La Contraloría General cuestionó que empresas extranjeras que han sido condenadas fiscalmente en Colombia, tras resultar vinculadas en hechos de corrupción, pretendan con demandas en el exterior ser indemnizadas por el Estado colombiano.
"La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio", aseguró la Contraloría General.
Según la Contraloría, los responsables fiscales han buscado ampararse en esos tratados internacionales para "evadir las decisiones de los órganos de control fiscal, desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional que no deberían caber en este tipo de asuntos", afirmó.
Uno de esos casos se dio en el 2015, cuando la Contraloría condenó fiscalmente a la minera de carbón Prodeco, filial de la multinacional Suiza Glencore, y a otros involucrados que deben pagarle al Estado 60.023 millones de pesos por un detrimento patrimonial. Ese detrimento se generó cuando, con un otrosí, Prodeco modificó el cálculo de las regalías, lo que hizo que el erario recibiera menos de las que debía percibir.
La Contraloría asegura que "el daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país".
Ante el fallo de la Contraloría, Prodeco demandó al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, y luego también lo demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas e Inversiones (CIADI).
En los próximos días el CIADI, institución del Bando Mundial que se dedica al arreglo de diferencias en casos de inversiones internacionales, proferirá un fallo sobre el caso Prodeco-Glencore.
La Contraloría afirmó que este fallo internacional es de total importancia "por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales".
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