Detrimento en casas fiscales de la Policía sería de $ 5.364 millones

Detrimento en casas fiscales de la Policía sería de $ 5.364 millones

Contraloría comunicó hallazgo al director de Policía, investigado por Procuraduría por estos hechos.

Casas fiscales de la Policía

Desde el principio, el proyecto tuvo errores de planeación y luego de ejecución.

Foto:

Contraloría General

Por: Justicia
27 de abril 2020 , 09:43 p.m.

La Contraloría General le trasladó al general Óscar Atehortúa, director de la Policía, el hallazgo que encontró en una investigación por las denuncias en presuntas irregularidades en la contratación de casas fiscales de la Policía en San Luis, Tolima. 

Estos hallazgos también fueron trasladados a la Procuraduría General, que ya había llamado a juicio disciplinario a Atehortúa por presuntas irregularidades en el contrato en el que, cuando él era director del Fondo Rotatorio de la Policía, estableció que se habían recibido satisfactoriamente las viviendas pese a que no estaban culminadas. La Procuraduría le reprocha que supuestamente faltó a su deber de revisar la obra y velar por la buena calidad de lo que se contrató.

A través de denuncias, el caso llegó a la Contraloría General, que acaba de notificarle a Atehortúa que en esas casas fiscales se encontró un presunto detrimento superior a los 5.364 millones de pesos, ya que las casas no tienen hoy un uso productivo, no están cumpliendo su finalidad, que era "garantizar vivienda fiscal en condiciones de seguridad y cercanía al lugar de trabajo para los instructores y personal de planta de la unidad Cenop (Ciudadela de la Policía)".

(Le puede interesar: El juicio que pondrá a prueba la continuidad de director de la Policía)

El ente de control fiscal investiga los contratos celebrados en este caso, desde el momento en que se planeó el proyecto (2010-2011) y el periodo de su ejecución (2011-2015) hasta la fecha. 

Ese detrimento se habría generado porque, según la Contraloría, en el contrato "no hubo una adecuada planeación y ejecución" y el proyecto de vivienda está abandonado desde hace cuatro años, sin que se evidencie algún tipo de gestión para ser terminado. 

Así, el daño patrimonial se divide en dos: 5.132 millones por lo invertido en la obra, y 231 millones en la interventoría. El primer contrato, el de obra, se suscribió con la firma Socar Ingeniería Ltda., y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

(Además: Los testimonios que enredan al director de Policía en la Procuraduría)

Por ahora, en todo caso, la Contraloría asegura que no ha definido presuntos responsables en este contrato, ya que se determinará en el proceso de responsabilidad que el organismo de control iniciará.  

En su investigación, la Contraloría General recordó que la segunda etapa de la ciudadela en San Luis, para construir 51 casas fiscales, se firmó por un valor total de 7.000 millones de pesos, ejecución de recursos que había quedado a cargo del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.  

Óscar Atehortúa, director de la Policía

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía, es investigado por la Procuraduría por el contrato de casas fiscales, entre otros hechos. 

Foto:

Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Esas casas no fueron terminadas y hoy no tienen condiciones para ser habitadas. Así, las irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto llevaron a que la obra quedara desfinanciada y que hoy sea un 'elefante blanco', pues no hay recursos para terminarla. 

Esto, a pesar de que las viviendas iban a ser destinadas a familiares de los Comandos Junglas, que se encargan de las operaciones contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. 

Un hecho llamativo que investiga la Contraloría es que para construir las 51 casas se había dado un plazo de ejecución de tres días, ya que en el acta de inicio aparece como fecha el 27 de diciembre del 2012, y el plazo de ejecución va hasta el 31 de diciembre. Ese fallo en la planeación llevó a que al contrato se le hicieran cuatro prórrogas. 

Así, el contrato fue prorrogado el 31 de diciembre del 2012 por seis meses, el 29 de junio del 2013 por 4 meses, el 31 de diciembre del 2013 por cinco meses, y el 30 de mayo del 2014 por tres meses. Aunque, según esas prórrogas, las casas debían estar listas el 28 de agosto del 2014, no están terminadas. Todas esas prórrogas, sin embargo, no modificaron la forma de pago al contratista. 

Así, dice el organismo de control, "no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra". 

JUSTICIA

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