La Contraloría de Bogotá le notificará al exalcalde de la capital Gustavo Petro y a Sandra Stella Fonseca, expresidenta de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB), la imputación de cargos por la recompra del 31,92 por ciento de acciones de la Transportadora de Gas Internacional (TGI).
Según el director de responsabilidad fiscal, Mauricio Barón, con esa negociación, hecha en 2014, ambos exfuncionarios le causaron un detrimento patrimonial a la ciudad por más de 279 millones de dólares al permitir que se aplicara un modelo equivocado para valorar las acciones. Estas estaban en manos de Citi Venture Capital International (CVCI), fondo del Citibank que luego las vendió a The Rohatyn Group.
La Contraloría estableció que fueron Petro y Fonseca los que asumieron la recompra y ofertaron 880 millones de dólares. En la negociación, dice la Contraloría, no tuvieron que ver las juntas directivas de la EEB en 2012 y 2015, en las cuales estaban Mónica de Greiff, Guillermo Perry, Saúl Kattan y Alberto Merlano. Por eso se les archivó el proceso de responsabilidad fiscal.
La imputación se basa en tres hechos: la aplicación de un modelo equivocado para establecer el valor de las acciones, el uso de una tasa de descuento del 7 por ciento que elevó el precio final y permitir que los vendedores de las acciones cobraran dividendos antes de vendérselas a la EEB.
Además, señalan que fue falsa la motivación de ofrecer más plata por las acciones, alegando que la EEB quería recuperar el control de TGI. Pero voceros de Sumatoria, la banca de inversión que estableció el rango del valor que se podría pagar por las acciones, dicen que se ratifican en el modelo aplicado y que los resultados operacionales de TGI les dan la razón.
“La metodología fue rigurosa y estricta y partió de una lectura correcta de la realidad del mercado potencial de compradores y de la coyuntura macroeconómica”, dijeron.
Y agregaron que no es cierto que la EEB tuviera el control de TGI porque no tenía gobernabilidad por cláusulas que se impusieron cuando compró el grupo Citi.
Y creen que no se está haciendo una correcta distinción entre retorno al activo y retorno al patrimonio. Por eso se atribuye el detrimento a la aplicación de una tasa de descuento del 7 por ciento y no del 12. Prueba de que la valoración se hizo bien, dicen, es una valoración del Credit Suisse de TGI cuyos resultados a 2016 arrojan un valor de la compañía de hasta 3,1 billones de dólares.
Dagoberto Quiroga, abogado de Petro, le dijo a EL TIEMPO que en la imputación hay más una persecución política que elementos jurídicos: “Aquí no hay dolo ni detrimento patrimonial. Economistas y cifras señalan que la EEB hizo un buen negocio. Por fortuna, estos fallos van a control de legalidad en lo contencioso, y allí nos darán la razón”.
UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com
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