Sobrecostos del 21% en bienes y servicios para covid-19: Contralor

Sobrecostos del 21% en bienes y servicios para covid-19: Contralor

En entrevista con Yamid Amat, habla de quienes patrocinan campañas políticas para recibir contratos.

Felipe Córdoba

El contralor Córdoba señala que también se adelantan investigaciones al ICBF, el Ministerio de Agricultura y la UNGRD. Foto: Abel Cárdenas

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Abel Cárdenas. EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
21 de junio 2020 , 12:45 a.m.

Decenas de contrataciones de varias gobernaciones y alcaldías se han concentrado en quienes financiaron las campañas de los elegidos para esos cargos. Era una especie de operación de ayuda o apoyo mutuo. Usted financia la campaña y yo lo recompenso con la adjudicación de contratos. “Esa era la simbiosis”, denuncia el contralor general de la República, Felipe Córdoba.

“Hemos emitido 340 alertas en contratos cuyo valor total es de 484.000 millones de pesos”, precisa el funcionario. Córdoba afirma que esos contratos están “posiblemente viciados”.

¿Qué se halló sobre posibles sobrecostos en contratos para atender el covid-19?

Encontramos dos fenómenos inquietantes. De un lado, evidencias sobre presuntos sobrecostos que llegan, en promedio, al 21 por ciento del valor de los bienes y servicios adquiridos mediante contratos posiblemente viciados. Del otro, adjudicaciones que se han concentrado en un círculo de contratistas que financiaron campañas políticas y que hoy pretenden capturar una franja importante de los negocios públicos en lugares en los que financiaron la política. Y la denuncia va más allá: “Hay una aparente simbiosis entre quienes financian las campañas electorales para luego lucrarse a costa de los presupuestos públicos”.

¿Contratos por cuánto dinero?

En concreto, después de la declaratoria de la emergencia hemos revisado en tiempo real contratos por $ 3,9 billones que equivalen al 19 % todos los contratos celebrados por entidades del Estado durante lo que va corrido del año. Hemos emitido 340 alertas en contratos cuyo valor total es de $ 484.000 millones.

¿Hay financiadores de campañas beneficiados con contratos?

Las cifras, cuando corresponden a un ejercicio riguroso como el que estamos haciendo, no mienten. En Boyacá, personas que hicieron aportes por $ 157 millones a la campaña para gobernación hoy tienen un contrato por $ 1.700 millones. En Amazonas, una firma que donó $ 20 millones para una campaña hoy se beneficia con un contrato por $ 316 millones. En Vichada alguien que entregó $ 40 millones para la campaña de un alcalde hoy es adjudicatario de un contrato por $ 1.700 millones. Hay muchos casos más en otras regiones igual de preocupantes.

¿Qué sugiere todo eso?

Que hay una aparente simbiosis entre los que financian las maquinarias electorales para luego lucrarse a costa de la plata de los presupuestos públicos, que es la plata de todos los colombianos. En ese sentido, estoy de acuerdo con el Procurador General cuando habla de una “cartelización en la contratación”. Ahí entendemos también por qué el Fiscal General anuncia indagaciones penales a 37 aportantes a campañas para alcaldías y 6 a gobernaciones.

¿Frente a los sobrecostos van a investigar a alcaldes de ciudades capitales?

En esta última rendición de resultados hemos informado sobre la apertura de procesos de responsabilidad a dos gobernadores y a un alcalde de ciudad capital. Nosotros investigamos los contratos y de ahí llegamos a las personas. Nunca partimos de las personas para llegar a los contratos. Eso sería un sesgo intolerable en el que nunca vamos a caer en la Contraloría. Desde que iniciamos la vigilancia de estos recursos covid, hemos abierto 12 procesos de responsabilidad fiscal contra cuatro gobernadores: Arauca, Valle, Tolima y Guainía, a ocho alcaldes y hemos iniciado 91 indagaciones preliminares.

¿La denuncia sobre la adjudicación de contratos a quienes financiaron campañas ocurre en muchos departamentos y ciudades?

De acuerdo con lo verificado técnicamente hasta hoy, este fenómeno se ha registrado en 32 alcaldías y cuatro gobernaciones, además de una junta administrativa local. Estamos hablando que hicieron aportes a campañas por $ 545 millones y lo que hemos detectado hasta ahora es que han recibido contratos por más de $ 5.000 millones.

¿Las investigaciones a qué conducirían si la Contraloría halla responsabilidad?

Las consecuencias podrían ser muy serias no solo en materia de responsabilidad fiscal. Recordemos que la Ley 1778 de 2016 establece que están inhabilitadas para contratar con el Estado aquellas personas que hayan hecho aportes a campañas de candidatos a gobernaciones y alcaldías, entre otros cargos de elección popular, por un monto superior al 2 por ciento de los gastos de la campaña, configurando, a partir de ahí, el delito de indebida celebración de contratos

¿El fenómeno de “usted me financia y yo después de elegido le pago con contratos” podría amenazar la limpieza de procesos electorales?

Es un riego que está presente. Por eso los órganos de control han unido esfuerzos para combatir uno de los negocios ilegales más lucrativos: aceitar financieramente las maquinarias electorales para luego cobrar con intereses con cargo a la contratación; es decir, con cargo a los recursos de los colombianos. Esa es una práctica perversa y dañina para la democracia que estamos dilucidando y vamos a evidenciar.

¿Han descubierto irregularidades en manejo de recursos públicos en capitales?

En Barranquilla, verificamos posibles sobrecostos en un contrato suscrito el 24 de marzo de 2020 suscrito con Servicios de Alimentación NP SA, por valor de $ 18.652’231.360 para el suministro y entrega de mercados básicos. El contrato y un otrosí muestran diferencias entre los valores contratados con esa firma y los precios de referencia del mercado.

¿Hay alguna investigación sobre gastos y costos en la alcaldía de Bogotá?

En el caso de Bogotá se han generado 18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía exacta de $ 20.221 millones. Las investigaciones nos dirán hasta dónde llegan los niveles de responsabilidad.

¿En qué otras capitales se investigan irregularidades?

Abrimos un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y otros funcionarios de esa administración por presuntos sobrecostos por más de $ 900 millones en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil.

¿Qué pasa en el Instituto de Bienestar Familiar?

Estamos monitoreando la entrega de las canastas alimenticias del ICBF en el marco de la emergencia. Así mismo, revisando quiénes son los contratistas que están suministrándolas y verificando su idoneidad para ejecutar estos contratos, que tienen que ver con la alimentación para los menores en los Centros de Desarrollo Infantil. Nos preocupa que no se estén entregando en calidad y oportunidad los alimentos para nuestros niños. Tenemos mapeado el país, y hemos recibido denuncias preocupantes en Sucre y Magdalena.

¿Qué investigan en esos departamentos?

Estamos evaluando posibles presuntos sobrecostos de 19,7 % en el contrato de suministro por valor de $ 2.579 millones, suscrito entre Sucre y Suministros y Negocios de la Sabana SAS para la entrega de 17.347 paquetes nutricionales y de aseo. En Magdalena estamos evaluando un contrato por valor superior a los $ 4.000 millones entre el departamento y Éxito, cuyo objeto es la adquisición de productos que conformen mercados solidarios para atender población vulnerable dentro de la emergencia ocasionada por coronavirus bajo el sistema de monto agotable.

¿Qué hallaron en Cundinamarca, van a investigar al gobernador Nicolás García?

¿Qué hallaron en Cundinamarca, van a investigar al gobernador Nicolás García?
Nuestra Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que ha sido el gran faro en esta misión de control preventivo, encontró evidencia de presuntos sobrecostos en un contrato suscrito por la gobernación de Cundinamarca con el Hospital Ortopédico S.A.S., para la adquisición de unidades de cuidado intensivo por $ 3.600 millones. Realizamos un estudio de mercado y encontramos que ese posible sobrecosto sería superior a los $ 465 millones, es decir, equivaldría al 13 % del valor total del contrato. Estamos en la fase de la indagación preliminar y, si hubiera lugar a ello, escalaríamos en los niveles de responsabilidad.

¿Qué se ha detectado en la gobernación de Antioquia?

Hemos iniciado dos indagaciones preliminares en relación con dos contratos que suman $ 8.286 millones. Uno de estos negocios fue celebrado por la gobernación de Antioquia con la Fundación Banco Arquidiocesano para la adquisición de más de 47.000 kits de alimentos y el otro con la Fundación SACIAR-Banco para entregar cerca de 60.000 paquetes alimentarios. Estamos evaluando el mérito para investigar formalmente la presunta existencia de sobrecostos por más de $ 900 millones. No miraremos ni rangos, ni jerarquías ni dignidades sino responsabilidades objetivas.

¿Cuáles gobernadores están más enredados con esos contratos?

Nuestra más reciente decisión ha sido la apertura de procesos de responsabilidad fiscal contra tres de ellos. El gobernador de Tolima, José Ricardo Orozco, deberá responder en tres casos por $ 2.121 millones. El gobernador de Guainía, Juan Carlos Iral, debe responder por un presunto daño fiscal por $ 112 millones. Además, esta la presunta responsabilidad del alcalde de Cartagena, William Dau, por posibles sobreprecios que llegan a los $ 193 millones.

¿Qué ministros están indagados por los contratos por el covid-19?

En desarrollo de la estrategia conjunta con la Fiscalía y con la Procuraduría, hemos mirado con especial detenimiento el manejo dado a los recursos de la línea especial de crédito Colombia Produce donde, en principio, observamos presuntas irregularidades por más de $ 252.000 millones que no llegaron a pequeños productores, que son sus beneficiarios reales. Con base en la información obtenida por nuestros equipos, la Fiscalía abrió una indagación preliminar al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.

¿Qué ocurre en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y en concreto de su director, Eduardo José González?

Nuestra Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dio apertura a una indagación preliminar relacionada con presuntos sobrecostos en la adquisición por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de 769.677 kits alimentarios, por un valor cercano a los $ 96.000 millones.

¿Cuál es, en general, el comportamiento de los servidores públicos en corrupción?

La mayoría de los servidores públicos son cuidadosos en el manejo de recursos públicos. Gracias a Dios son pocos los que actúan como no debe ser.

¿Qué resultado ha dado el programa de denuncias del público?

El mejor. Los ciudadanos, que son a quienes más les duele la pérdida de sus recursos, son hoy nuestros mejores aliados. El número de denuncias, la mayoría de ellas muy bien soportadas, crecen a diario y hablan bien de la confianza de la gente en la Contraloría. Y no quisiera terminar esta entrevista sin decirles a los colombianos que somos conscientes de las penurias por las que están atravesando y que vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que los recursos destinados a atender la pandemia y la reactivación económica lleguen completicos a los compatriotas que más los necesitan. En eso no tendremos ni tregua ni descanso.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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