'Un corrupto en Contraloría es como un violador de rector de jardín'

'Un corrupto en Contraloría es como un violador de rector de jardín'

El saliente contralor, Edgardo Maya, hizo fuertes críticas al proceso de elección de su reemplazo.

Edgardo Maya Villazón

Para Maya, con la elección popular de alcaldes y gobernadores, y la circunscripción nacional para ser senador, la Carta del 91 abrió la puerta a la corrupción. 

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Por: Justicia
13 de agosto 2018 , 04:19 p.m.

En un foro sobre corrupción en Colombia, que se lleva a cabo este lunes en la Universidad Externado de Colombia y en el que se presentan los resultados de una gran investigación sobre ese mal que tanto ha golpeado al país, el saliente contralor, Edgardo Maya Villazón, alzó la voz contra la estructura actual del órgano de control fiscal y sobre el mecanismo que se está usando para elegir a su reemplazo. 

Maya afirmó que es necesario e indispensable que exista un solo órgano de control en Colombia porque "hoy hay 63, cada uno independiente". Y agregó: "En ninguna nación existe este caos en el control fiscal".

Maya aseguró que 50 billones de pesos se han perdido por los corruptos en los últimos años, por lo que no da espera crear una Contraloría única. Dijo que se debe unificar el criterio del control fiscal para mirar el buen uso de bienes y recursos.

También aseguró que el 96 por ciento de los funcionarios públicos de la Contraloría son de carrera administrativa aunque se deben retomar las evaluaciones periódicas. "Solo el tiempo no puede ser un indicador de continuidad", indicó.

Maya habló sobre el proceso de elección del Contralor y afirmó que el Gobierno "no necesita un contralor de bolsillo". 

"Poner a un corrupto a manejar la Contraloría es lo mismo que nombrar de rector de un jardín a un violador", dijo Maya.

Así mismo, criticó el rechazo que hubo a la norma que impedía llegar a la Contraloría a una persona sancionada. "Luego suprimieron otra norma, la que decía que no podían ser familiares de los parlamentarios", insistió.

Debate en el Externado

En el conversatorio 'La Corrupción en Colombia' en la Universidad Externado, las cabezas de los órganos de control y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez discutieron sobre el problema de la corrupción en Colombia y las vías para atacar este flagelo.

La vicepresidenta afirmó que "Los resultados hasta ahora son ineficaces. Todos los días vemos que la corrupción nos está desbordando. Ha habido avances legislativos pero es lamentable el resultado de estos avances", dijo.


"El gobierno actual tiene la voluntad política de meterse de fondo en la lucha contra la corrupción. El principal foco tiene que ser la transparencia. Una de las iniciativas será la profesionalización del servicio civil y acabar el sistema clientelista", aseguró.

Sobre el proyecto que el gobierno de Duque presentó, dijo que será complementario con otros paquetes que se presentarán en el Congreso.

Ramírez aseguró que hay que trabajar en generar una cultura de lo ético. "Nos limitamos a normas y sanciones pero hay que ir atrás. Corregir la corrupción implica tener unos estándares éticos elevados", afirmó, diciendo que esto tiene que ver con el hogar, la familia y la educación.

La vicepresidenta dijo que es importante medir la corrupción en cada sector, que hay que posicionar la corrupción como un tema de primerísima necesidad y que es urgente acabar la relación corrupción, narcotráfico y conflicto. También aseguró que se deben acabar los clanes familiares corruptos.

Ramírez llamó la atención sobre los carteles en el sector privado que, para aumentar sus rentas, acuden a prácticas ilegales.

Sobre la relación entre corrupción y violación de derechos humanos, el procurador, 
Fernando Carrillo, aseguró que esta problemática emerge de un problema territorial y la conexión con lo global y en consecuencia "La lucha contra la corrupción se tiene que volver una preocupación global".

Aseguró que el Sistema de Naciones Unidas ha evolucionado para ver cómo la corrupción afecta estos derechos humanos, pues la violación de derechos económicos y sociales "es la principal amenaza contra la democracia"

Dijo que hoy caminan por caminos nuevos, distintos a la contratación pública, como el financiamiento de la política o la descentralización. "El suicidio de la descentralización es la corrupción", dijo.

Carrillo hizo un llamado para respetar la independencia de los organismos de control y afirmó que el Gobierno no puede aspirar a tener "organismos de control arrodillados".

El Procurador también dijo que no se trata de crear un tribunal internacional de lucha contra la corrupción, como lo ha sostenido el canciller Carlos Holmes, sino de fortalecer los mecanismos regionales "antes de crear una Corte Penal contra la Corrupción".

Dijo que se debe crear un bloque de búsqueda contra la corrupción, como, por ejemplo, para develar las irregularidades en las Corporaciones Autónomas Regionales. Dijo que contra esos organismos hay 256 indagaciones preliminares, y 46 investigaciones. "Casi 400 asuntos relacionados con corrupción en las CAR", dijo Carrillo, pidiéndole a la vicepresidenta presentar un proyecto para modificarlas. Y apoyó la idea de eliminar contralorías territoriales.

Frente a la impunidad, como una forma que hace rentable a la corrupción, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que el poder disuasivo de la acción penal se logra sólo en la medida en que haya penas condignas y que la probabilidad de castigo sea cierta.

Afirmó que la Fiscalía está investigando todos los casos de corrupción, pero no solo bajo el prisma bogotano, pues "lo más grave es lo que está ocurriendo en la democracia local".

Inisistió en que el plan Bolsillos de Cristal ha llegado a todas las regiones de Colombia para lograr la judicialización de más de 2.200 personas por corrupción. En año y medio esos delitos comprometen una cuantía de 4 billones de pesos.

De hecho, ese órgano de control, de acuerdo con Martínez, tiene 100 fiscales contra la corrupción. "Esto ha permitido que la confianza ciudadana aumente. Los delitos de mayor tasa de crecimiento en el 2017 fueron los de corrupción. No porque haya más corrupción, sino porque hay más confianza ciudadana en la denuncia", dijo.

El Fiscal insistió en que uno de los graves problemas del sistema penal es que los beneficios de reducción de pena hace que las sanciones sean débiles y que la ciudadanía piense que sí es rentable delinquir.

Por eso celebró la decisión del Gobierno de revisar las penas en casos de corrupción, pues hoy, por ejemplo, un cohecho tiene una pena de entre 6 a 9 años, pero si la persona se allana a cargos tiene un 50 por ciento de rebaja, es decir, termina con una medida de de 4,5 años, que finalmente puede terminar en uno por las rebajas de trabajo y estudio. "Y si sale libre con las tres quintas partes casi que quedamos debiendo pena", criticó Martínez. 


Justicia
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