En Malambo habrían aumentado número de familias pobres en un contrato

En Malambo habrían aumentado número de familias pobres en un contrato

Contraloría abrió una indagación preliminar por compra de mercados en el municipio.

Malambo

Malambo, Atlántico. 

Foto:

Carlos Capella/EL TIEMPO

Por: Justicia
01 de mayo 2020 , 06:26 p. m.

La Contraloría General abrió una indagación preliminar por un contrato de 4.000 millones de pesos de la alcaldía de Malambo (Atlántico) con el cual se adquirieron mercados básicos para la población vulnerable, en medio de la emergencia de Coronavirus. Para esa transacción fue contratada la Fundación Lirio de los Valles. 

El caso se inició por dos oficios que fueron remitidos a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción el 13 de abril. Allí se se contaba que el contrato, que se firmó el 26 de marzo, tuvo como ejecución un mes para contratar 80.000 kits de mercado. Cada uno costó 50.000 pesos. 

En el acuerdo se hizo un anticipo de 1.600 millones de pesos, y los otros 2.400 millones se entregarían una vez se cumpliera con cada actividad. 

Pero la denuncia específicamente se concentró en quiénes eran los beneficiarios pues si bien el contrato era para 80.000 familias de población vulnerable, dice la denuncia, según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPC) en el municipio hay 41.869 familias en esa condición, presentándose presuntamente una diferencia de 38.131 beneficiarios. 

En la contratación, dice el proceso, tampoco se encontraron estudios previos. Y el estudio que llegó a la gerencia departamental de Atlántico, dice la denuncia, "omite la presentación de los costos indirectos de cada aporte nutricional", lo que implica que se podrían alterar su calidad, cantidad y valor.

Además,  la DIARI de la Contraloría alertó que el contrato duplica el valor de uno que hizo el municipio de Soledad (Atlántico) a pesar de que llega a menos población vulnerable. 

En el Secop, dice la Contraloría, el municipio no registró la información sobre el contenido del kit ni los precios unitarios, por lo que no es posible adelantar esa comparación con los precios del mercado, que es la forma en la que el organismo de control está calculando los presuntos sobrecostos en contrataciones para atender los efectos de la pandemia. 

Es así cómo, asegura la Contraloría, la indagación busca identificar hasta qué punto llegó el daño fiscal y la cuantía. 

Esta situación, dice la Contraloría, podría dar lugar a presuntos sobrecostos en la contratación, lo que es objeto de la indagación preliminar. 

En este proceso fiscal, el organismo busca determinar quiénes serían los funcionarios públicos que presuntamente fueron responsables del detrimento, así como a los particulares implicados en el caso. 

En medio de la investigación, la Contraloría le pidió a la alcaldía que le reporte  los precios unitarios de cada kit, costos directos e indirectos. También, que explique el procedimiento para identificar la población beneficiaria y el soporte de la entrega. 

JUSTICIA

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