En cuatro municipios los alcaldes electos están detenidos

En cuatro municipios los alcaldes electos están detenidos

Uno de los alcaldes procesados por Fiscalía alcanzó a asumir el cargo, pero no podrá ejercer.

Posesión de Manuel Cadrazco

El acto, al cual acudieron los aliados políticos del ahora alcalde, se realizó bajo la presencia de la seguridad del centro penitenciario.

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
02 de enero 2020 , 09:55 p.m.

Preso en una cárcel de Corozal, Sucre, se posesionó Manual Cadrazco Salcedo como nuevo alcalde del municipio sucreño de San Benito Abad. Como testigos de su posesión como mandatario local, que ocurrió el pasado 27 de diciembre ante un notario, actuaron un par de reclusos y en fotografías publicadas en redes se lo ve posar acompañado de guardias del Inpec.

Su posesión causó que el Consejo Nacional Electoral recordara, a través de su presidente, Hernán Penagos, que ninguna persona privada de la libertad debe asumir el cargo, pese a haber sido elegidos en los comicios del 27 de octubre pasado.

Manuel Cadrazco, quien pretendía tomar las riendas del municipio, es investigado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía le imputó cargos al considerar que el político no podía justificar un incremento patrimonial cercano a los tres mil millones de pesos.

Cadrazco fue detenido junto a su esposa, en septiembre, y luego resultó ganador en las urnas con 8.427 votos. Según dijo su abogado a la emisora W Radio, su posesión se realizó porque no tiene condena en su contra y para evitar unas elecciones atípicas en el municipio. Sin embargo, mientras siga detenido, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, tendrá que nombrar a un encargado.

Cadrazco es uno de los cuatro alcaldes electos que comenzaron el año tras las rejas, de acuerdo con reportes oficiales de la Fiscalía General. Todos tienen medidas de aseguramiento y están vinculados a investigaciones penales.

Allí figura también el proceso contra Daniel Ricardo García Castillo, elegido como alcalde del Valle de San Juan, Tolima, y procesado por concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante. A García lo señalan de entregar materiales de construcción como tanques de agua, tejas de zinc, cemento y dinero en efectivo a cambio de votos.

García Castillo, quien es hijo del excongresista condenado por ‘parapolítica’ Gonzalo García Angarita, fue capturado el 25 de octubre, antes de las elecciones en que obtuvo 2.114 votos y en el mismo proceso resultó vinculado el exalcalde para el periodo 2.016–2.018, Héctor Orlando Padilla Barragán. Por esta razón, el anterior gobernador del Tolima ya había tenido que nombrar a un alcalde encargado y se espera que el actual gobernador, Ricardo Orozco, haga lo mismo.

Una decisión similar tendrá que tomar el nuevo gobernador de Huila, Luis Enrique Dussán, respecto al municipio de El Agrado. Se está a la espera del nombramiento de un alcalde encargado, pues el ganador de las pasadas contiendas electorales, Carlos Alberto Murcia Méndez, es procesado junto a la exmandataria local Aldina Losada Vega y la exconcejal Bertilda Ramírez Valderrama. Son señalados de la práctica conocida como ‘trasteo’ de votos, es decir, de trasladar a varias personas no residentes en el municipio para que inscribieran allí sus cédulas.

También se les señala de haber negociado votos a cambio de vinculaciones laborales o de entrega de beneficios a través de programas de vivienda o proyectos productivos impulsados desde la alcaldía del Agrado.

Y el cuarto caso de un mandatario electo que está tras las rejas es el de Lauro Nel Arturo Guerrero, electo con 2.937 votos en El Rosario, Nariño. Fue detenido por el CTI de la Fiscalía el 24 de octubre, señalado de ofrecer dádivas para lograr el respaldo de los votantes en la contienda electoral. En este municipio del suroccidente colombiano, los dos candidatos enfrentaron las elecciones tras las rejas. El contendor de Guerrero, Alberto Folleco Eraso, también siguió los resultados de los escrutinios tras las rejas.

Ambos candidatos fueron señalados por la Fiscalía de ofrecer hasta 500.000 pesos a cambio de votos y de contratar buses para movilizar electores que no eran oriundos de El Rosario.

En su alerta, el Consejo Nacional Electoral recordó que ninguna persona designada, nombrada o elegida para ejercer funciones públicas podrá posesionarse en su cargo mientras pese en su contra una medida de aseguramiento preventiva.

En otros casos, como en Bello, Antioquia, el alcalde Óscar Andrés Pérez se posesionó, pese a tener un brazalete electrónico como medida de aseguramiento. Es investigado por presuntas irregularidades en contratación en una pasada administración.

JUSTICIA
Twitter: @JusticiaET
Justicia@eltiempo.com

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