Aunque las cifras nacionales del homicidio siguen bajando –en los primeros 5 meses del año van casi 400 asesinatos menos que en el mismo lapso del 2016–, en varias regiones del país ese delito está disparado. Y varias de ellas eran antiguas zonas de influencia de las Farc.
La alerta la lanzó el jueves el fiscal Néstor Humberto Martínez ante los alcaldes de todo el país reunidos en Valledupar, donde aseguró que si bien la tarea de mejorar los indicadores de seguridad se está cumpliendo a nivel general, “hay luces amarillas” que deben ser enfrentadas de inmediato.
“Si uno hablase a nivel de departamentos, hay que decir que el homicidio no está cayendo sino está creciendo”, afirmó el Fiscal en la octava cumbre de Ciudades Capitales. En algunas regiones, ese aumento llegaría al 59 por ciento en la tasa de homicidios, que es el número de casos por cada 100 mil habitantes.
Según el Fiscal, la desmovilización de las Farc ha generado vacíos de poder en algunas regiones: “¿Qué pasó en el Caquetá? Se desmovilizó ‘la autoridad’ de ese departamento, quien hacía imponer las reglas de convivencia. ¿Y qué está pasando? El homicidio está creciendo a tasas del 35 por ciento; esa es una realidad”. Según las investigaciones, hacia Caquetá se habrían movido organizaciones de narcos del Valle que van detrás del negocio de los cultivos ilícitos.
Afirmó que algo similar se estaría viendo en otras antiguas áreas con presencia de Farc: “Es evidente, que en algunas de estas zonas, me refiero a Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Norte de Santander, hay una confrontación por copar el territorio entre viejas organizaciones criminales: Eln, ‘clan del Golfo’, los ‘Pelusos’, etc. Pero empezamos a advertir desde la Fiscalía la presencia, la irrupción en estos territorios de unas organizaciones que no corresponden a esa patología del delito que ya conocía la sociedad”.
En Antioquia se reporta un aumento en la tasa de homicidios del 31 por ciento; en La Guajira, de un 16 por ciento, y en Nariño, del 21 por ciento”. Esto, a pesar de que en este último departamento hay un respiro en la violencia en Tumaco, el municipio con más coca en Colombia. Allí, a pesar del surgimiento de disidencias de las Farc y de la puja del Eln y las bandas por ampliar su poder, van 86 muertos menos que en el 2016.
Martínez señaló que la desmovilización de las Farc “debe traducirse necesariamente en una verdadera paz, urbana y rural” y coincidió con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en que los indicadores de criminalidad están cayendo “de manera importante”.
Sin embargo, advirtió que no solamente por la desmovilización sino, sobre todo, por el crecimiento del microtráfico, no todas las regiones están sintiendo el aumento de la seguridad. En ese sentido, habló de “realidades regionales que contrastan con la realidad nacional”.
“En Neiva, desafortunadamente, la tasa de homicidio en año corrido está creciendo al 45 por ciento y está íntimamente asociado a que no hay una política de prevención en materia de consumo de narcóticos –dijo Martínez– (...). Eso se ha prestado a una crisis interna en Neiva que se revela con una confrontación de bandas por quedarse con el negocio del microtráfico”.
El Fiscal aseguró que se requiere una política criminal alineada a las realidades y a los desafíos del presente: “Una política equivocada es considerar que vamos a vencer las amenazas a la seguridad ciudadana con una política débil, con una política en materia de lucha contra el delito (que) privilegia los derechos fundamentales de quienes afectan la integridad de nuestros ciudadanos y no los derechos colectivos de la ciudadanía”.
Tras cuestionar decisiones que terminan favoreciendo a los delincuentes, Martínez afirmó que “llegó la hora de las rectificaciones”. En ese sentido, recordó que a partir del próximo 13 de julio, cuando entre en vigencia la ley de pequeñas causas, “los reincidentes, por el solo factor objetivo de la reincidencia, no se verán beneficiados con la libertad”. La misma norma permitirá acortar los tiempos de juicio para las capturas en flagrancia.
También insistió en que el mecanismo de fast track,que se ha usado para la aprobación en el Congreso de las normas que desarrollan el proceso de paz, debe utilizarse para sacar adelante normas que permitan enfrentar la delincuencia del posconflicto.
Alcaldes piden descentralizaciónLa descentralización fue el tema sobre el cual giró la instalación de la XIII Cumbre de Ciudades Capitales, que se realizó en Valledupar.
El presidente de Asocapitales, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, afirmó que en los últimos 15 años se ha desarrollado un inminente centralismo, al que llamó virreinato de Bogotá.
“Las dificultades de la centralización están centradas en el Sistema General de Participación”, afirmó, al tiempo que dijo que si los alcaldes no tienen buena conexión con los parlamentarios se hace difícil encontrar colaboración.
Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo dijo que “el posconflicto significa que seamos capaces de integrar los esfuerzos del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales y de los municipios”.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se refirió a la crisis carcelaria en la región: “Hace dos años y medio estamos esperando una respuesta, poniendo nosotros los recursos para construir cárceles, pregunto por qué llegamos a ese extremo”.
El momento más polémico de la cumbre ocurrió cuando el alcalde suspendido de Cartagena, Manolo Duque, llegó al evento y fue recibido con abrazos y aplausos por algunos de sus colegas. Ante el episodio, el procurador Fernando Carrillo, quien definió la suspensión del mandatario local, decidió abandonar el evento, gesto que apoyó la mayoría del público.
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