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Con Regasificadora del Pacífico subirían 32 % tarifas de gas: Contraloría
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Sede de la Contraloría General de la República, en Bogotá.

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EL TIEMPO

Con Regasificadora del Pacífico subirían 32 % tarifas de gas: Contraloría

Sede de la Contraloría General de la República, en Bogotá.

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El órgano de control identificó varios riesgos de afectación negativa a los intereses públicos.

Estrenando una función que adquirió con una reforma de 2019, la Contraloría General de la República hizo una advertencia al Gobierno Nacional frente a la convocatoria pública para la selección del inversionista que se encargará del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.

En la advertencia del órgano de control se señalan varios riesgos para las finanzas públicas, empezando porque el esquema de remuneración establecido implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, pues al entrar en operación esta planta en 2024, los usuarios se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años.

Pero ese no es el único riesgo identificado. Con el control fiscal y preventivo que realizó la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, el organismo de control identificó riesgos de connotación económica, por el licenciamiento ambiental, riesgo de interferencia en el tráfico marítimo y operaciones de navegabilidad en la bahía de Buenaventura, riesgo por los posibles efectos sobre la política de transición energética y riesgo por incertidumbre regulatoria.

De acuerdo con el órgano de control, la razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta.

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No obstante, a la Contraloría le llamó la atención que la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) planteó la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit que se presentaría en 2024. Esto porque, dijo la entidad, si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma UPME, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.

Para la Contraloría, en el estudio de la UPME se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta.

La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.

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Para la Contraloría tomar como base y sustento para el desarrollo del proyecto de construcción de la Regasificadora del Pacífico el déficit de gas de producción nacional a comienzos del año 2024, producto de plantear un crítico fenómeno climático seco, implica un riesgo de connotación económica.

“…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”, dice la advertencia.

El impacto en las tarifas

Por otra parte, para la entidad, la evaluación preliminar de la UPME, contenida en el 'Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028', esboza un
escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado.

Por ejemplo, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32 % en tres años, situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible.

Además, para la Contraloría también podría haber un efecto adverso en la política de transición energética por los potenciales incrementos en la tarifa para el sector industrial, pues podría ser un incentivo para retornar al consumo de combustibles más baratos, pero más contaminantes, produciendo un desbalance en la relación costo-beneficio en dicho aspecto.

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También genera incertidumbre, resaltó el órgano de control, que dos regulaciones que sustentan regulatoriamente el proyecto están hoy siendo modificadas en pleno proceso de adjudicación del mismo, lo que implica un gran riesgo jurídico y técnico para el sector y el país. Se trata de la Resolución CREG 107 de 2017, por la cual se establecen los procedimientos que se deben seguir para ejecutar proyectos del Plan de Abastecimiento de Gas Natural; y la Resolución CREG 152 de 2017, mediante la cual se establecen reglas complementarias para el desarrollo de la infraestructura de importación de gas del Pacífico.

En cuanto al riesgo ambiental, se indicó que no se advierte a la fecha que el Gobierno, a través de la UPME o del Ministerio de Minas y Energía, haya evaluado con la autoridad ambiental los requerimientos que conlleva en esta materia el licenciamiento para cada uno de los componentes de la infraestructura, en particular para la construcción del gasoducto.

Por último, la Dirección General Marítima (Dimar) ha manifestado reiteradamente su
concepto desfavorable sobre la implementación del proyecto en el Puerto de Buenaventura, por la interferencia que posiblemente acarreará en el tráfico marítimo al interior de la bahía y en el resto de las instalaciones portuarias. La entidad ha solicitado a la UPME la reconsideración del área de construcción de cualquiera de los dos proyectos que implique la planta de regasificación.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com

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