La Corte Constitucional le hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a fin de que acelere los trámites para dar respuesta rápida a las peticiones de medidas de seguridad que hagan los defensores de derechos del país.
“Que actúe de manera proactiva, sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las y los solicitantes”, señala un fallo del alto tribunal.
A la Corte llegó una tutela de un defensor de derechos humanos que trabajaba en un municipio en el que se estableció una de las 19 zonas veredales creadas para albergar a los excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz. El demandante decía que existía un riesgo a causa de su trabajo y que había pedido medidas de protección el 17 de marzo de 2017, y dos meses después “todavía no se le había practicado el estudio del nivel de riesgo” para determinar qué tipo de seguridad se le podía brindar.
Añadió en la tutela, en la que pedía que se le protegieran sus derechos a la vida, la integridad física, la libertad, la igualdad y la seguridad personal, que insistió el 23 de abril para que se realizara el estudio de riesgo, y le respondieron que el caso estaba activo y que le notificarían de una respuesta cuando terminaran el proceso.
El director de la UNP, Diego Mora, le dijo a EL TIEMPO que en el caso concreto hubo una demora y que el funcionario encargado del análisis está siendo investigado disciplinariamente. Agregó que esa dirección tendría que tener al menos el doble de los funcionarios que hoy tiene para analizar las cerca de 48.000 solicitudes de seguridad que está tramitando en promedio cada año.
El juzgado de Valledupar al que llegó el caso le dio la razón al demandante y ordenó a la UNP adoptar una decisión de fondo sobre el nivel de riesgo del accionante en un plazo no mayor de 15 días. Esa decisión fue ratificada por el Tribunal Administrativo del Cesar y el caso llegó a revisión de la Corte Constitucional, a donde el ciudadano hizo llegar una denuncia interpuesta en la Fiscalía sobre amenazas e incluso dijo que suspendió sus actividades “debido a la situación de inseguridad que actualmente afrontan los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia”.
Aunque la UNP entregó el estudio del nivel de riesgo, el cual resultó ser ordinario, es decir que no necesitaba medidas especiales de protección, la Corte consideró que el tiempo que transcurrió para dar ese concepto “resulta a todas luces desproporcionado, teniendo en cuenta el tipo de solicitud que se está estudiando, en tanto que, en el transcurso de esos seis meses el peticionario habría podido sufrir un atentado contra su integridad física o su vida y la de su grupo familiar”.
En el fallo, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte reconoce que la UNP no es la única entidad que tiene a cargo la materialización de las medidas de protección y que por ello “resulta necesario que aquellas instituciones públicas, involucradas de alguna manera en la resolución de solicitudes de medidas de protección, trabajen de manera mancomunada con la UNP para que la respuesta y valoración que se les brinde a los defensores y defensoras de derechos humanos sean prontas, eficaces y respetuosas de los límites de tiempo fijadas por el legislador”.
Que actúe de manera proactiva, sin dilaciones injustificadas que pongan en riesgo la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal de las y los solicitantes
En la decisión, la Corte hace referencia al informe anual de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos de 2017 que documentó 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos, y que calificó ese hecho de extremadamente preocupante “por el aumento de asesinatos de defensores, incluyendo a líderes sociales y comunitarios”. El organismo internacional recomendó en el informe tomar medidas para prevenir el aumento de esos ataques.
“Por lo expuesto se colige que la UNP, en su momento, vulneró los derechos fundamentales del accionante, debido a la tardanza injustificada para resolver su solicitud de medidas de protección”, se lee en el fallo.
Y aunque insiste en que la situación de riesgo del tutelante ya fue superada de fondo, “la respuesta del Estado colombiano para prevenir los ataques en contra de defensores de derechos humanos debe ir más allá de la protección brindada por la UNP y debe constituirse de manera integral la prevención de dichos actos delictivos”.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, reconoció que aunque las normas establecen que los estudios de riesgo se deben resolver en 30 días hábiles, las respuestas están tardando unos tres meses y medio en promedio, desde que la persona firma su consentimiento para que se evalúe su caso.
Explicó que esto se debe al volumen de solicitudes, pues mientras en el 2015 respondían unas 25.000 al año, en el 2017 la cifra fue de 48.000. De ese total, en 15.000 casos se adelantaron estudios de riesgo, y de esa cifra en el 55 por ciento se determinó que había riesgo extraordinario que justificó un esquema de seguridad.
Mora dijo que este año ya van unas 25.000 peticiones de protección, por lo que la entidad requiere por lo menos el doble de analistas de riesgo que hoy tiene (unos 150 más). Una de las soluciones que aplica la UNP es conceder medidas por trámite de emergencia mientras se resuelve la solicitud de fondo, cuando se está ante un posible riesgo inminente. Este año se han atendido más de 500 de estos casos.
Es el reto diario que tenemos en la Unidad, tratar de poder ir con los términos que establece la norma para poder entregar los resultados de los estudios de riesgo a tiempo
Sobre la tutela, Mora dijo que se trató de un caso específico en el que el accionante tenía razón porque el analista de riesgo se tomó más del tiempo reglamentario para hacer las entrevistas, solicitar los informes a las entidades competentes y presentar el estudio ante el primer comité de valoración preliminar.
“Se alteraron todos los plazos, pero la Dirección de Análisis de Riesgo detectó el problema, le quitó el caso a ese analista (que está siendo investigado disciplinariamente), y por eso el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) hizo la recomendación de medidas cuatro meses después”, dijo el funcionario.
Mora recordó que hay muchas entidades involucradas en los procesos, y que a veces hay demoras para recibir la información por parte de alcaldías, Policía, Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría o Fiscalía. “Si esas entidades se demoran, eso hace que las evaluaciones de riesgo se retrasen. Es un tema en el que tenemos que trabajar todos”, dijo.
JUSTICIA