La Contraloría General determinó que en los últimos 14 años las condenas contra el Estado han obligado a destinar recursos del Presupuesto General de la Nación por 11,2 billones de pesos, por lo que son una vena rota para los recursos públicos.
"Se trata del mismo valor que ha costado la implementación de la Ley de Justicia y Paz desde 2005 hasta 2016, o dos veces los ingresos esperados en la última reforma tributaria", afirmó el organismo.
La alarma también se prendió porque las pretensiones de las demandas actuales son por 5.383 billones de pesos, según los registros contable de las entidades públicas.
Ese saldo de los procesos se incrementó en el 2016 por una demanda por $3.019 billones contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Esta demanda está relacionada con una acción de grupo por desplazamiento forzado en el municipio de Mapiripán (Meta).
Además, aseguró que los casos que se llevan en los tribunales de arbitramento también afectan las finanzas. A junio del 2017 había 124 procesos activos con pretensiones iniciales estimadas en 4.8 billones de pesos.
De 124 tribunales activos, el 80 por ciento se concentran en 16 entidades que suman pretensiones por 4,2 billones de pesos entre las que se destacan la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y la Autoridad Nacional de Televisión y la Fiduprevisora.
Adicionalmente, en el 2016 hubo 109 laudos arbitrales en los que en un 60 por ciento hubo una decisión desfavorable contra entidades del Estado, con lo que hubo órdenes de pago por $2.4 billones.
A los procesos pendientes y a las condenas, se suman los pagos por intereses moratorios en las condenas contra entidades como el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. Precisamente las entidades del sector defensa son las que tienen mayores demandas en su contra, pues suman 1.210 billones de pesos.
Además, en los territorios se condensan demandas por 14.5 billones de pesos. La zona con más demandas es Antioquia ($6.4 billones), Sucre ($3 billones) y Córdoba ($0,75 billones), que suman el 70% del total de las entidades territoriales.
Y en el lugar local se mantienen los municipios con demandas por $9.8 billones de pesos, encabezados por Medellín con $2.8 billones en pretensiones en contra y Cali con $1.1 billones, que representan el 40% del total de los municipios.
Contra las empresas de servicios públicos hay demandas por $6 billones de pesos: la más demandada es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá con $4.5 billones, con un 75 por ciento del total de pretensiones.
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