¿Debería flexibilizarse el porte de armas, como medida de los ciudadanos para defenderse? Esa pregunta, que se desprende de un polémico proyecto de ley que presentaron esta semana miembros del partido Centro Democrático, ha generado un debate público que llevó a que el gobierno y hasta Álvaro Uribe, líder de ese partido, se pronuncien.
El proyecto de ley es presentado por los congresistas María Fernanda Cabal y Christian Garcés y busca eliminar la figura de porte especial de armas, creada en 2016 y que suspende los permisos de porte de armas de fuego y deja la potestas a las autoridades militares para expedir permisos especiales mediante los cuales se pueden portar estas armas.
De acuerdo con Cabal, esto ha "reducido las posibilidades de protección personal a miles de colombianos que venían beneficiándose del poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado", y en un comunicado conjunto Garcés añadió que la idea no es armar a todos los colombianos sino fortalecer el monopolio sobre las armas: "De cercad de 400.000 licencias que había en 2016 pasamos a 6.000 mientras 2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas en la gran mayoría de los delitos", mencionó.
Sin embargo, para expertos este no es un tema tan sencillo ni sería lo más adecuado eliminar el porte especial. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que el límite al porte de armas debe mantenerse "porque efectivamente ha contribuido a reducir la violencia, hay estudios que así lo demuestran, esto no solo la violencia homicida sino también de lesiones personales por arma de fuego".
Es decir, flexibilizar las condiciones para portar un arma de fuego podría tener un impacto en el aumento de homicidios y lesiones personas en Colombia.
(En contexto: La polémica por la propuesta sobre el porte de armas)
Restrepo añadió que aunque sí se requiere una reforma al sistema para el porte especial de armas de fuego, la solución no es eliminarlo sino ajustar cosas como que existe gran "discrecionalidad por parte de unidades militares sobre a quién se le da permiso, y esto no está basado en una evaluación del riesgo que tenga una persona y que justifique que, como medida disuasoria, tenga un arma". También señaló que es necesario que se demuestre que la persona le va a dar un buen uso a esa arma y que no va a poner en riesgo la vida de personas a su alrededor, como su familia.
Explicó también el director de Cerac que la responsabilidad principal de proteger la integridad de los ciudadanos es de la Fuerza Pública, y no de ellos mismos, y que contrario a lo que plantean los congresistas, flexibilizar el porte facilitaría la desviación que hoy ya ocurre hacia la delincuencia. "En últimas es un aumento de la oferta de armas a disposición del crimen organizado y la delincuencia. Mantener las restricciones a los permisos de porte de armas de fuego facilita el control de armas porque es así como fácilmente cualquier miembro de la fuerza pública puede identificar si un arma está amparada por el Estado para ser portada o no".
En últimas es un aumento de la oferta de armas a disposición del crimen organizado y la delincuencia. Mantener las restricciones a los permisos de porte de armas de fuego facilita el control de armas
El politólogo Fernando Posada, director estudios de Colombia y Latinoamérica de Al Centro, una incubadora de ideas sociales, también rechazó la idea de flexibilizar la tenencia de armas de fuego.
"El porte de armas nunca será la solución para enfrentar el crimen. Esa propuesta repite muchos elementos del horror del paramilitarismo: le quita al Estado el monopolio de la fuerza y lo entrega a la ciudadanía. El resultado es un Estado más débil y una ciudadanía más violenta", comentó a través de sus redes sociales.
Y el director del centro de investigaciones económicas y financieras de la universidad Eafit, Santiago Tobón, expuso que evidencia en otros países sugiere que no debería facilitarse al acceso al porte de armas.
Explicó que entre 2000 y 2010 más de 20 estados de Estados Unidos aprobaron leyes que ampliaron la justificación legal para el uso de la fuerza letal en defensa propia, pero, citó Tobón, una investigación que hizo una evaluación de impacto de estas medidas, realizada por Cheng Cheng y Mark Hoekstra y publicada en 2013 por el Journal of Human Resources, encontró que "Estas medidas no tienen un poder disuasivo sobre distintas formas de hurto y las agresiones; y que estas medidas aumentaron en 8 por ciento los homicidios", citó Tobón.
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En este debate hasta el gobierno, que también hace parte del partido Centro Democrático, del que son Cabal y Garcés, ha dicho que el porte de armas debe ser excepcional.
Rafael Guarín, el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, señaló: "En el Estado social de derecho, tener permiso de porte o tenencia de un arma de fuego debe ser una situación extraordinariamente excepcional, jamás un derecho".
El consejero añadió que el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra ni el porte de armas y que controlar rigurosamente las armas que tienen permiso y perseguir implacablemente las ilegales es una medida que contribuye a reducir el delito.
Tema muy delicado, no pidamos generalización de porte de armas, manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas. https://t.co/UFRsCfPS8t
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 17, 2021
Hasta el propio exsenador y expresidente de la República, Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, se opuso a la medida.
"Manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas", expuso Uribe a través de sus redes sociales.
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