El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, le envío una carta de 6 páginas al director de la Policía Nacional, el general Óscar Atehortúa, en la que le solicita información para lograr "prevención del riesgo y garantías de no repetición por presuntos actos de abuso policial en varias ciudades del país".
En la misma, el Defensor señala que su labor es hacer prevalecer los derechos, y que por ello, ante los "desafortunados hechos ocurridos en las últimas semanas en diferentes zonas del país, relacionados con presuntos casos de abuso policial se remite el siguiente cuestionario".
El cuestionario se basa en 27 preguntas. La primera, busca verificar si la Inspección General de la Policía está adelantando las investigaciones sobre los presuntos casos de abuso policial.
Le pide al Director de la Policía que en caso de ser afirmativa la respuesta, especifique en qué consiste el procedimiento, el marco jurídico y la resolución que lo soporta. De igual forma, le pide señalar si ha compulsado oficios para que otras entidades o instituciones investiguen los casos de abuso policial.
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Camargo le pregunta al director de la Policía, ¿Qué medidas se han tomado para sancionar a los presuntos responsables, y especialmente, para evitar que vuelvan a suceder?
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La Defensoría pide conocer la taza de efectividad - en los últimos cinco años - a las denuncias de abuso policial.
Pregunta, si la Policía y la Fiscalía, cruzan de alguna forma, las denuncias sobre abuso policial. Otro cuestionamiento hace referencia a una explicación de las órdenes que se imparten a nivel central, y que deben ser ejecutadas por los mandos en las regiones.
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¿Cuáles son las sanciones para los policías que no se identifican u ocultan en medio de los procedimientos? ¿Qué sanciones internas contempla la Policía Nacional cuando se ha comprobado la comisión de actos de abuso de autoridad por parte de sus agentes ¿Existe información cuantitativa sobre los casos de reincidencia de violencia policial?
De ese tipo son las preguntas enviadas por el Defensor - que hace énfasis - en acciones preventivas de los casos de abuso policial .
La Defensoría le recuerda al general Atehortúa que con base en el artículo 16 de la Ley 24 de 1992 tiene cinco días hábiles para responder.
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