Carlos Caicedo, el exalcalde de Santa Marta que ahora aspira a la Presidencia, y su sucesor, Rafael Alejandro Martínez, pasaron desde este martes a engrosar la lista de funcionarios y exfuncionarios capturados bajo cargos de corrupción por los fiscales del Plan Bolsillos de Cristal.
El martes, cuando Caicedo iba a abordar un vuelo hacia Bogotá, donde cumpliría varias citas políticas, fue detenido por el CTI. La Fiscalía también detuvo en la misma ciudad al alcalde Martínez, quien está suspendido del cargo por la Procuraduría por supuesta participación en política, precisamente en favor de Caicedo. Otras cuatro personas fueron capturadas por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en una licitación para la demolición y posterior levantamiento de cinco puestos de salud.
La investigación señala que el exalcalde y su sucesor contrataron las obras por valor de casi 12.000 millones de pesos en cinco centros de atención: Mamatoco, Bastidas, La Paz, Candelaria y Taganga. Al final, el único puesto que se levantó fue el de Bastidas. En la noche del martes un juez legalizaba las capturas.
Allegados a Caicedo aseguran que en su contra existe una persecución política y a pesar de la captura prosiguieron su plan de inscribir este miércoles la candidatura del exalcalde.
Adolfo Bula, miembro del comité de inscripción del movimiento, aseguró que lo que se está dando es, supuestamente, un “complot” por parte de Cambio Radical y de las familias poderosas que manejan la política en Magdalena. “¿Cómo es posible que lo detengan justo cuando íbamos a presentar las firmas? Ellos (Caicedo y el alcalde Rafael Alejandro Martínez) no representan peligro para la sociedad, no estaban huyendo de la justicia, no los citaron. Montan show mediático para decir que (la Fiscalía) está combatiendo la corrupción: lo que están haciendo es perseguir a un movimiento independiente”, dijo Bula.
La Fiscalía, por su lado, sostiene que hay irregularidades en dos contratos. El primero de ellos se firmó en noviembre del 2014, en la administración de Carlos Caicedo, y fue celebrado entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y la firma Mediredes SAS para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por valor de $ 6.532’759.000. Según la investigación, el millonario negocio se firmó a pesar de problemas de planeación, que no había concepto de viabilidad técnica emitido por el Ministerio de Salud para la ejecución de proyectos de inversión y sin licencia de construcción. Dicen los organismos de control que en esas obras se embolataron al menos cinco mil millones de pesos.
El caso empata con el suspendido alcalde porque, dice la Fiscalía, su administración suscribió otro contrato, este con la Unión Temporal Construyendo Salud, cuyo objeto era la adecuación y terminación de tres de los centros de salud que quedaron a mitad de camino en la alcaldía de Caicedo: La Candelaria, La Paz y Taganga, por valor de $ 5.863’789.000. La investigación dice que las obras arrancaron y que después se obtuvo el concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Salud y que “la licencia de construcción se solicitó extemporáneamente y a la fecha no ha sido otorgada”.
El contratista logró un anticipo del 40 por ciento del valor total de la obra (2.345 millones de pesos), pero a pesar de que debía entregarla a más tardar el 31 de diciembre próximo, solo se ha ejecutado el equivalente a 569 millones de pesos.
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