Entre enero y abril de este año, los homicidios de líderes sociales crecieron en un 53 por ciento, mientras que las agresiones a esta población se incrementaron en un 10 por ciento. En enero se registraron 16 asesinatos, en febrero hubo 12, en marzo 14, y en abril 8.
El mayor número de casos se encuentra en Cauca (14), Putumayo (6) y Antioquia (5).
Y los desplazamientos forzados también tuvieron un incremento del 5 por ciento concentrándose en Nariño, Putumayo y Antioquia.
Estos datos hacen parte de un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre las dinámicas del conflicto armado en Colombia en los primeros cuatro meses del año.
En esta información se encuentra que, pese a la pandemia, el aislamiento y cuarentena, el conflicto sigue teniendo graves efectos sobre los derechos humanos y la vida de la población civil.
Concretamente preocupa el caso de los líderes sociales en donde, dice la FIP, en un 67 por ciento se desconoce quién fue el responsable de los ataques. Los más afectados entre esa población son los presidentes de Juntas de Acción Comunal (33%), los campesinos (20%), e indígenas (12%).
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En el primer cuatrimestre del año, dice la FIP, además ha identificado el homicidio de 21 excombatientes, de los cuales el 86 % eran hombres y el 14 %, mujeres.
La mayoría de asesinatos están en Meta (6), Antioquia (3) y Caquetá (2) y Chocó (2). “La falta de garantías de seguridad para algunos excombatientes los ha obligado a abandonar los lugares donde adelantaban su proceso de reincorporación, como ha ocurrido en Cauca y Antioquia”, asegura la investigación.
La falta de garantías de seguridad para algunos excombatientes los ha obligado a abandonar los lugares donde adelantaban su proceso de reincorporación, como ha ocurrido en Cauca y Antioquia
Según la FIP, la confrontación armada continúa con el aumento de las acciones ofensivas de la Fuerza Pública y de los grupos armados.
Sin embargo, la letalidad ha disminuido, pues menos miembros de la Fuerza Pública han resultado muertos o heridos, y hay menos integrantes de grupos armados muertos en operativos, una tendencia que se viene dando desde el proceso de paz con las Farc.
Mientras entre enero y marzo del 2019 hubo 22 miembros de la Fuerza Pública asesinados, y 46 integrantes de grupos armados muertos, en el mismo periodo de este año esas cifras bajaron a 10 y 21, respectivamente.
Según el informe de la FIP, en estos primeros cuatro meses los combates aumentaron en un 32 por ciento. La mayoría de esas acciones (38 %) estuvieron dirigidas contra el' Clan del Golfo' y los' Caparros'. Luego, con un 31 % para cada uno, vienen los combates contra Eln y disidencias de Farc.
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El 72 por ciento de combates entre Fuerza Pública y grupos armados organizados se dio en tres departamentos: Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
También, dice la FIP, en el primer cuatrimestre crecieron en un 30 % las acciones de los grupos armados, principalmente en los hostigamientos y emboscadas a la Fuerza Pública, la quema de vehículos, los ataques a infraestructura petrolera y a la población civil. El 80 % de sus acciones se concentraron en Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Arauca.
El grupo más activo, asegura la FIP, fue el Eln, seguido por las disidencias de Farc y, muy por debajo, se encuentra el Clan del Golfo “con una tendencia a la baja en sus acciones armadas”.
En el tiempo de la pandemia específicamente, la FIP asegura que mientras los combates de la Fuerza Pública no variaron de forma significativa, las acciones de los grupos armados disminuyeron, algo que se explica, asegura el informe, en parte por la declaración del cese al fuego por parte del Eln en abril.
La pandemia puede ser aprovechada por los grupos armados organizados para incursionar en nuevos territorios o afianzar su control ilegal
De otro lado, las disputas entre los grupos armados por el control de los territorios continúa. En el contexto específico de la pandemia, dice la FIP, algunos grupos han impuesto restricciones y han reforzado el aislamiento.
Además, asegura la FIP, “más que generar nuevas dinámicas, la pandemia puede ser aprovechada por los grupos armados organizados para incursionar en nuevos territorios o afianzar su control ilegal. En esta medida, antes que una causa, puede ser entendida como un acelerador”.
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Entre las zonas que siguen siendo de disputa, están, por ejemplo, Chocó, donde se mantiene el enfrentamiento entre el Clan del Golfo y el Eln por el narcotráfico y la minería ilegal. Y entre las zonas en donde hay un equilibrio frágil y una división territorial inestable está Arauca, en donde el Eln sigue teniendo mayor control, pero también hay un fortalecimiento de disidencias de Farc.
Y algunas de las zonas con mayor consolidación de grupos son, por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde han crecido las acciones de los 'Pachenca', que estarían aliados con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.
A nivel nacional, los homicidios disminuyeron un 16 %, con un mayor énfasis desde que empezó la pandemia y el aislamiento en el país, en marzo.
Por ejemplo en abril del año pasado, mientras hubo 1.004 homicidios, en el mismo mes de este año hubo 646, para una reducción en ese mes del 36 %.
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En el caso de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la caída en los homicidios fue del 12 por ciento, mientras que en los de sustitución de cultivos ilícitos, los asesinados se mantienen estables.
En el caso de los municipios PDET, aunque la tendencia es a la disminución de homicidios, hay casos preocupantes como el de Tumaco, donde hay un incremento por el “reacomodo de grupos armados y disputas por el control territorial y economías ilícitas”, dice la FIP. Lo mismo sucede en Buenaventura.
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