Un nombre poco sonado, pero con un papel determinante en el escándalo del contrato millonario del Ministerio de las TIC, está comenzando a llamar la atención de las autoridades.
Se trata de Jorge Enrique López Benavides, señalado de haber falsificado las pólizas usadas en el cuestionado contrato entre esa cartera y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a los niños de regiones de difícil acceso.
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La Fiscalía intentó efectuar la captura de López Benavides, pero luego de realizar un allanamiento en su contra, no fue encontrado.
El ente acusador indicó que al señalado falsificador nunca le entregaron documentos para hacer el estudio de la viabilidad de esa garantía ni pagaron la prima correspondiente por su expedición.
Según la investigación, el hombre, en cuestión de días o incluso de horas, tenía los documentos falsos listos para adjuntar al proceso contractual. A él, dijo la fiscal del caso, le pasaron un borrador de lo que necesitaban.
Emilio Tapia asegura que no tiene nexo con Centros Poblados.
Andrea Moreno / El TIEMPO
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De hecho, según el testigo Jorge Alfonso Molina, se acordó el pago de 2.800 millones de pesos por las pólizas falsas. De ese dinero, dijo el testigo, solo les pagaron cien millones de pesos y el resto no les fue cancelado. Declaró que la plata se la consignaron a la cuenta de una familiar y que luego él, como intermediario, realizó un traslado a una cuenta referenciada por el señalado falsificador.
Este martes, la Fiscalía les imputó los cargos de falsedad en documento y fraude procesal al cuestionado excontratista Emilio Tapia Aldana; al representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y a Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.
Todos ellos se declararon inocentes, pero el ente acusador asegura que planearon la falsedad de una garantía bancaria para demostrar la seriedad de la oferta, y cuestionó que sabían que estaban cometiendo un delito.
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Emilio Tapia (con tapabocas) y su abogado.
EL TIEMPO
Tapia, dijo el ente acusador, fue quien llevó a Juan Carlos Cáceres -vinculado a la investigación- los nombres de las tres empresas que harían parte de la UT Centros Poblados. Y Laverde contactó a Jorge Alfonso Molina y Jorge Enrique López Benavides para conseguir los documentos falsos.
La Fiscalía señaló además que luego de falsificar la garantía procedieron a incorporarla al proceso contractual. Duque, como representante legal de la UT, las firmó y las hizo llegar al Mintic.
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