10 alcaldes a responder penalmente por irregularidades en contratos

10 alcaldes a responder penalmente por irregularidades en contratos

El 21 % de contratos de kits de salud y alimentos para atención de covid-19 tendrían sobrecostos.

Equipo Diari de la Contraloría

Así trabaja la Contraloría para hacer seguimiento a contratos en tiempos de pandemia. 

Foto:

Contraloría General

Por: Justicia
21 de mayo 2020 , 05:11 p.m.

Seis personas capturadas por parte de la Fiscalía y decisiones de fondo de la Procuraduría y la Contraloría dejan las más recientes investigaciones por contratación irregular con dinero para enfrentar la pandemia.

Entre los detenido está el alcalde de Palocabildo, Tolima, Nelson Gómez, y su secretario de gobierno y el alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera Gómez y tres contratistas.

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En un segundo balance sobre la revisión que se está haciendo de los contratos que se han firmando para atender la pandemia de coronavirus, la Contraloría General advirtió que por lo menos el 21 por ciento de las compras que ha revisado de kits de alimentos y de salud tendrían sobrecostos. 

En su último balance, entregado este jueves, la Contraloría asegura que en el 2020 se han suscrito contratos en el país que superan los 19,2 billones de pesos. De ese total, 3,3 billones tienen que ver con contratación por la pandemia de covid-19. 

Dentro de esos contratos del coronavirus,
el 32 por ciento, con un costo de 1,2 billones, son contratos  a particulares por prestación de servicios. Pero el otro 68 por ciento, con un valor de 2,1 billones de pesos, son contratos para comprar insumos médicos, elementos de bioseguridad y alimentos. 

Dentro de ese universo de los contratos por 2,1 billones, la Contraloría ha identificado presuntos sobrecostos en el 21 por ciento, con una posible pérdida para el erario de 427.000 millones, situación por la que se han proferido 245 alertas. 

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Con esas alertas, dice la Contraloría, se ha logrado una renegociación de varios de los contratos que tenían sobreprecios. Así, contratos que inicialmente costaban 59.000 millones de pesos, pasaron a costar 46.000 millones, para una ganancia de 13.000 millones de pesos con el control preventivo.

También, por cuenta de las alertas, se han cancelado contratos que costaban 3.200 millones de pesos: en Medellín se canceló un contrato por 2.462 millones; en Guaduas (Cundinamarca) se cancelaron otros dos por 560 millones, y en Cali, otro por 62 millones.

De 30 gobernaciones en las que se analizaron contratos, solo en seis no se encontraron sobrecostos: La Guajira, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y Caquetá.

Así, en 24 gobernaciones se encontraron esos sobreprecios en sus kits de alimentos y salud. Las que tienen los contratos con valores más altos son Valle del Cauca: 37.775 millones; Arauca, 21.148 millones; Atlántico, 19.308 millones; Sucre, 11.366 millones; y Tolima, 11.520 millones de pesos.

En el análisis de ciudades capitales, la Contraloría evaluó las compras en 29 de ellas. De ese número, solo en 9 no encontró contratos con presuntos sobrecostos: Valledupar, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa, Ibagué, Manizales, Armenia y Florencia.

De los 19 ciudades capitales que registran sobrecostos, las cinco que tienen los contratos con valores más altos son: Barranquilla (Atlántico), 18.652; Bogotá, 14.592 millones; Medellín, 9.729 millones; Cali, 5.740 millones; y Sincelejo, 3.999 millones de pesos.

La región en la que la Contraloría ha identificado los mayores riesgos es la región Caribe.

En cuanto a los municipios, se analizó la contratación en 280, de los cuales en 191 no se encontraron contratos con sobrecostos, mientras que en 89 se encontraron posibles sobreprecios. Los que tienen contratos más costosos son Floridablanca (Santander), por 4.991 millones; Sabaneta (Antioquia), con 3044 millones; y Puerto Boyacá (Boyacá), con 2.096 millones. La región en la que la Contraloría ha identificado los mayores riesgos es la región Caribe.

Sobrecosto millonario en la Armada

La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra 2 oficiales de la Armada Nacional y la empresa contratista, relacionados con un contrato para la compra de tapabocas.

Fueron vinculados el Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, Capitán de Navío Jaime Gómez González; la oficial que realizó los respectivos estudios previos, Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y la empresa contratista, Medivalle, a través de su representante legal, Anderson Gaminera Angulo.

Según la investigación la Policía compró cada tapabocas a 750 pesos, mientras la Armada pagó el doble por unidad 1.500 pesos lo que representa un incremento del cien por ciento.

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Igualmente se abrieron procesos de responsabilidad fiscal por sobrecostos contra la Gobernadora del Valle del Cauca y los Alcaldes de Medellín, Sincelejo Malambo, Girón y Coveñas.

En el caso de la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto brindar el servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores, durante el período de calamidad pública por el Covid-19. Contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.

En Sincelejo, los presuntos sobreprecios en 26.666 kits alimentarios contratados por la Alcaldía y la entrega incompleta de los mismos produjeron un perjuicio para el Municipio de $1.051 millones. Se abre proceso de responsabilidad fiscal, por este monto, contra el Alcalde, Andrés Eduardo Gómez Martínez.

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En el ojo de la Fiscalía

El fiscal general Francisco Barbosa anunció que se verificaron tres mil contratos y se pidió audiencia de imputación de cargos contra 10 alcaldes del país.

El jefe del ente acusador dijo que serán llevados ante la justicia los alcaldes de Armenia, Malambo (Atlántico), Cereté, Socorro (Santander), Calarcá (Quindió), Sanpedro (Valle) San Antonio (Tolima), Guaduas (Cundinamaca), Palocabildo (Tolima) y Coveñas (Sucre).

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Igualmente serán imputados funcionarios de administraciones locales y contratistas.

Fueron citados a interrogatorio los gobernadores de San Andrés, Arauca y Guaviare, anunció el fiscal Barbosa.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com 

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