Desde este martes empezaron a desfilar por el Tribunal Superior de Bogotá los representantes de 94 entidades del Gobierno Nacional y regional, que deberán explicar qué están haciendo para proteger la Amazonia colombiana y frenar la deforestación que viene padeciendo esta parte del denominado pulmón del planeta.
En un histórico pronunciamiento, en abril del año pasado, la Corte Suprema advirtió del grave incremento del 44 por ciento de la deforestación de la Amazonia –que pasó de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016– y consideró a esta reserva natural del mundo como sujeto de derechos.
Este pronunciamiento se dio tras revisar una tutela de Dejusticia en representación de 25 niños y jóvenes que exigían la protección de su derecho a gozar de un ambiente sano y de los derechos a la vida y a la salud.
En la sentencia, el alto tribunal dio varias órdenes para que, en un plazo de cuatro meses, se adopte un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para proteger este importante ecosistema y, de paso, se haga frente a los efectos del cambio climático.
La Corte le encomendó al Tribunal Superior de Bogotá hacerles seguimiento a sus órdenes. De hecho, en cumplimiento de ese mandato, el Tribunal empezó, 18 meses después, a escuchar a las entidades y organismos vinculados con la protección del Amazonas colombiano.
La Amazonia no es solo árboles, la Amazonia es una cultura, un territorio, es un lugar especial
Según el documento ‘Amazonia: posible y sostenible’, producido por la Cepal, Patrimonio Natural, Parques Nacionales Naturales y la Fundación Moore, la Amazonia colombiana abarca 476.000 km² (el 6,4 % del total del bioma amazónico y el 41,8 % del territorio nacional) y está compuesta por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés.
Uno de los primeros en pasar ayer al tablero fue el representante de la Presidencia de la República, Luis Felipe Quintero,quien ratificó el compromiso del Gobierno y dijo que este ha quedado plasmado, entre otros, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Pacto Regional Amazónico, que establece prioridades para el desarrollo de dicha región.
Quintero explicó que se priorizó la protección de la Amazonia para frenar la deforestación y controlar la ampliación de la frontera agrícola. En este sentido, destacó la puesta en marcha del catastro multipropósito para garantizar la seguridad jurídica de las tierras y evitar que baldíos terminen en manos de particulares.
El río Amazonas atraviesa Perú, Colombia y Brasil. Es el más largo y el más caudaloso del mundo.
Juan Diego Buitrago cano / El Tiempo.
Igualmente, señaló que ya se han gestionado con cooperación internacional 40 millones de dólares para invertir en la protección del medioambiente.
En la audiencia por el Amazonas también intervinieron representantes de los ministerios de Ambiente, Agricultura y del Interior, quienes hablaron de un trabajo articulado para cumplir con las órdenes de la Corte.
Por ejemplo, el representante de la cartera de Ambiente dijo que ya se identificaron siete factores de deforestación, entre ellos la construcción de vías ilegales, el acaparamiento de tierras, la extracción ilícita de minerales, y sobre ese diagnóstico se han planteado líneas de acción.
No obstante, lamentó que los plazos impuestos por la Corte fueran tan cortos para articular un plan de acción que integrara 10 departamentos, 51 municipios y 22 corregimientos.
Según el delegado del Minambiente, para diciembre de este año se terminaría con la conceptualización del plan de acción y para el 2020 se realizaría la construcción participativa con las comunidades.
Enfatizó que el año pasado alcanzaron a construir un plan de acción que tiene cinco líneas estratégicas, pero que a petición de las comunidades y ante el trámite y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, tras el cambio de gobierno se debe actualizar.
La deforestación de la Amazonia –que pasó de 56.952 a 70.074 hectáreas entre 2015 y 2016
El Tiempo
Los funcionarios del Gobierno también mencionaron la firma de 365 acuerdos de conservación con comunidades de la región. Y el Ministerio del Interior destacó los planes de fortalecimiento de las autoridades indígenas como fórmula contra la deforestación.
El Minagricultura, por su parte, señaló que se activó una línea de crédito de Finagro para promover ganadería sostenible –ya hay 38 préstamos desembolsados– y evitar así que ese sector productivo deforeste.
Y aunque los funcionarios del Gobierno hicieron énfasis en los esfuerzos que se realizan para asegurar la participación de las comunidades en la toma de las decisiones, esa fue una de las quejas más escuchadas en la audiencia.
Fabio López, representante de las comunidades indígenas del Vaupés, pidió que se les brinde un espacio de participación y dijo que los talleres para el plan de acción desarrollados por el Gobierno no han llegado al territorio afectado. “La Amazonia no es solo árboles, la Amazonia es una cultura, un territorio, es un lugar especial”, afirmó López.
Una opinión con la que coincidió la Defensoría del Pueblo, que pidió abrir mayores espacios de participación ciudadana y señaló que “las comunidades requieren salidas efectivas para no seguir deforestando”.
A la salida de la primera jornada de rendición de cuentas sobre la protección del Amazonas colombiano, Laura Jiménez, una de las accionantes, aseguró que “el balance es triste y desolador”, y dijo que pocas entidades han intentado cumplir con el fallo. Según Jiménez, el Ministerio de Ambiente presentó un “borrador” del plan de acción, y criticó que aunque es cierto que la Corte solo dio cuatro meses para ese fin, ya han pasado 18 meses y aún no se ha cumplido.
Los representantes de los accionantes cuestionaron que el Ideam, que publicaba trimestralmente la información sobre las cifras de deforestación, no lo ha vuelto a hacer. Ante esto, el representante del Ministerio de Ambiente explicó que solo se ha publicado la cifra correspondiente a enero-marzo de este año. Sin embargo, los magistrados del tribunal oficiaron para que se les hagan llegar todos los informes del año.
Los magistrados también le pidieron al Ministerio de Hacienda precisar las partidas que el Gobierno ha destinado para cumplir con el histórico fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia, que se suma a otras decisiones sobre los ríos Atrato o Cauca.
Hoy continuará la audiencia de rendición de cuentas en el Tribunal Superior de Bogotá.
Mientras que las cifras del Ministerio de Ambiente reflejan una reducción de la deforestación en la Amazonia colombiana entre 2017 y 2018, expertos en el tema afirman que esa tendencia no necesariamente responde a la decisión de la Corte Suprema de declarar a esa región como sujeto de derechos.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, para el año 2018 la deforestación disminuyó en un 10 por ciento respecto al 2017, lo que significa que cerca de 23.000 hectáreas dejaron de ser arrasadas en el país.
En la Amazonia, específicamente, la deforestación disminuyó en 5.971 hectáreas, pasando de 144.147 hectáreas deforestadas a 138.176 en el 2018.
Algunas de las causas de la deforestación, según el Ministerio de Ambiente, son la siembra de cultivos de coca, las malas prácticas de ganadería extensiva, la extracción ilícita de minerales y madera y la construcción de vías no autorizadas por el Estado.
Para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, la reducción registrada en 2018 “es el comienzo de un gran esfuerzo integral del gobierno del presidente Duque en la implementación de políticas y acciones de legalidad y emprendimiento para alcanzar altos estándares de equidad en los territorios más afectados por esta problemática, con la presencia integral del Estado en todas las regiones”.
Pero al ser consultados por este diario, ambientalistas y académicos advierten sobre las dificultades que se enfrentan para proteger efectivamente la Amazonia colombiana como lo pidió la Corte.
Camilo Prieto, vocero del Movimiento Ambientalista Colombiano, dijo que la Amazonia sigue siendo una de las mayores regiones deforestadas del país, en donde se concentra el 70 por ciento del total.
Para Prieto, quien es escéptico sobre el efecto que la sentencia pueda tener en ese ecosistema, “la deforestación se está convirtiendo en la gran tragedia ambiental de Colombia”.
El experto considera que “la jurisprudencia que existe es insuficiente” y dice que la manera como se podría hacer efectiva la protección de la Amazonia “es estableciendo unos límites muy claros en la expansión de las actividades humanas en los bosques de la Amazonia”.
Prieto también considera necesaria la articulación entre los ministerios de Ambiente, Agricultura y Transporte para crear políticas que permitan reducir esa problemática.
Una opinión similar tiene Carlos Devia, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Javeriana, quien asegura que la decisión de la Corte es tan “solo un saludo a la bandera”.
“La parte legal existe, pero en términos prácticos hay ausencia para dar cumplimiento. Además, hay demasiados intereses en contra de esa decisión”, apunta el docente universitario.
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