Contraloría raja a la Uspec por mal servicio de salud de presos

Contraloría raja a la Uspec por mal servicio de salud de presos

A pesar de que en el 2015 se suscribió contrato, hoy no existe un operador que unifique la atención.

Cárcel en China

Las fallas en el servicio de salud han llevado a que los presos entablen sendas demandas contra el Estado.

Foto:

Abel Cárdenas El Tiempo

05 de enero 2018 , 09:55 p.m.

Aunque desde hace tres años en el país se creó el Fondo Nacional de Salud para las Personas Privadas de la Libertad, con el fin de garantizar que los presos tengan acceso a los servicios del sistema general de salud –sin ningún tipo de discriminación por su situación jurídica–, ese proyecto no ha logrado consolidarse para ofrecer una atención digna. 

Para prestar el servicio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) suscribió en el 2015 un contrato de fiducia mercantil para administrar y pagar los recursos de la salud de las 182.000 personas que hoy están privadas de su libertad.

Ese contrato, tras sus modificaciones, terminó costando 150.623 millones de pesos. Pero ese mismo año fue liquidada Caprecom –la EPS que tenía la prestación del servicio de salud para los presos–, y desde entonces no se ha conseguido operativizar la atención médica, lo que mantiene el sistema en un completo caos.

Un estudio de la Contraloría General determinó que en los primeros seis meses del año pasado se interpusieron 11.131 tutelas en las que se reclamaron servicios médicos de todo tipo (ver infografías). Esta cifra es considerable teniendo en cuenta que en todo un año, en todo el país, los colombianos que no están detenidos presentan en promedio unas 150.000 tutelas.

El 54 por ciento de recursos de los detenidos buscan la atención en medicina especializada por tratamientos que no se pueden dar dentro de las prisiones, y el 10 por ciento piden servicios de odontología. Pero ni siquiera las tutelas han servido para que los tratamientos se den de manera efectiva, pues la investigación concluyó que en el 80 por ciento de recursos hubo un incidente de desacato ya que las entidades no cumplieron rápidamente con las sentencias.

Una de esas tutelas fue presentada por un preso de la cárcel de Acacías, Meta, quien por problemas de salud oral perdió la mayoría de sus dientes y sufre diferentes males en la mandíbula. El caso escaló el año pasado a la Corte Constitucional, la cual ordenó que el interno sea visto por un especialista que inicie un tratamiento para sus patologías.

La Uspec también recibió en el último año y medio más de 10.500 derechos de petición de presos que reclaman algún servicio médico. Uno de ellos fue el que 33 presos de la cárcel Modelo de Bogotá presentaron el pasado 14 de septiembre por la inoportuna atención de servicios especializados y por no suministrarles medicinas.

Las fallas en el servicio de salud han llevado a que los presos entablen sendas demandas contra el Estado. La Contraloría verificó dos de ellas: una por 18 millones de pesos de un recluso en Buenaventura que se dislocó el brazo en medio de los trabajos de resocialización, y que no recibió atención médica oportuna. También encontró una demanda por 2.277 millones de pesos elevada por la familia de un preso, también de Buenaventura, que murió dentro del centro penitenciario por una tuberculosis.

Precisamente, la investigación de la Contraloría muestra que la infraestructura carcelaria, especialmente la de las salas de sanidad, es precaria, lo que facilita las enfermedades infectocontagiosas. Por ejemplo, según el estudio, la cárcel de Barranquilla no tiene zona de aislamiento para enfermos con tuberculosis, varicela, etc.

En Pereira, la zona para aislar a los pacientes es la misma sala de espera, y en Santa Rosa de Cabal esas áreas tienen agua empozada. En la cárcel de Bucaramanga se adaptó el colegio del establecimiento para la zona de sanidad, por lo que improvisadas áreas ahora son para la terapia física y los desechos hospitalarios están en el área de sanidad.

Todas esas situaciones, según los auditores, “afectan la dignidad humana, ponen en riesgo a los presos y generan una posible contaminación cruzada”.

La investigación también documentó que en cárceles como La Picota, Modelo y Buen Pastor, en Bogotá, la de Buga, Palmira, Pedregal, Itagüí, Bellavista y Bello faltan servicios de medicina interna, optometría, psicología y fisioterapia. Y en muchos centros penitenciarios a los equipos no se les hace mantenimiento, por lo cual en cárceles como La Paz de Itagüí, la de Cúcuta y Cómbita el 90 por ciento de equipos está fuera de servicio.

El informe, conocido por EL TIEMPO, expone que “la implementación del modelo de atención en salud a la población privada de la libertad no se ha logrado. A pesar de los esfuerzos administrativos realizados, no ha sido posible materializar la contratación de un operador que implemente y operativice el modelo, lo que impacta negativamente en el mejoramiento del actual servicio de salud que se le está prestando a esta población”, dice la investigación.

Las fallas también persisten en la atención de salud extramural, “pues no se garantiza el traslado de los internos para asistir a citas y exámenes médicos autorizados, lo que requiere reprogramación y demora la atención médica”.

MILENA SARRALDE DUQUE
Justicia

Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.