En un cuarto de siglo de investigaciones, solo hasta este sábado sonó la hipótesis de que las Farc estuvieron tras el magnicidio, el 2 de noviembre de 1995, del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado. La tesis, que sale de una carta enviada por Farc a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y de un comunicado en el que dicen que contarán por qué era un “objetivo militar”, no deja de sorprender no solo a un amplio sector del país sino a los fiscales que por estos 25 años han estado frente al caso.
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Por años las hipótesis han virado entre un homicidio de exnarcotraficantes, un asesinato cometido por militares como retaliación porque Gómez no colaboró con un supuesto golpe de Estado contra Ernesto Samper, y un crimen de Estado gestado por el gobierno de Samper –versión que defiende la familia de Gómez Hurtado–.
“Desde que arrancó la investigación nunca hubo una sola versión ni se investigó una sola hipótesis que apuntara a las Farc”, señaló Alfonso Valdivieso, el primer fiscal general (1994-1997) que tuvo el caso.
En el mismo sentido habló Alfonso Gómez Méndez, fiscal entre 1997 y 2001. “Recibo esto con total desconcierto, en ningún momento había aparecido siquiera un leve indicio de las Farc”, indicó. Aunque añadió: “Podría llegar a ser cierto, pero deben demostrarlo. No basta con atribuirse el crimen, deben dar todos los detalles y pormenores; solo entonces se sabrá si se trata de una confesión real”.
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Podría llegar a ser cierto, pero deben demostrarlo. No basta con atribuirse el crimen, deben dar todos los detalles y pormenores; solo entonces se sabrá si se trata de una confesión real
Mario Iguarán, quien entre 2005 y 2009 fue el fiscal general, agregó que ni siquiera en los computadores del excomandante guerrillero Raúl Reyes, recuperados tras su muerte, “se insinuó un elemento, evidencia o información que indicara que habían sido las Farc”, dijo.
No obstante, señaló que, en principio, habría que creerles porque si sus declaraciones son falsas, serían expulsados de la JEP por cometer, tras la firma del acuerdo de paz, el delito de falsa acusación y si salen de esa jurisdicción, por sus crímenes se exponen a penas de 40 años de cárcel en la justicia ordinaria; un riesgo que difícilmente tomarían, explicó.
Para Eduardo Montealegre, fiscal entre 2012 y 2016, hay que investigar las afirmaciones del ahora partido político Farc seriamente. Para él, las hipótesis que se han investigado todos estos años no tienen pruebas sólidas. “Las Farc no tienen razón para mentir. Si lo hacen, pierden todos los beneficios de la JEP. Hay más razones para creerles que para desvirtuar su confesión”, sostuvo.
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Por último, Néstor Humberto Martínez, quien hasta mayo de 2019 fue fiscal general, consideró que la versión “no tiene sustento en el expediente judicial”. En su periodo, todo apuntó al cartel del norte del Valle, explicó. De hecho, fue así como quedó en la declaratoria, en 2017, de este como un crimen de lesa humanidad ligado a las posturas de Gómez Hurtado contra el narcotráfico.
Lo cierto es que en 25 años solo se ha llegado a una condena, la de Héctor Paúl Flórez, sentenciado a 40 años señalado de disparar contra el líder político.
Frente a la confesión de Farc, el presidente Iván Duque dijo este sábado que le generaba dudas pero que la justicia deberá determinar su veracidad. “Que la justicia haga lo que tiene que hacer, que la justicia especial oiga los testimonios que tenga que oír, pero que la justicia que viene haciendo las investigaciones no las deje de hacer y que después se cotejen cómo son realmente las circunstancias”, señaló.
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Gómez Hurtado fue asesinado por sicarios cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá, tras dictar una clase.
Archivo EL TIEMPO
La versión de Farc ante la JEP no significa que, de inmediato, esa justicia asuma el proceso ni que se quede con todo el expediente. La justicia transicional tiene competencia solo para casos ocurridos con ocasión del conflicto, pero la Fiscalía puede seguir investigando las otras hipótesis que no tienen nada que ver con la guerrilla –de hecho, voceros del ente acusador dijeron que continuarán con sus diligencias–, y ante un eventual choque de competencias será la Corte Constitucional la que dirima el tema.
Incluso, si en la JEP las antiguas cabezas de las Farc hablan de personas que estén por fuera de la competencia de esa justicia transicional, se pueden compulsar copias para la Fiscalía o la autoridad que corresponda las investigue.
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Valdivieso consideró que la JEP deberá adelantar una investigación a fondo “porque no se trata solo de aceptar lo que digan las Farc”. Y Gómez Méndez explicó que la Fiscalía debe analizar si hay sustento en esa confesión, y “si el crimen realmente tiene relación con el conflicto, la JEP tendría competencia en ese aspecto. Pero como hay varias hipótesis que no lo atan al conflicto, la Fiscalía podría quedarse con esa parte”, dijo.
Para Iguarán, la Fiscalía debe seguir con el impulso que le ha dado al caso, “sin perjuicio de que si mañana la JEP comprueba que es verdad, se termine el proceso ordinario”. Montealegre, por su parte, consideró que no hay discusión en que el caso debe pasar a la JEP, “por la Constitución, la justicia transicional tiene poder preferente”, explicó.
Sería muy delicado que, si como dice el expediente, no hay antecedente que vinculen esto al conflicto, se le quite la competencia a la Fiscalía
Pero para el exfiscal Martínez sería un error quitarle la competencia a la Fiscalía de entrada. “Sería muy delicado que, si como dice el expediente, no hay antecedente que vinculen esto al conflicto, se le quite la competencia a la Fiscalía en esta última fase. Mientras no se establezca que el asesinato fue en desarrollo del conflicto armado, la Fiscalía debe continuar avanzando en sus investigaciones”, concluyó.
En todo caso, en la justicia transicional hay aún un camino empinado para que Farc sea procesada por el magnicidio del líder político, así como por los otros 5 homicidios que reconocieron los exguerrilleros.
Primero porque estos crímenes no tienen cabida en ninguno de los macrocasos que hasta ahora tiene abiertos la JEP, por lo que se deberá analizar cuál será el manejo para ellos. Y segundo porque, como dijeron los fiscales, entre una confesión y la verdad judicial, es decir, lo probado en un caso, hay un largo trecho.
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MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de Justicia
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