Deficiencias técnicas y reiteradas fallas en la comunicación de los resultados de las pruebas, entre otros problemas, llevaron a que 18.548 pruebas de covid-19 en el país no pudieran ser procesadas, lo que conllevaría a una posible pérdida de recursos del sistema de salud por más de $4.000 millones.

Así lo advirtieron la Procuraduría y la Contraloría, que en una actuación conjunta determinaron que las muestras tomadas a cerca de 19 mil personas no pudieron ser analizadas por 107 laboratorios públicos y privados que operan en todo el país.

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Las entidades explicaron que 2.340 muestras fueron rechazadas por cantidad insuficiente, 1.556 estaban derramadas, 2.476 se encontraban sin identificación del paciente, con inconsistencias en la rotulación o sin formularios de entrega de muestras; 1.169 no cumplían con la cadena de frío y temperatura, 927 presentaron fallas en el diligenciamiento de la ficha epidemiológica y remisión de estas, 69 se entraron con más de 72 horas de la toma de las muestras, y 10. 011 presentaron otras causas como fallas en el embalaje, transporte inadecuado, muestras contaminadas, dañadas, o no llegaban las muestras.

Aunque desde el inició de la pandemia la Procuraduría y la Contraloría han venido advirtiendo las debilidades en el proceso de toma, embalaje, rotulación, transporte y envío de las muestras, las entidades resaltaron que aún persisten grandes fallas lo que implica graves riesgos para la efectividad en la capacidad de respuesta, pues cerca de 19.000 ciudadanos no conocieron los resultados de sus pruebas, pudiendo transmitir el virus por no tomar las medidas necesarias para romper la cadena de contagios.

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Para la Procuraduría y la Contraloría este tipo de fallas se convierten en factores que agravan la problemática de la pandemia y vulneran el derecho a la salud y los principios de oportunidad, integralidad, continuidad y afectan la eficacia en el uso de los recursos públicos.

Por ello, exhortaron a las entidades departamentales y distritales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud para el manejo del covid-19.

Además, la Contraloría procederá a remitir los resultados obtenidos a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada para el Sector Salud para adelantar las actuaciones de control fiscal a que den lugar.

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