Alcibíades Vargas Bautista es, desde hace tres semanas, uno de los protagonistas centrales del escándalo que sacude al Tribunal Superior del Meta.
La Fiscalía tiene evidencia de que, a cambio de dinero, licores finos y servicios sexuales, él y sus compañeros Fausto Díaz y Joel Trejos, beneficiaban a delincuentes, incluidos poderosos narcotraficantes.
En el caso de Alcibíades Vargas Bautista, de 58 años y egresado de la Universidad Libre, el ente acusador asegura que este habría recibido 244 millones de pesos de manera ilegal.
Entre otros ‘favores’, se le investiga porque habría dejado de tramitar la apelación de una condena para favorecer a Marbelly Sofía Jiménez, acusada del homicidio de su hijastro.
El concuñadoA pesar de la contundencia de la evidencia y del impacto en la justicia, el caso se empezó a dilatar y llevó a los investigadores a chequear las actuaciones de algunos empleados judiciales que han estado relacionados con el proceso.
En esas pesquisas ya se estableció que el magistrado Alcibíades Vargas tiene allegados en varios puestos estratégicos de la rama judicial, incluido el búnker de la Fiscalía General.
Pero la sorpresa vino cuando los investigadores se percataron de que uno de los jueces de control de garantías en el caso contra Alcibíades Vargas es su concuñado.
Según estableció EL TIEMPO, se trata del magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá Manuel Antonio Merchán Gutiérrez. Su hermana, la fiscal María Claudia Merchán, está casada con Carlos Alberto Vargas, el hermano del procesado Alcibíades Vargas.
Este último es otro poderoso de la justicia: un reconocido magistrado del Tribunal de Cundinamarca.
“El doctor Manuel Merchán tenía que declararse impedido por la cercanía con el procesado o al menos advertir que era su concuñado. Según registros del Consejo Superior de la Judicatura, él fue uno de los primeros magistrados en tomar el caso, el pasado 22 de mayo”, le dijo a este diario un investigador.
De hecho, para despejar cualquier duda e incluso una nulidad de la diligencia, evalúan si se pide verificar la actuación dentro del proceso del concuñado, Manuel Merchán Gutiérrez, que goza de gran reputación en el sector.
Ese hallazgo llevó a los investigadores a desempolvar otro caso que está relacionado con el mismo núcleo familiar.
Según dijeron, se indagan denuncias que señalan que una extrabajadora del despacho del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista habría terminado beneficiada en un sonado proceso, fallado en el 2014.
En abril de ese año, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue condenada a pagar 64.000 millones de pesos a un particular por un predio que, al parecer, ya pertenecía al Distrito.
El predio es parte del humedal Jaboque, ubicado en la localidad de Engativá.
Según el fallo, firmado por el magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista, se le reconocía por derechos litigiosos 12.000 millones de pesos a Kelly Andrea Eslava.
Coincidencialmente, Eslava fue auxiliar judicial del magistrado en el 2007.
En su momento, el magistrado Vargas Bautista fue enfático al explicar que el nexo con Kelly Eslava no representa impedimento.
Y agregó que se trató de una cesión privada de derecho litigioso, ajena por completo al proceso.
A pesar de las explicaciones del magistrado, la entonces directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), Blanca Inés Durán, interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
La funcionaria pidió investigar los presuntos delitos de obtención de documento público falso, fraude procesal, usurpación de tierras y prevaricato por acción. Pero el caso no se ha movido.
EL TIEMPO intentó sin suerte ubicar a los Vargas Bautista y al concuñado.
En todo caso, fuentes de la rama en el Meta aseguraron que se trata de funcionarios intachables.
De hecho, aseguraron que María Claudia Merchán, la esposa de Carlos Alberto Vargas, llegó a ser fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la administración de Eduardo Montealegre. Ahora, es delegada ante el Tribunal de Cundinamarca.
“Uno de sus hermanos, Luis Fernando Merchán, es uno de los más destacados fiscales especializados de la Dirección Nacional contra el Lavado de Activos”, aseguró la fuente consultada.
En cuanto a Alcibíades Vargas, experto en teoría del delito, insiste en su plena inocencia, a pesar de que hay incluso audios que lo implican en los ilícitos.
Por eso, Vargas Bautista y sus otros dos compañeros de tribunal deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo.
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