Cuenta regresiva para que la Corte defina situación jurídica de Uribe

Cuenta regresiva para que la Corte defina situación jurídica de Uribe

Allegados al expresidente e Iván Cepeda coinciden en que plazo para decisión vence el 23 de octubre.

Álvaro Uribe Vélez

Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia.

Foto:

Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por: Justicia
12 de octubre 2019 , 06:39 p.m.

Aunque al día siguiente de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema, el miércoles pasado, empezaron a correr los términos legales para que el alto tribunal resuelva su situación jurídica, lo cierto es que la decisión no se tomaría en ese plazo.

Curtidos abogados litigantes, e incluso personas vinculadas a la administración de justicia, señalaron que tradicionalmente, esos términos (de diez días hábiles) poco se cumplen y que ante la complejidad de la investigación por los delitos de fraude procesal y soborno, y las repercusiones que tendría cualquier decisión, los magistrados se tomarían su tiempo para tener una resolución sustentada y muy bien argumentada.

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El plazo oficial vencería el 23 de octubre, pero personas cercanas a Uribe y al senador Iván Cepeda, acreditado como víctima, dijeron que sería más que entendible que tomara más tiempo.

Y es que la decisión de cinco de los seis magistrados de la Sala de Instrucción (la magistrada Cristina Lombana no puede participar en la votación por estar recusada) no es de poca monta, y se trata ni más ni menos que de resolver si el expresidente y senador es privado de su libertad mientras avanza la investigación por el supuesto intento de incidir en testigos para cambiar sus versiones.

El encargado de proyectar la decisión será el magistrado César Augusto Reyes Medina, quien adelanta la instrucción del proceso al que quedó vinculado formalmente Uribe luego de la indagatoria del martes.

El magistrado debe establecer si hay, al menos, dos indicios graves de que el senador pudo haber cometer los delitos investigados. También, si existe riesgo de que no acuda al proceso, de que pueda afectar la investigación o que pueda ser un riesgo.

De ser así, podría proponer a la Sala que se emita una orden de captura en su contra. Y si el análisis es contrario, la Sala determinaría que Uribe continúe libre mientras avanza la instrucción. Incluso, la Sala podría considerar que no hay elementos de juicio que lo comprometan y declarar la preclusión, con lo que terminaría el proceso.
Penalistas consultados por EL TIEMPO señalaron que aunque el proceso se adelanta por el viejo código, la legislación permite aplicar figuras del nuevo sistema “frente a asuntos procesales sustanciales como la privación de la libertad”.

Así, en caso de considerar que se requiere una medida de aseguramiento, podrían acudir a decisiones como la prohibición de salir del país, la orden de presentación periódica ante la justicia o, incluso, al pago de una caución, que en todo caso no representan privación de la libertad.

Recursos de las partes

La defensa de Uribe, el representante de Cepeda y la Procuraduría pueden hacer sus propias peticiones, y los abogados avanzan a marcha forzada en la redacción de esos memoriales para que sean tenidos en cuenta en la decisión final. La defensa de Uribe, además de manifestar que no hay un solo indicio para ordenar una medida de aseguramiento, estudia si pide de plano el cierre del caso.

Por su parte, los abogados de Cepeda aún no definen si presentarán alguna petición.
Una vez se resuelva la medida de aseguramiento avanzará la investigación, en la que se practicarían nuevas pruebas, entre ellas varias de las solicitadas por Uribe. Incluso podría ser citado a una nueva ampliación de indagatoria.

Y solo al final de ese proceso, que tomaría meses, se resolvería si hay evidencias para que el expresidente sea llamado a juicio, en cuyo caso el proceso pasaría a la Sala de Juzgamiento.

Reyes, el magistrado que indagó al expresidente

Un factor fundamental (en la justicia) es la independencia, y cuento con la absoluta independencia para tomar las decisiones que de manera libre y ajustada a derecho haya que tomar. No pertenezco a ningún partido político”.

Con esa frase, el hoy magistrado César Augusto Reyes Medina cerró hace un año su intervención ante la Corte Suprema, en la que fue elegido como integrante de la Sala de Instrucción.

Reyes, quien tiene en su despacho el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, no es tan conocido por sus litigios en juicio, pero su nombre aparece en cientos de tesis de grado de estudiantes de derecho que han estado bajo su tutela en 22 años de docencia. Tiene una especialización en docencia universitaria y sus exalumnos dicen que es exigente.

El martes, indagó durante 7 horas a Uribe, quien al final de la diligencia dijo que no tenía queja sobre él. “Procedió con su deber”, señaló.

Reyes es reconocido por su paso por la Defensoría del Pueblo, en donde no solo fue defensor público, sino que fue uno de los encargados de estructurar ese servicio en el país. En esa época combinaba las audiencias con los partidos de fútbol que organizaba y a los que asistían jueces y abogados. Con el inicio del sistema penal acusatorio a mediados de 2005, viajó por todo el país capacitando a los fiscales que aplicarían el nuevo Código Penal. Y ha estado muy vinculado a programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), para el fortalecimiento de la justicia en Colombia.

Fue conjuez del Tribunal de Bogotá y en la Corte Suprema de Justicia. Y en 2007 ya había intentado ocupar una vacante en la Sala Penal.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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