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Investigación

Defensoría abre investigación a funcionario por presunta presión política

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, durante el foro de EL TIEMPO

Carlos Camargo, defensor del Pueblo, durante el foro de EL TIEMPO

Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Carlos Camargo advirtió que funcionarios no pueden promover campañas o candidatos.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo hizo un llamado a todos los servidores de la entidad para que ajusten sus comportamientos a la prohibición legal que tienen para participar en política.
Añadió que el incumplimiento de esa prohibición puede constituirse en falta grave en materia disciplinaria y en una conducta delictiva.
El llamado lo hizo, al conocer una denuncia en la que se señala a un funcionario de la Regional Pacífico, como presunto responsable de presiones indebidas a contratistas para favorecer los intereses de un dirigente político.
“Cualquier acción indebida de un servidor público que pueda ser interpretada como proselitismo político, lesiona gravemente la objetividad del ejercicio de la función pública. Por lo tanto, no vamos a permitir este tipo de acciones al interior de la Entidad. Estamos comprometidos por la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, para que puedan ejercer libremente su derecho a elegir y ser elegidos”, agregó Carlos Camargo.
Y añadió: "acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política, es una conducta sancionable disciplinariamente".
La Defensoría señaló que luego del traslado de la información por parte de la Procuraduría, la Oficina de Control Interno de la entidad abrió investigación disciplinaria contra el funcionario y ordenó la práctica de pruebas y comisionó a una profesional especializada para que lleve el proceso.
“No toleraremos conductas como ésta, por el contrario es nuestro deber como servidores públicos y defensores de los derechos humanos dar ejemplo de transparencia e imparcialidad en este y todos los procesos electorales”, puntualizo Carlos Camargo.
La Defensoría del Pueblo recordó que cuando se trata de faltas disciplinarias de naturaleza gravísima, las sanciones pueden conllevar eventualmente a la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años del servidor público que sea declarado como responsable de su comisión.
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com
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