Fiscal dice que han detectado sobrecostos hasta del 63 % en contratos

Fiscal dice que han detectado sobrecostos hasta del 63 % en contratos

Francisco Barbosa afirma que habrá imputaciones y medidas de aseguramiento por corrupción.

Francisco Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, lidera 'bloque anticorrupción' por contratos en medio de la pandemia.

Foto:

Federico Barón, Fiscalía General.

Por: Sair Buitrago
27 de abril 2020 , 02:58 p.m.

El fiscal general, Francisco Barbosa, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a los resultados logrados por el ‘bloque anticorrupción’ que conformó con el procurador Fernando Carrillo y el contralor Carlos Felipe Córdoba, para frenar contratos y sobrecostos por parte de autoridades locales y generadores del gasto en medio de la crisis generada por la pandemia.

En esta cruzada se han logrado evitar pagos por 17.000 millones de pesos.  Barbosa propuso reconducir el sistema acusatorio para modernizar la administración de justicia.

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¿Qué tan grave es lo que han venido encontrando en las investigaciones?

Desde cuando se inició la emergencia social decretada por el Gobierno hemos trabajado de la mano con el Contralor y el Procurador para atajar la corrupción.

En nuestro trabajo investigativo ya existen múltiples casos en los que gobernadores, alcaldes y secretarios se han aprovechado de la pandemia provocada por el covid-19 para apropiarse de recursos del Estado, bajo la apariencia de actuar motivados en brindar suministros a la población más vulnerable y afectada.

Sabemos que en muchos de esos casos se esconden intereses ilícitos dirigidos a usar estos contratos para apropiarse de fuertes sumas de dinero, bien a favor propio o de terceros. Lo he dicho públicamente, los avivatos y bandidos están siendo observados y serán sancionados.

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¿Este fenómeno tan grave de corrupción se está dando en todo el país, alguna región se salva?

Conformamos un equipo de trabajo integrado por nuestros mejores fiscales e investigadores especializados en este tipo de conductas delictivas.

Ellos han estado dedicados de forma exclusiva y exhaustiva a verificar las posibles irregularidades que hayan cometido todas las personas que tienen a su cargo la administración de los recursos para atender la pandemia, tanto servidores públicos como particulares, en todo el territorio nacional.

Lastimosamente, un común denominador que se ha encontrado son los sobrecostos en elementos de protección, alimentos y contratos innecesarios.

Algunos de esos hallazgos se ubican en tipos penales como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y peculados. La rigurosidad del trabajo investigativo realizado es inédita en nuestro país.

¿Han detectado ya nombres de contratistas que se estén beneficiando al tiempo en varias regiones?

Hemos desarrollado metodologías que en poco tiempo nos permitirán determinar si han operado redes empresariales dedicadas a enriquecerse de forma ilícita a partir de esta grave situación.

Este trabajo está siendo realizado de la mano con el señor Contralor General de la República, con quien hemos hermanado el actuar de las entidades en la búsqueda de los contratistas corruptos. Tenemos herramientas informáticas que nos permiten, en tiempo real, saber las mallas de contratación.

El viernes de la semana pasada firmamos un convenio de cooperación de intercambio de información donde un fiscal anticorrupción estará destacado en la Contraloría recopilando información real para empezar a actuar.

Fiscal, ¿qué es lo más aberrante que han detectado?

La forma en que los ordenadores del gasto, para apropiarse de recursos públicos, suscriben contratos con personas jurídicas incapaces y que no tendrían la idoneidad para la ejecución de los objetos contractuales, en algunas ocasiones con sobrecostos en los productos, como es el caso de una caja de tapabocas de tres pliegues que se adquirió por valor de 89.500 pesos y que su precio se estableció en 18.000 pesos, presentando un sobrecosto del 63 por ciento.

El mismo caso de la lata de atún de 19.000 pesos que ante la intervención bajó a 4.000 pesos. Hemos revisado 909 contratos, cuyo valor asciende a 667.000 millones de pesos.

¿Cómo explicar que esas redes de corrupción se organicen tan rápido? Tardó más en llegar el virus al país que esas personas en crear las empresas y firmar los contratos...

Se está verificando si detrás de la contratación habría redes criminales dedicadas a desfalcar los recursos del erario.

El actuar criminal en nuestro país no descansa, ni se altera con la covid-19.

Acá, con este bloque anticorrupción inédito en la historia de Colombia, dejaremos de ser una república del aire como se denominaba nuestro país en los albores de nuestra independencia. No seguiremos arando sobre el mar en el campo de la corrupción.
Debemos lograr que nuestra patria sea lo que soñó el general y expresidente Francisco de Paula Santander en una carta desde Roma en 1830: “Patria es para mí cualquier rincón de la Tierra donde se respete la justicia y se viva con seguridad”. Este país reconocerá con esta Fiscalía que la justicia no puede ser un discurso sin resultados. En eso estoy comprometido.

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¿Usted cree que hay penas suficientes para lograr un castigo adecuado para este tipo de conductas?

Diversos estudios sobre la materia han evidenciado que una efectiva disminución de la delincuencia está relacionada, entre otros factores, con las reales posibilidades que tienen los criminales de ser detenidos, juzgados y condenados, más que con el aumento indiscriminado de las penas o la supresión de beneficios o subrogados.

Esto significa que nuestros esfuerzos como Estado deben estar enfocados en aumentar nuestras capacidades para investigar, juzgar y condenar adecuadamente a los responsables, de tal forma que la ciudadanía tenga confianza en que las instituciones reaccionarán de manera eficaz y sancionarán al delincuente con las penas ya establecidas en la ley.

¿Qué va a pasar con los que se devolvieron, que tenían listos contratos y cuando ustedes llegaron los echaron para atrás o modificaron?

Con ocasión de las actividades de verificación hemos observado que la contratación ha presentado una variación en 13 contratos en los cuales se ha disminuido el valor de los contratos y algunos se han terminado de manera unilateral y bilateral que representan una disminución en los recursos comprometidos por el Estado por valor de 17.209’763.374 pesos. Esos son recursos que se salvaron de ser asaltados.

Independiente de las acciones que hayan desplegado los ordenadores del gasto con posterioridad a la suscripción de los contratos, la labor de la Fiscalía consistirá en verificar las actuaciones irregulares que se pudieran haber presentado desde la etapa precontractual, contando para tal efecto con diversos tipos penales en los que se encuadran estos comportamientos, como los delitos de interés indebido en la celebración de contratos o contrato sin el lleno de los requisitos legales.

¿Ya tienen hipótesis del rumbo que iban a tomar esos recursos apropiados ilegalmente?

Cada investigación tiene una dinámica propia; sin embargo, estamos verificando si nos encontramos frente a un fenómeno sistemático de apropiación de recursos por parte de los ordenadores del gasto o particulares.

Esto hasta ahora está comenzando. Gobernador o alcalde que haya buscado su elección popular para delinquir terminará en la red que está tendiendo la acción de las tres entidades.

Estamos verificando si nos encontramos frente a un fenómeno de apropiación de recursos por parte de los ordenadores del gasto o particulares

¿En cuánto tiempo empezarán a tener mandatarios y funcionarios ante los jueces?

Las acciones investigativas de la Fiscalía se están desplegando desde la primera noticia presentada, lo que conllevó que se creara un Grupo de Tareas Especiales, integrado por 9 fiscales especializados, seccionales y locales, con el apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 funcionarios de policía judicial del CTI y de la Dijín de la Policía Nacional, con presencia en todo el territorio nacional. Los resultados del trabajo que vienen realizando serán de público conocimiento a la ciudadanía en las próximas semanas.

Habrá imputaciones y medidas de aseguramiento acompañadas de casos bien construidos para lograr resultados concretos en el marco de nuestro sistema acusatorio.

¿Cómo le ha ido trabajando de la mano con el Contralor y el Procurador?

Este ‘bloque anticorrupción’ nos ha permitido trabajar de manera articulada entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que han actuado de manera oportuna al aunar sus capacidades para dar continuidad al programa de vigilancia y control denominado ‘Transparencia para la emergencia’.

De manera constante hemos desarrollado mesas técnicas con funcionarios de estas tres entidades, con información transversal y un tablero de control de las actividades que estamos desarrollando.

Tener a las tres entidades de control actuando de consuno, envía un mensaje categórico a los corruptos y delincuentes. Eso es esencial.

También me alegra que en el tema de los recursos, hemos podido aprovechar las nuevas funciones constitucionales de prevención de la Contraloría General de la República que les han dado un giro y una rapidez sin precedentes a estos hallazgos. En buena hora, el actual contralor Carlos Felipe Córdoba le ha dado una nueva dimensión a esa entidad.

Repensar la justicia

Cuando pase esta emergencia, ¿cree que se debe repensar el funcionamiento estatal, entendiendo que la plata estatal sigue siendo botín para algunos sectores?

Acá debemos repensar el Estado y la justicia. Esta crisis debe producir una gran oportunidad para cambiar la mentalidad del siglo XIX y XX que tenemos en muchos campos.

Desde la Fiscalía debemos ayudar a reconducir el sistema acusatorio, por ejemplo las medidas de aseguramiento con privación de libertad deben atender al fin de la pena y ser excepcionales. Eso será parte de una gran discusión que quiero liderar sobre el sistema acusatorio en nuestro país.

El rol de la Fiscalía debe atender a construir investigaciones sólidas y lograr eficacia de sus acciones ante la administración de justicia.

Las medidas de aseguramiento con privación de libertad deben atender al fin de la pena y ser excepcionales

En el campo de la corrupción, este país debe fortalecer los acuerdos marco de precios e implementar el uso adecuado sobre los pliegos tipo en la contratación del Estado.
Además, los medios digitales han sido una herramienta fundamental que se debe articular en el futuro cuando se supere esta emergencia. Esta experiencia nos ha permitido utilizar otros recursos para dar una respuesta efectiva contra todas las formas de criminalidad.

Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para seguir haciendo presencia, como siempre lo he indicado, en la calle y en nuestros territorios.

SAIR BUITRAGO
EDITOR JUSTICIA

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