En la revisión de los contratos que se están celebrando en las alcaldías y gobernaciones de todo el país para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus, la Contraloría General y la Procuraduría han encontrado varios gastos llamativos que evidenciarían un mal uso de los recursos públicos, en medio de la pandemia y de la difícil situación social y económica que está viviendo el país.
Así, estos entes les recordaron a las entidades públicas que los recursos que usan -que son de todos los colombianos- no deben ser utilizados en gastos suntuarios, ni a publicidad innecesaria asociada al covid-19, al pago de deudas de las entidades territoriales, ni a compras que no permitan atender la emergencia. Tampoco se pueden hacer contratos que, si bien están relacionados con la situación sanitaria, resultan onerosos.
En el seguimiento preventivo que la Contraloría General está realizando encontró 37.932 contratos suscritos desde el 10 de marzo hasta el 5 de abril. De ese número de contratos, 5.198 estaban relacionados con recursos para atender a la emergencia de covid-19.
Por ejemplo, la Contraloría evidenció que se han comprado kits de mercados con precios superiores en comparación con los de las grandes superficies. También ha visto que se están entregando mercados con fines políticos a población no vulnerable o o que no se ha visto afectada por la pandemia.
Se ha visto, incluso, que algunos están construyendo parques, situación que no está relacionada con la pandemia, o el gasto en contratos para publicidad sobre los cuidados del covid-19 en televisión e internet en donde los entes de control consideran que la ciudadanía ya tiene información suficiente.
También se han visto contratos para ayudas humanitarias con empresas cuyo objeto social es la organización de eventos, es decir, que no tienen experiencia en el tema.
Y se encontraron contratos para suministrar kits de aseo que se entregan de forma parcial o incompleta.
Finalmente, hay contratos que no son publicados oportunamente en el Secop o que no cuentan con el acto de declaratoria de urgencia manifiesta -figura que los entes territoriales están ejecutando para contratar en medio de la pandemia- y a los que les faltan documentos.
Lo primero que encontró la Contraloría es que en los pocos contratos que están siendo reportados en el SECOP (que es el portal de contratación estatal) hay muy poca información sobre la etapa precontractual y contractual de cada compra.
Así, faltan por ejemplo estudios previos y estudios de mercado, ofertas económicas de los contratistas, no se encuentra la información de quiénes serán los beneficiarios ni los valores unitarios en los estudios previos.
Ese es el caso, por ejemplo, de este contrato por casi 2.000 millones de pesos en la alcaldía de Sincelejo, Sucre, en donde en los documentos relacionados solo está el contrato.
Uno de los contratos revisados por la Contraloría General.
Contraloría / Fuente SECOP
Otro factor de riesgo son los presuntos sobrecostos en los objetos de compra, advertidos por la Contraloría General. Así, se han encontrado costos elevados en alimentos que componen kits de mercado, en elementos de protección sanitaria para la emergencia sanitaria, en elementos médicos, así como especulación de precios, y costos altos en infraestructura tecnológica para atender la emergencia.
Esto se evidenció en el mismo contrato mencionado en Sincelejo. Mientras el costo de kit de alimentos. según la verificación de costo de mercado es de 118.023 pesos, en el contrato aparece un previo por 150.000 pesos. Así, la Contraloría advierte que, al multiplicar el valor del sobrecosto (31.977 pesos) por los 13.333 kits contratados, el presunto sobrecosto sería en total de 426 millones de pesos.
El organismo de control también reportó ambigüedades en los contratos. En algunos, las obligaciones de los contratistas son genéricas, no se especifícan ítems, cantidades o beneficiarios del estudio previo. Tampoco se determina quién es el responsable de supervisar la negociación, y además hay contratos con inconsistencias entre la oferta económica y el valor del contratos.
Hay compras en las que la suma de las ofertas económicas son superiores a la establecida en los mismos ítems del contrato, "generando costos erróneos", según el organismo fiscal.
Ese sería el caso de un contrato en Tocancipá en donde el valor reportado por cada kit de alimentos y aseo personal en el contrato es de 161.225 pesos, pero al hacer la suma de los elementos que conforman el paquete, este da 79.425 pesos.
Información de la Contraloría General sobre uno de los contratos evaluados.
Contraloría General
En ese contrato, además, la Contraloría encontró que mientras el costo pagado por la alcaldía fue de 161.225 pesos por kit de alimentos y aseo, al verficar los precios de referencia con el DANE encontró que realmente ese mismo kit costaba 81.104 pesos.
Y en un contrato de 1.206 millones de pesos de la alcaldía de Coveñas para el suministro de ayuda humanitaria y no alimentaria de emergencia, la Contraloría encontró 6.000 kits de mercado para población vulnerable que se pagaron a 184.500 pesos pero el costo de mercado referencia DANE es de 152.294. Así, dice el organismo, el presunto sobrecosto sería en total de 193 millones de pesos.
Contrato de Coveñas reportado por la Contraloría.
Contraloría General
Otro presunto sobrecosto se encontró en un contrato de 372.500 millones de pesos en la gobernación de Casanare. El contrato buscó comprar camas hospitalarias y camillas de transporte con Las Electromedicina SAS. Según el organismo de control fiscal, se encontraron 24 camas hospitalarias pagadas cada una a 11 millones de pesos cuando la Contraloría encontró en el mercado camas hospitalarias de 5 movimientos por 8.4 millones de pesos, para un posible sobrecosto del 29,9 por ciento por cama.
Y en Girón (Santander), la alcaldía firmó un contrato por 1.400 millones de pesos con un contratista particular para el suministro de kits alimentarios para población vulnerable. El valor por cada kit reportado por la alcaldía es de 70.000 pesos pero al comparar esos precios con los del mercado, la Contraloría evidenció que realmente cuestan 53.191 pesos. Ese presunto subrecosto implicaría que se pagaron 337 millones de más de lo que realmente se debía haber gastado.
La Contraloría también una presunta irregularidad en un contrato de 7.168 millones de pesos de la secretaría de educación de Medellín con la Corporación Colombia Avanza. Según el organismo de control fiscal, en esa compra se encontraron diferencias por 531 millones de pesos que están por encima de los precios reportados en la base del SIPSA, para la semana del 21 al 27 de marzo. En ese contrato, dice el organismo fiscal, se encontró un presunto sobrecosto del 29 por iento en el fríjol cargamanto rosado, y de un 18 por ciento en la leche en polvo.
En términos generales, la Contraloría ha identificado presuntos sobrecostos en varios contratos de alimentos del 31,7 por ciento en compras de Coveñas y del 21,3 por ciento en Sincelejo (Sucre). En Barrancabermeja del 38,8 por ciento y en Girón del 24 % (Santander). También un 29 por ciento en Susacón (Boyacá), un 30,9 por ciento en Ibagué (Tolima); y un 22,8 % en Jericó y 28,8 por ciento en Medellín (Antioquia),
También hay presuntos sobrecostos en contratos de alimentación de un 34,5 % en Acacías (Meta); del 24,1 por ciento en Puerto Gaitán (Meta), del 29 por ciento en San José del Guaviare (Guaviare), y del 28 por ciento en Francisco Pizarro (Nariño).
Algunos de los alimentos con más sobrecostos son el kilo de lentejas en un contrato de Barrancabermeja, con un 52 por ciento por encima de su valor, y otro kilo de lentejas en un contrato de Acacías con un costo de un 53 por ciento más. En ese mismo municipio los fríjoles se habrían comprado por un 50 por ciento más del costo real.
En materia de elementos para la salud, la Contraloría también ha identificado sobrecostos en nueve municipios, siendo los más altos los de San Antonio (Tolima) con un presunto sobrecosto del 71,5 por ciento en un contrato para tapabocas antifluido; la Unión (Valle) con un 64 % de sobrecostos en la compra de overol de bioseguridad; y Ocaña (Norte de Santander) con un 61,9 por ciento en un contrato de gel antibacterial.
En cuanto a la publicidad, entre el 10 de marzo y el 4 de abril la Contraloría encontró contratos por más de 17.700 millones de pesos de los cuáles un 89 por ciento (15.705 millones de pesos) es de publicidad general, y un 11 por ciento (2.040 millones de pesos) de publicidad relacionada con covid-19.
En donde se ha contratado más publicidad para covid-19 es en Bogotá, que está entre los 79 y 181 contratos. Le sigue Cundinamarca, con entre 50 y 79 contratos; y departamentos como Nariño, Risaralda, Antioquia y Santander, con entre 22 y 50.
En algunos de esos contratos de publicidad la Contraloría ha identificado inconsistencias. Por ejemplo, en un contrato de la gobernación del Tolima para pauta digital, perifoneo, pauta en periódicos, televisión y radio se firmó un negocio que cuesta 7 millones al día. Aunque con ese costo diario el cálculo por los dos meses -en los que se contrató a León Gráficas SAS- daba un valor de 420 millones de pesos, la Gobernación pagó 1.020 millones de pesos .
Al mismo tiempo en esa gobernación la Contraloría encontró un contrato por 19 millones de pesos para apoyo en medios y redes sociales, por 180 días.
En medio del programa ‘Transparencia por la emergencia’, la Contraloría y Procuraduría le recordaron a los que están realizando los contratos que están vigilando lo que compran y el uso de los recursos públicos, por lo que “alertarán de manera inmediata y sancionarán contundentemente el mal uso de esos fondos, y la vulneración de los derechos de los ciudadanos y del personal médico y del sector salud”.
También les recordaron que según el decreto 440 del 2020 los alcaldes y gobernadores deben preferir la compra de sus bienes y servicios en las grandes superficies y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, que hoy tiene a su disposición elementos como alcohol, algodón, cajas de seguridad, bolsas, gel antibacterial, guantes, jabón, toallas para manos, limpiadores, yodo, entre otros.
Ante esta situación, la Procuraduría General y la Contraloría le recomendaron al Gobierno que busque que las compras se hagan centralizadas o que se contrate conjuntamente con las entidades territoriales los insumos prioritarios para prevenir y contener el contagio de covid-19.
Con estos mecanismos, indicaron las entidades, se podrán agrupar necesidades comunes de alcaldías y gobernaciones, y comprar de forma conjunta lo que se necesita para combatir la pandemia. También serviría para coordinar y revisar las directrices sobre la calidad de lo que se compra y su oportunidad, en medio de la emergencia que se declaró por el coronavirus.
También le pidieron a Colombia Compra Eficiente que agilice una estructura que quede a disposición de alcaldes y gobernadores con los Instrumentos de Agregación de Demanda para comprar los bienes imprescindibles ante la pandemia.
JUSTICIA