¿Cuándo las autoridades pueden allanar la vivienda de una persona?

¿Cuándo las autoridades pueden allanar la vivienda de una persona?

En procesos penales solo se puede ingresar a una casa con orden de la Fiscalía y un propósito claro.

Cartel Urbano denuncia intimidación de la Policía durante el allanamiento

Los miembros de la revista Cartel Urbano mostraron su indignación luego de que la sede de la revista fuera revisada por las autoridades.

Foto:

Cartel Urbano, en Twitter

Por: Justicia
20 de noviembre 2019 , 11:04 a.m.

Los allanamientos de las últimas horas, realizados por la policía con autorización de la Fiscalía, han generado controversia. ¿Hasta qué punto son legales esos procedimientos? ¿Quién los autoriza?

Estos son siete puntos que se deben saber sobre los allanamientos a residencias.

1-El artículo 28 de la constitución protege a los ciudadanos en su domicilio y señala que nadie podrá ser molestado ni detenido, ni su domicilio registrado sin que exista una orden de una autoridad competente.

2-Las autoridades con orden judicial pueden entrar a un domicilio a buscar evidencia o a capturar a una persona que tenga orden de detención. En todo caso, la autorización debe estar fundada en una orden de policía judicial en la cual los investigadores argumentan las razones de la petición y lo que podría encontrarse en el lugar.

3-El código de Policía abrió la posibilidad de que las autoridades ingresaran a domicilios sin orden judicial en algunos casos puntuales. Por ejemplo, para socorrer a alguien que pide auxilio, ante un incendio, cuando se evidencie que hay un extraño en la casa que ponga en riesgo los bienes de los propietarios, y cuando desde la vivienda se esté afectando a personas en el exterior. En todo caso, luego del procedimiento, se tendrá que realizar un informe de lo sucedido con copia al superior de los uniformados que lo realizaron y al dueño o responsable del inmueble.

(Lea también: 'No estamos en Suiza': Peñalosa sobre allanamientos)

4-Frente al primer caso, cuando los uniformados van a ingresar a un inmueble como parte de una investigación penal, el fiscal del caso debe expedir la orden explicando claramente lo que motiva la diligencia que se tendría que hacer entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. Una vez concluya el procedimiento y antes de 36 horas, el fiscal tendrá que ir ante un juez de control de garantías a legalizar lo que se encontró.

Se está hablando de allanamientos preventivos (...). Este enfoque es incompatible con un Estado de derecho y un derecho penal respetuoso de las libertades 

5-Las órdenes de allanamiento a un lugar deben ser precisas, es decir, se debe mencionar puntualmente cuál es el objetivo de la diligencia y precisar, por ejemplo, si es un conjunto de apartamentos, cual es la torre, piso y número del apartamento, y solo se podrá ingresar a ese sitio.

(Le sugerimos leer: Cartel Urbano denuncia intimidación de la Policía en el allanamiento)

6-El abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes sostuvo que la persona allanada “no pierde sus derechos y puede exigir ser asistida por abogado, conocer la orden y motivo del registro, estar presente todo el tiempo en el mismo y a fijar la diligencia en audio y video, porque eso es parte del derecho a contraprobar”. Incluso, dijo el abogado, puede pedir a un juez declarar la ilegalidad del acto dentro de las 24 horas siguientes a su realización.

7-Gómez Cifuentes señaló que no existen pruebas de inteligencia, las pruebas son parte de una investigación que ha pasado por control judicial. Sostuvo que no se puede justificar la realización de allanamientos acudiendo a supuestas pruebas de inteligencia.

8-El abogado Sebastián Escobar indicó que no hay allanamientos preventivos y que esas diligencias deben ser parte de una investigación. “Se está hablando de allanamientos preventivos sugiriendo que la Fiscalía está haciendo uso del derecho penal, que es de resultado y se activa cuando se ha producido una conducta punible, para evitar supuestamente que se cometan delitos. Este enfoque es incompatible con un Estado de derecho y un derecho penal respetuoso de las libertades porque supone la peligrosidad de los ciudadanos y se sustenta en prejuicios”.

Redacción Justicia
@JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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