En medio de los procesos que adelanta el Gobierno para que el Consejo Nacional de Estupefacientes apruebe el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato, un tema no pasa desapercibido, y son las demandas que hoy enfrenta y por las cuales ha sido condenada la Nación por el uso de ese herbicida.
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De acuerdo con información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), con corte al 30 de noviembre de este año, había 228 demandas activas contra la Nación, con pretensiones que llegan a 9,88 billones de pesos, por el uso de glifosato.
De estas, 191 son por la aspersión aérea, y esas solas juntan pretensiones por más de 9,58 billones de pesos. Mientras que 37 demandas tiene que ver con otro tipo de fumigación con glifosato, y se pide un pago de cerca de 300.000 millones de pesos.
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De los procesos que están activos, la Andje informó que hay 123 cursando en primera o única instancia, de los cuales 29 están apenas en el inicio del litigio, 21 en etapa de pruebas, y 73 para fallo.
De otro lado, 105 procesos están en revisión en segunda instancia. De estos que aún se debaten en los estrados judiciales, 56 tuvieron un fallo desfavorable, es decir una condena, para la Nación en primera instancia; mientras que 49 tuvieron una sentencia favorable al Estado.
En cuanto a cifras, las 56 condenas que hubo en primera instancia, y que hoy son debatidas en segunda instancia, tienen pretensiones por 358.377 millones de pesos.
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Los procesos que ya se terminaronPor otro lado, la Agencia tiene registrado 223 demandas que ya terminaron y están en ejecución de la sentencia.
Cuarenta y cuatro procesos terminaron en primera o única instancia, en la que hubo 6 condenas a la Nación y 22 fallos favorables a los intereses del Estado.
Mientras que en segunda instancia se sellaron 179 casos. De estos, 106 terminaron en condenas y 73 en sentencias favorables a la Nación.
Así las cosas, la cuenta de condenas contra Colombia por fumigaciones con glifosato va en 109, versus 111 absoluciones.
Este sábado la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) desarrolla una audiencia de socialización de cómo sería el plan de manejo ambiental para el programa de erradicación con aspersiones aéreas con glifosato (Pecig).
En esta audiencia, la Policía debe presentar cómo será ese plan de manejo ambiental y cómo se mitigarán los riesgos o daños asociados a este químico, además, se escuchará la intervención de varias organizaciones y comunidades de las zonas donde se asperjaría.
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Tras la diligencia, la Anla debe publicar un documento con las conclusiones, y luego tendrá otro plazo para definir si aprueba, o no, el cambio en el plan de manejo ambiental. De esa decisión depende que se cumpla uno de los requisitos que en 2017 le impuso la Corte Constitucional al Estado para volver a fumigar: que haya una evaluación de riesgos ambientales y cómo mitigarlos.
Y con el cumplimiento de ese requisito, el Gobierno estaría un paso más cerca de poder presentarle al Consejo Nacional de Estupefacientes la petición de que vuelva a autorizar las aspersiones con glifosato como una estrategia más para enfrentar las 150.000 hectáreas sembradas con coca que, a 2019, había en el país según la medición Simci de la ONU.
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