La Contraloría raja la administración de bienes incautados a la mafia

La Contraloría raja la administración de bienes incautados a la mafia

Dice que gestión de la SAE es ‘inefectiva’. Más del 40 por ciento de bienes tienen ocupación ilegal.

SAE

Sociedad de Activos Especiales, SAE.

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Por: Milena Sarralde Duque
28 de diciembre 2019 , 07:45 p.m.

En el 2007 y el 2012, la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) nombró al exdiplomático Luis Guillermo Grillo Olarte administrador provisional de 22 bienes que se les quitaron a delincuentes en Magdalena.

En 2017, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) –ente que reemplazó a la DNE en el 2015– lo removió como depositario, ya que Grillo no pagaba al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) los recursos que obtenía por arrendar esos inmuebles.

En junio de este año, la SAE inició acciones legales para cobrarle a Grillo $ 1.301 millones de pesos que debe, como mínimo. El caso fue expuesto por la Contraloría en una auditoría, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, en la cual el organismo cuestiona que apenas en el 2017 la SAE le quitó a Grillo la mayoría de los inmuebles (él sigue administrando seis) y que apenas en junio de este año dio inicio al proceso para cobrarle.

La Contraloría dice que, aunque la SAE ha tomado acciones para que no se repita la feria de bienes incautados a narcotraficantes y criminales –caso de corrupciónen la DNE–, y ha implementado mecanismos de seguimiento a las propiedades, las medidas no “han sido efectivas ni suficientes”. Asegura que la gestión de la SAE sobre los activos –que deberían generarle recursos al erario– es “inefectiva”.

Según la Contraloría, hasta el 2018 la SAE administraba 47.275 bienes avaluados en 8,4 billones de pesos. Al evaluar esa gestión, la auditoría evidenció 27 irregularidades, de las cuales 16 implican un presunto detrimento patrimonial que supera los 8.157 millones de pesos.

La primera parte de esa posible pérdida viene de depositarios que, como Grillo, fueron removidos pero nunca le pagaron al Frisco lo que recibieron por los bienes. Se encontró que seis depositarios expulsados le debían al fondo $ 5.502 millones, a mayo de 2019.

Otro de ellos es la firma Inversiones Granvivienda S. A. S., de Bogotá, removida en diciembre del 2017 y a la que la SAE constituyó como deudor del Frisco en abril de este año, con una deuda de 899 millones de pesos. En este y otros casos, la Contraloría evidenció que aunque el depositario había sido removido, en la práctica seguía administrando los bienes y recibiendo el dinero de arrendamiento.

Otro caso es el de Camilo Andrés López Herrera, nombrado depositario de 14 bienes en el 2015. Fue removido en agosto del 2018 porque no le entregó al Estado $ 2.041 millones. Según la Contraloría, los controles sobre los depositarios son “débiles y escasos”, pues pasaron 60 meses desde que López dejó de girar los recursos hasta su expulsión.

El organismo también critica que aunque la SAE comenzó su tarea en el 2015, a la fecha “no tiene un inventario actualizado, depurado y confiable sobre el estado administrativo, jurídico, financiero y económico de los activos”. Por ejemplo, se encontraron cuatro bodegas en Paloquemao a las que la SAE había calificado como ocupadas ilegalmente e improductivas, pero allí funcionan unos laboratorios cuyos ocupantes no han pagado. Ante esta advertencia, la SAE firmó contratos de transacción en julio pasado por $ 1.511 millones para que el ocupante se ponga al día con lo que debe desde el 2014.

Si bien esta auditoría se enfocó en la SAE, la Contraloría dice que el problema no es solo de este organismo, sino de otros que participan en el proceso, como la Fiscalía y las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, por no comunicar a tiempo medidas cautelares sobre bienes, los procedimientos de englobe y desenglobe.

Por no tomar medidas cautelares oportunas, el Estado perdió la titularidad sobre tres predios en la zona de El Rodadero, en Santa Marta, una propiedad ubicada en Cali y dos en Bogotá. Fueron comercializados, rematados y están en manos de terceros.
Otro problema son los activos ocupados ilícitamente. La Contraloría encontró que de 18.580 bienes en proceso de extinción, con un valor catastral de 3,22 billones, el 47 por ciento están ocupados ilegalmente. Y en 2.944 bienes extintos, cuyo valor supera los $ 704.659 millones, estas ocupaciones llegan al 42 por ciento.

En muchos inmuebles ocupados ilegalmente, la SAE no ha formalizado un contrato de arrendamiento aunque existan ocupantes de buena fe que muestran interés en normalizar su situación. “La SAE no es oportuna y diligente en el trámite correspondiente, situación que dilata el recaudo de la posible productividad”, dice la Contraloría.

Y el desalojo se dificulta cuando los ocupantes no legalizan su situación, pues a veces entidades como la Policía o el ICBF “no brindan apoyo institucional de forma adecuada y oportuna”, concluye la Contraloría.

La SAE ha removido a 400 depositarios

En su respuesta a la auditoría, la SAE le dijo a la Contraloría que ha tomado las acciones para que los depositarios que han venido incumpliendo sean removidos cuando se han detectado las irregularidades en las rendiciones de cuentas, y que ha hecho todas las acciones encaminadas para recuperar los recursos que el Estado ha dejado de recibir.

La Sociedad también afirma que ha aplicado los protocolos frente a los casos en los que sus depositarios han incumplido, y que lo hizo, por ejemplo, con Camilo Andrés López Herrera: se radicó una demanda para recuperar los recursos mediante acciones legales.

En sus respuestas a la Contraloría, la SAE también asegura que evaluó a los depositarios que venían de la extinta DNE, y que en esas valoraciones removió a 400 que no cumplían con los requisitos para seguir administrando bienes incautados.
Sobre las bodegas de Paloquemao, la SAE dijo que allí nunca hubo contrato de arrendamiento y que por eso la ocupación se tornaba ilegal.

‘La extinción no funciona’

María Virginia Torres de Cristancho, directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), admitió hace tres semanas, en entrevista con EL TIEMPO, que el 91 por ciento de los bienes manejados por su despacho se encuentran en procesos de extinción de dominio que pueden tardar entre 8 y 30 años. Además, reconoció que más de la mitad de los inmuebles que tiene la SAE están ocupados ilegalmente y su desalojo es difícil y costoso.

SAE ha demandado a depositarios por 80.000 millones de pesos

Frente a las inquietudes suscitadas por la auditoría, estas fueron las respuestas del Vicepresidente de Bienes Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Alberto Ávila Ávila.

En su auditoría, la Contraloría afirma que por lo menos seis depositarios que fueron
removidos por la SAE le deben al Frisco 5.502 millones de pesos por lo que ese organismo llama una “gestión deficiente en el cobro”. ¿Cuántos depositarios han sido removidos y por qué es difícil cobrarles lo que deben?

Frente a cada uno de los casos expuestos por la Contraloría, SAE ya había iniciado
las acciones legales correspondientes. Es a través de los procesos de control que implementó la entidad que fue posible encontrar las irregularidades que hoy están en manos de la justicia. Las pretensiones de nuestras demandas contra algunos depositarios superan los $80.000 millones de pesos.

Durante los últimos cinco años, hemos removido más de 400 depositarios provisionales que tenían bajo su administración alrededor de 13.000 inmuebles, luego de lo cual empezamos a retomar físicamente la tenencia de los activos identificados y a evaluar si existieron perjuicios, por falta de gestión o por las productividades dejadas de percibir. En este proceso SAE tuvo que visitar y reconstruir la información física, jurídica y financiera de cada uno de los activos. Estamos hablando de una historia de administración de más de 20 años sin control.

De los bienes en extinción de dominio y extintos, la Contraloría dice que más del 40 por ciento están ocupados ilegalmente y otro 20 por ciento están sin ocupar. ¿Qué dificultades existen para poder administrar estos bienes?

Respuesta: La ocupación irregular de los inmuebles representa hoy más del 51% del inventario, lo cual se debe, principalmente, a que los bienes son entregados a SAE ya ocupados. De la DNE recibimos 8.953 bienes en esta condición y bajo nuestra administración hemos recibido de la Fiscalía General de la Nación más de 3.000 bienes con esta problemática. Los ocupantes son generalmente los infractores o sus familiares; testaferros; personas que alegan tener un contrato de arriendo con los vinculados al proceso o ser terceros de buena fe. En zonas rurales ocurren procesos complejos de invasiones irregulares generadas por bandas de los llamados “tierreros”,
carteles de recuperadores de activos, o tenemos casos de grupos de familias que alegan tener derechos y haber sido estafadas.

Solo desde julio de 2017 contamos con facultades de policía administrativa para la recuperación de activos. Gracias a ello SAE ha emitido más de 6.000 resoluciones de desalojo y en los últimos 3 años ha logrado recuperar 1.795 inmuebles que se encuentran valorados en más de 500.000 millones de pesos; sin embargo, las diligencias de desalojo demandan un proceso logístico complejo, demorado y costoso.

La coordinación con las autoridades que deben estar presentes durante la diligencia toma meses, al tiempo que debemos resolver acciones legales que se interponen con el objeto de suspenderlas y dilatarlas. Por ejemplo, en 2019, 1 de cada 3 diligencias fue suspendida por orden judicial.

Para atender este fenómeno fortalecimos la figura de enajenación temprana en la reforma del Código de Extinción de Dominio. Ahora, previa aprobación de un comité gubernamental, quedamos facultados para realizar la venta anticipada de estos bienes sin necesidad de sentencia que declare la extinción de dominio. Asimismo, le hemos propuesto a la Fiscalía una estrategia para realizar los desalojos durante la diligencia de secuestro; y estamos revisando exhaustivamente en qué casos podemos celebrar contratos de arriendo con los ocupantes, aplicando por supuesto toda serie de filtros de seguridad. Para el 2020 tenemos programadas más de 1.600 diligencias de desalojo en todo el territorio nacional.

Según la Contraloría, hay por lo menos $ 2.655 millones que se están quedando en manos de terceros y que no están llegando al Frisco. ¿Por qué?

Respuesta: Bajo el modelo antiguo de administración, los depositarios eran controlados de manera manual, a través archivos de Excel denominados informes de gestión, en donde se remitía la información de los ingresos, gastos y cartera de cada uno de los inmuebles; los depositarios tenían la facultad de cobrar directamente los arriendos y de cruzar los gastos asociados a estos sin ningún tipo de validación previa. Esto generó no solo que no llegaran los recursos, sino también que los depositarios usaran los dineros recaudados sin control.

Una de las primeras acciones de SAE en 2015 fue iniciar al plan de trabajo de recaudo
centralizado, con el objeto de administrar la información de la totalidad de los contratos de arrendamiento en el sistema misional de la entidad, con inmediatez; y garantizar que todo el recaudo de arrendamiento sea depositado directamente en las cuentas de SAE.

Este cambio permitió identificar que los depositarios no realizaban las transferencias al Frisco e irregularidades en la contratación en arrendamiento de los activos, que ya se encuentran denunciadas ante las instancias judiciales. El recaudo por arrendamientos pasó de $ 60 mil millones en 2015 a $80 mil millones en 2017 y sigue en aumento.

La Contraloría afirma que 5 años después la SAE no tiene un inventario “actualizado,
depurado y confiable” sobre los activos y dice que hay por lo menos seis bienes sobre los que se perdió la titularidad.


La SAE recibió de la DNE un archivo en Excel con un listado de 19.819 inmuebles sin
validar. Durante los primeros 4 años se visitaron uno a uno los activos para hacer un diagnóstico integral de los mismos, con lo cual hoy se conoce la realidad de cada uno de los bienes, que hoy ascienden a más de 22.000. Este es un inventario dinámico, pues todos los días ocurren situaciones jurídicas, físicas y económicas que modifican su estado.

Los casos anotados por la Contraloría General de la Republica como eventos bajos los cuales el estado colombiano perdió la titularidad de los bienes a cargo de SAE, corresponden a maniobras fraudulentas de terceros que alteraron el registro de tradición de 6 bienes, en todo caso la entidad frente a los mismos ha instaurado las acciones judiciales y administrativas tendientes a subsanar dichos eventos y por ende no se pueden interpretar como pérdidas efectivas de bienes dado que
son asuntos sometidos a decisiones de las autoridades competentes, las cuales a la fecha se encuentran adelantando las respectivas investigaciones con el fin de asignar las responsabilidades sobre los autores de dichas conductas irregulares. Por lo tanto, confiamos en las instituciones a efectos de obtener las decisiones favorables para el Estado.

MILENA DUQUE SARRALDE
Subeditora de Justicia
​Twitter: @MSarralde

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