Contraloría encuentra desorden en la nómina de la Rama Judicial

Contraloría encuentra desorden en la nómina de la Rama Judicial

Pagos injustificados de vacaciones y de salarios a extrabajadores, entre irregularidades.

Al año, se pierden $ 7.000 millones por mora en pago de cesantías a docentes

600 millones de pesos al mes es lo que debe desembolsar el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por mora en la entrega de cesantías a los docentes oficiales.

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Archivo / EL TIEMPO

02 de enero 2018 , 08:26 p.m.

Desde noviembre del 2009, el Consejo Superior de la Judicatura inició un proyecto de 12.000 millones de pesos para implementar la solución tecnológica Kactus, que le permitiría migrar y digitalizar sus procesos de pago de salarios y prestaciones sociales. 

A pesar del dinero que se ha invertido en esa plataforma, las irregularidades en la nómina de la Rama Judicial van desde dobles giros de cesantías, pagos injustificados de vacaciones y hasta la consignación de sueldos a personas que no trabajan.

Ese fue uno de los hallazgos de la Contraloría General, en una auditoría de los periodos del 2013 al 2017, sobre la gestión del Consejo Superior de la Judicatura.

Frente a las cesantías, la Contraloría detectó mayores valores pagados por 2.813 millones de pesos que fueron girados a Porvenir, a pesar de que el cálculo estaba mal hecho. Esos errores llevan a que la entidad tenga un desgaste administrativo, pues debe pedir la nulidad de esas cesantías, trámites que “en muchas ocasiones no han permitido la recuperación de los dineros pagados y en consecuencia se deben iniciar cobros coactivos”. Así, por ejemplo, cuando la Judicatura intentó anular esos pagos ante el fondo Porvenir, en el 38 por ciento de los casos se encontró que las cuentas de los funcionarios ya no tenían saldo.

Con esos antecedentes, el organismo afirma que la Rama Judicial mantiene debilidades en los procesos de liquidación y pago de las prestaciones sociales, lo que “representa un riesgo inminente para el erario”. Lo más preocupante es que, según la evaluación, la Judicatura no ha hecho nada por subsanar esos errores sino que ha justificado las fallas en la deficiencia de su planta de personal.

Aunque hasta ahora el detrimento patrimonial por los errores en la nómina ya suman 1.000 millones de pesos, la Contraloría estima que ese valor podría incrementar si no se reversan las transacciones mal hechas.

Ante las críticas, la Judicatura aseguró que si bien es cierto que hay inconsistencias por la complejidad del sistema salarial y prestacional de la Rama Judicial y por la cambiante jurisprudencia que modifica salarios, “ello no significa que el sistema carezca de parametrización a nivel nacional”.

Además de los líos en las cesantías, la investigación también encontró que la Judicatura les ha pagado sueldos a personas que ya no trabajaban para la Rama Judicial.

Uno de los casos es el de una exfuncionaria que trabajó como escribiente de descongestión hasta el 16 de diciembre del 2011, pero se le siguió pagando sueldo de manera injustificada hasta octubre del 2015, por lo que recibió 141 millones.

Otro caso irregular es el de un abogado con el que se declaró de manera tardía su insubsistencia. Según un acuerdo del 29 de abril del 2015, la Judicatura estableció que el funcionario –que había entrado a la Rama en el 2010– no fue a trabajar desde el 2012 hasta el 2014, el funcionario, sin embargo, recibió sueldo en ese tiempo.

La vena rota en las nóminas se creó por la falta de control. Al encuestar a 129 nominadores la Contraloría detectó que el 65 por ciento no revisa ni certifica la nómina y solo un 4 por ciento lo está haciendo. “Lo anterior generar riesgo de pagos a personas que no han laborado, o que habiendo laborado renunciaron y no han sido desvinculados de la nómina”, afirma el ente de control fiscal.

En cuanto a las vacaciones, también se detectó que el Consejo Superior de la Judicatura no está dando las vacaciones individuales dentro del año siguiente después de que iniciaron el contrato. Esto hace que se les tenga que pagar indemnizaciones de las vacaciones hasta por más de cuatro periodos acumulados, “vulnerando el derecho fundamental de los funcionarios al descanso remunerado”.

Además, en muchos casos se están pagando vacaciones por salarios diferentes a los que devengan los servidores al momento del pago.

Otro pago irregular es el relacionado con sobresueldos a funcionarios que ingresaron después de 1993 y que ya no podían recibir ese régimen especial. Así, la Judicatura les pagó por lo menos 49 millones de pesos en sobresueldos a 307 funcionarios que ya no tenían ese derecho.

JUSTICIA

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