Escobas, traperos, pocillos, botas y hasta exprimidores de naranja hacen parte de la lista de bienes entregada por las Farc al Gobierno, el 15 de agosto, y que fue remitida un día después a la Fiscalía General, que calificó de irrelevante gran parte de la información contenida en esos 135 folios.
En una carta enviada por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, al ministro del Interior, Guillermo Rivera, el jefe del ente investigador llamó la atención no solo sobre la inclusión de utensilios sin valor y que no serán una fuente de reparación de las víctimas en el inventario, sino sobre la presentación de elementos que no corresponden realmente a activos.
Por ejemplo, uno de los capítulos más polémicos del inventario es el de “bienes por concepto de inversión social”, en el que relacionan tratamientos médicos como cirugías umbilicales por 3 millones de pesos, extracción de venas várices por 1,6 millones de pesos y una cirugía de cavidad de pene a un joven por 150.000 pesos. En total, desglosa tratamientos por un valor de 20 millones de pesos.
También dice que los 3.753 kilómetros de vías que relacionan las Farc no pueden hacer parte del inventario porque la infraestructura vial “es inajenable”. Lo mismo, con el armamento entregado a la ONU, pues su disposición quedó establecida en una norma independiente al tema de los bienes. Criticó que los predios y otros activos fueron relacionados de forma general, lo que hace imposible su verdadera identificación.
“El documento entregado se caracteriza por la indeterminación de los activos relacionados, lo cual debería ser enmendado a la brevedad”, dice el Fiscal, quien agrega que si no se hace será imposible integrar esos bienes al fondo de víctimas.
De acuerdo con el Fiscal, las propiedades se identifican en el inventario solo con el nombre: ‘Casa Verde’, ‘La Chocolata’, ‘El Naranjal’, ‘Los Tempranos’... “lo que hace francamente inútil e improcedente el inventario presentado”.
En el documento, las Farc también relacionaron 241.560 hectáreas de predios rurales, 130 cabezas de ganado y 49 vehículos.
La Fiscalía señala que sin la identificación de los bienes, es decir, sin que se tenga información sobre la matrícula, la cédula catastral, las placas de los vehículos y el sitio exacto donde están, los mismos podrán ser objeto de extinción de dominio a cargo del ente investigador.
“Como el presunto inventario no identifica jurídicamente los bienes inmuebles, la Fiscalía entiende que –por ahora– no hay inmuebles de las Farc que escapen a la acción real de extinción”, dice la carta.
Martínez también llamó la atención sobre los bienes que ya son objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía, pues dice, esos 1,7 billones de pesos no pueden terminar siendo destinados al fondo de bienes concebido en el Decreto 903 del 2017 para indemnizar a las víctimas o para financiar los programas a favor de los mismos desmovilizados de las Farc.
“Para este despacho es inaceptable que las Farc pretendan incluir dentro de la relación de sus bienes y activos, aquellos que justamente se abstuvieron de inventariar y que forman parte del listado de activos que la Fiscalía atribuye al patrimonio ilícito que acumularon por años como producto del narcotráfico, el secuestro y la extorsión”, se lee en la carta.
Finalmente, exhortó al Gobierno para que defina con prontitud los mecanismos y la entidad encargada de administración de los bienes inventariados.
Anoche, el ministro Rivera respondió al Fiscal y anunció que el Gobierno está “preparando” un decreto en el que se crea una comisión intersectorial del Gobierno para verificar e identificar la existencia de esos bienes y para tomar medida para su custodia.
“En ese mismo decreto les estamos solicitando a las Farc que designen una comisión para que haga la entrega material de esos bienes”, dijo el Ministro.
Y añadió: “Nosotros no podemos hacer ningún tipo de valoración sobre el contenido de ese inventario, sino tomar acciones para garantizar que esos bienes sean entregados y que los mismos hagan parte del patrimonio autónomo”. Indicó que los bienes que no estén en el inventario serán competencia de la justicia ordinaria.
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