La Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado ocurrido hace 22 años cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en el norte de Bogotá. Esto quiere decir que los procesos abiertos por la muerte del dirigente conservador no prescribirán.
Un fiscal de derechos humanos concluyó que el atentado en el que perdió la vida el candidato a la Presidencia hizo parte de la política de exterminio de políticos que alzaron su voz contra el narcotráfico y que fue aplicado en este caso por el cartel del Norte del Valle.
Según la Fiscalía, se demostró que en la década de los 90 también se cometieron toda clase de vejámenes y violaciones de los derechos humanos como amenazas, secuestros y asesinatos de periodistas y políticos por el hecho de hacer denuncias relacionadas con la injerencia de los dineros del narcotráfico en la vida política.
El ente investigador ordenó a la investigadora Gladys Esperanza Urrego que identifique, ubique e individualice a Jorge Eliécer Asprilla, alias el Negro Asprilla, con el fin de ser escuchado en declaración en un término de 30 días.
Pidió que se oiga en diligencia de declaración a Óscar Iván Henao Montoya, alias Búfalo, el día 22 de enero del 2018 a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones del búnker de la Fiscalía. También ubicar al narcotraficante Henry Loaiza Ceballos, el 'Alacrán', para ser escuchado en diligencia de declaración.
Además, se deberán conseguir las hojas de vida de los entonces policías Antonio Acuña Marcos, William Duarte y Luis Guillermo Parra.
La oficina del Fiscal también espera recibir un informe sobre las gestiones realizadas en razón a la carta rogatoria del 4 de agosto de este año enviada a Suiza con el fin de conseguir la declaración de Arcángel Henao Montoya.
Así mismo, se pidió a Estados Unidos se permita la declaración de Ramón Alberto Quintero Sanclemente, que se encuentra en ese país.
El asesinato de Gómez Hurtado y su conductor, José del Cristo Huertas, ocurrió en noviembre de 1995. En repetidas ocasiones, la Procuraduría pidió que este crimen se declarara como de lesa humanidad. Para el Ministerio Público, el asesinato fue cometido por el narcotráfico en colaboración con agentes del Estado.
