaciones de la Contraloría General que rajaron la gestión del Instituto de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Inpec) y de la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec).
Una de las dificultades consiste en que el Inpec no ha logrado mejorar su efectividad para vigilar a la población beneficiaria de detención domiciliaria, o brazaletes electrónicos, lo que hace que esta política –que buscaba bajar el hacinamiento concediendo estos beneficios a los detenidos por delitos menos graves– esté en riesgo.
Parte de las dificultades es la capacidad limitada del Inpec. Aunque tiene que vigilar a 116.773 presos, cuenta con 11.809 servidores públicos del cuerpo de custodia y vigilancia. De ese grupo, 650 prestan actividades de apoyo administrativas, y 33 están suspendidos por irregularidades.
La situación se agrava teniendo en cuenta que además de la vigilancia de las cárceles, el Inpec debe supervisar a las 56.805 personas con detención domiciliaria, y 3.371 con vigilancia electrónica, labor que no está cumpliendo a cabalidad.
La Contraloría evidenció que el 74 por ciento de fugas que se dieron el año pasado (en total se fugaron 1.158 personas) eran detenidos o condenados que tenían detención domiciliaria o brazalete.
Esa situación se genera, entre otras razones, porque hay casos en los que el Inpec solo informa a los jueces que no encontraron al condenado o sindicado en su domicilio hasta tres meses después de que hicieron la visita.
“La labor de visitas de verificación de detención y prisión domiciliaria es una actividad que hace parte de los servicios de seguridad de los Eron, para lo cual el instituto alterna esta labor con otras actividades, priorizando los servicios esenciales como las remisiones judiciales y médicas”, asegura la investigación.
La Contraloría también encontró que el año pasado había 4.040 brazaletes en servicio de los 5.755 que fueron contratados, lo que muestra que al menos 1.715 condenados estaban por fuera del monitoreo. Además, la falta de dispositivos disponibles tenía en espera a 2.294 reclusos que no habían podido recibir el beneficio y llevaban esperando meses.
Pese a las fallas por las fugas, el Inpec le indicó a la Contraloría que esos casos no reflejan una falla de servicio porque los fugados “se encontraban disfrutando de un beneficio otorgado por la autoridad judicial, y su labor se limita a la verificación de cumplimiento”.
El Inpec tampoco informó qué actividades ha hecho para disminuir las fugas tanto de los que están en las cárceles como de los que gozan con medidas alternativas.
Pese a la carga laboral y a ese tipo de inconsistencias, la entidad es una de las que en el país recibe más permisos sindicales. La investigación determinó que en el 2016, unos 6.645 funcionarios contaron con este tipo de permisos, y cuyo tiempo por fuera del trabajo sumó 41.019 días, en los que “no se ejercieron funciones correspondientes a la misión de la entidad, lo cual está afectando la actividad de custodia”.
La situación es tan grave que incluso se encontró que hay vigilantes que no desempeñan sus funciones hasta por 150 días al año.
Además de las dificultades operativas del Inpec, otro de los problemas que siguen manteniendo en crisis el sistema carcelario es que la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (Uspec), encargada de administrar los recursos para las obras de infraestructura, la alimentación y la salud de los presos, mantiene una “deficiente gestión”.
Para la Contraloría, es claro que el esfuerzo que el Gobierno ha hecho para crear nuevos cupos en las cárceles “está fracasando ante la incapacidad de la Uspec para gestionar los recursos presupuestados”.
Según la investigación del organismo, en el 2016, esta entidad no logró ejecutar el 90,5 % de los 248.046 millones de pesos que se le habían asignado para invertir y mejorar el sistema penitenciario.
La mala gestión de la entidad, según la Contraloría, ha llevado a que se les estén entregando a terceros responsabilidades que son suyas. Por ejemplo, el 72 % de las reservas presupuestales se tercerizaron para que otras entidades contrataran obras para crear nuevos cupos.
También se encontró un contrato con Fonade por 426.129 millones de pesos, firmado en noviembre del año pasado y en el cual se contemplan gastos por 33.429 millones por cuota de gerencia y costos operativos, “circunstancias que limitan aún más los recursos disponibles para implementar nuevos cupos”.
La alimentación en las cárceles también fue tercerizada, para lo que se escogieron proveedores a través de la Bolsa Mercantil, lo que llevó a que parte del dinero para alimentar a los presos terminara cubriendo “comisiones” y otros gastos.
JUSTICIA
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