Los congresistas con cuentas pendientes en la Contraloría

Los congresistas con cuentas pendientes en la Contraloría

Hay tres congresistas que tienen procesos fiscales por contratos de alimentación escolar.

Congresistas investigados por al Contraloría

Richard Aguilar, senador por Cambio Radical; el representante a la Cámara por Caldas, Erwin Arias Betancur; y el senador Didier Lobo Chinchilla

Foto:

Bernardo Toloza / Archivo EL TIEMPO - Archivo particular

Por: Justicia
02 de octubre 2019 , 08:40 p.m.

En manos de la Contraloría hay por lo menos tres investigaciones que involucran a actuales congresistas. Esos procesos, sobre los que todavía no hay fallos, se relacionan con irregularidades en contratos para la alimentación escolar cuando eran gobernadores o alcaldes, antes de llegar al Legislativo en el 2018.

Una de las investigaciones abiertas es la del senador Richard Aguilar Villa, exgobernador de Santander, quien tiene un proceso fiscal desde el 2017, cuando se comenzaron a investigar presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE), firmado por la Secretaría de Educación y la Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales. En ese contrato hubo un presunto sobrecosto por 3.923 millones de pesos.

Otro proceso es del representante de Caldas Erwin Arias Betancur. Su investigación, abierta hace dos años cuando él era alcalde de La Dorada, Caldas, se inició también por un contrato de alimentos escolares.

La Contraloría investiga las diferencias en los precios que manejó La Dorada frente a las raciones contratadas por la Secretaría de Educación departamental de Caldas, en idénticas circunstancias. En total, el órgano fiscal indaga un posible detrimento en el municipio de 156 millones de pesos.

El tercer proceso fiscal es el del senador Didier Lobo Chinchilla, investigado por hechos relacionados a su administración como alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar.

Tiene una investigación fiscal de la Contraloría por un presunto detrimento de 2.384 millones de pesos en la suscripción de un contrato en diciembre del 2012 con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, cuyo objeto era adquirir paquetes nutricionales para la recuperación de niños y niñas desnutridos. El contrato duró 18 meses y tuvo un presunto sobrecosto de 2.384 millones de pesos.

JUSTICIA

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